26 de febrero de 2011
EDIFICIO MUNICIPAL
El Ayuntamiento a perdido tres casos en el asunto del Edificio Municipal con cuantiosos gastos de abogados y condenas en costas que superan los 100.000€

Y todo ello por culpa y capricho del ex concejal Ángel Macías que firmó un contrato nulo, según reconoce el propio PP, y del ex Alcalde Antonio Vázquez que impulso un procedimiento sobrevalorado en 24 millones. Los tres asuntos son los siguientes:

Cuando UFC interpone una demanda civil por incumplimiento de contrato firmado por el ex concejal Macías, el Ayuntamiento interpone una "demanda de reconvención", es decir, una demanda contra UFC, también en vía civil, ya que se entendía que la mercantil era conocedora de las irregularidades del contrato que firmó, y en consecuencia cómplice del quebranto económico para las arcas municipales. Se trataba, en definitiva de demandar a UFC también en vía civil al igual que la mercantil había demandado al Ayuntamiento. La demanda la perdió el Ayuntamiento y la Jueza del nº1 de Instrucción entendió que no había motivos para la reconvención, y además condenó al Ayuntamiento en costas por valor de 20.000 €. Caso perdido.

El Ayuntamiento recurrió ante la Audiencia la parte de la condena en costas ¡y le volvieron a condenar otra vez en costas! por insistir: 16.400 €. En Decreto 385 de 27 de enero de 2011 ordena pagar esta última cantidad. Si no quieres caldo toma dos tazas.

• Aunque la Jueza no vio motivos para que el Ayuntamiento demandará a UFC en vía civil, es un hecho que algunos meses más tarde "suspende" el proceso civil de UFC contra el Ayuntamiento hasta que el Juzgado de lo Contencioso se pronuncie sobre la validez del procedimiento del adjudicación y firma del contrato del Nuevo Edificio Municipal. Eso es lo que ha recurrido UFC ante la Audiencia Provincial y que ha ganado, estableciéndose ahora dos vías paralelas, como son la demanda civil por más de dos millones de € de UFC contra el Ayuntamiento, y que vuelve a estar viva sustentada exclusivamente en la firma del Sr. Macías, y el proceso contencioso para ver si se anula el procedimiento. Nuevo caso perdido por el Ayuntamiento.

Además de las cantidades señaladas para pago de costas (20.000 € más 16.400 €) hay que decir que el coste en abogados no es baladí. Para el asunto del pleito civil se contrató a un destacado miembro del Colegio de Abogados, que por cierto va perdiendo todos los juicios, y que cobrará una sustanciosa cantidad al determinarse los honorarios por la cuantía del juicio (bastante más, ahora, de 2 millones de €), ya que no se le hizo ningún tipo de contrato, y su designación fue a dedo.

Para hacernos una idea baste decir que este abogado por el pleito que perdió en el caso del Convenio para hacer el Plan de Urbanismo por la UVA de Valladolid con una cuantía del juicio igual a dicho Convenio, o sea 300.000 €, pasó una minuta de 31.000 €. En el asunto del Edificio Municipal en su parte civil puede pasar una minuta cercana que
fácilmente doblará esa cantidad.

El asunto contencioso lo lleva otro abogado de Valladolid, que si tuvo una cantidad determinada a través de un contrato menor: 17.400 €.

Por lo tanto, las cosas no están saliendo gratis al Ayuntamiento de Zamora. Pero hay que centrar los hechos: la vía civil de la indemnización a UFC la abrió exclusivamente el ex concejal Ángel Macías con la firma de un contrato ilegal, y de ello tendrá que dar cuentas él y el PP; en otras palabras: si no hubiera habido firma (ilegal) UFC no tendría ningún derecho a pedir indemnización.

La vía del contencioso la abre el Acuerdo del Pleno con la adjudicación a UFC con los votos del PP (IU votó en contra en solitario) y el impulso del ex Alcalde Antonio Vázquez.

La firma del contrato que el Concejal de Obras de ahora dice que fue nulo, o sea ilegal, es lo dio posibilidades a UFC de demandar al Ayuntamiento en vía civil. Esa firma y sus "porqués" es la clave de todo. El Ayuntamiento está pagando unas consecuencias que debería pagar de modo personal el Sr. Macías o el propio Partido Popular

17 de diciembre de 2010
EDIFICIO MUNICIPAL
Declaran en el juzgado los técnicos municipales para certificar la estafa política, social y económica que impuso la adjudicación a UFC del contrato del nuevo edificio municipal

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo ha llamado a prestar declaración en el día de hoy a técnicos municipales para que certifiquen lo que ya dijeron por escrito respecto a la lesividad que suponía la adjudicación y firma del contrato del Nuevo Edificio Municipal. No deja de ser una estampa paradójica que técnicos municipales tengan que decir en el Juzgado que el Equipo de Gobierno anterior se "extralimitó" defendiendo los intereses generales, y que en realidad la operación estaba desfasada a favor de la empresa UFC en un 50% con relación a los precios del mercado, o lo que es lo mismo, estaba sobrevalorada 24 millones de €.

Los técnicos municipales que declaran se comportaron siempre con corrección y con honradez profesional, informaron cuando les dijeron que informaran y hablaron alto y claro cuando se lo permitieron, es decir, (para desgracia del Ayuntamiento y vergüenza del anterior Alcalde) después de que se adjudicó la operación en Pleno a principios de febrero de 2006. Por lo tanto, que no venga ahora el Sr. Macías y el Sr. Vázquez diciendo que todos los informes eran favorables a la operación, puesto que quedó claro en el informe que se llevó al Juzgado de lo Contencioso (para intentar que se declare la lesividad) que en la adjudicación no existía informe económico, es decir, el expediente no contenía el informe esencial en una operación que era cien por cien económica.

Desde nuestro Grupo queremos agradecer públicamente a esos funcionarios su valentía y profesionalidad en este asunto. Pero es evidente que estos testimonios dejan claramente en evidencia al Partido Popular en su conjunto. La anulación tendrá un coste económico para el Ayuntamiento con la reclamación que UFC tiene contra el Ayuntamiento en el Juzgado de lo Civil. Esperemos que el Juzgado de lo Civil entienda (una vez que se anule en el Contencioso) que UFC tampoco era inocente, y si el Sr. Macías firmó un contrato ilegal, la empresa también debía saber que era ilegal.

Desde el Grupo de IU queremos llamar la atención que todavía sigue "viva" la querella del ex Teniente de Alcalde Ángel Macías contra el Concejal Francisco Guarido y contra toda la organización de IU representada por su Coordinador Santiago Fernández. Invitamos al Sr. Macías a que asista a la declaración de hoy que certificará la sobrevaloración en 24 millones de € que él firmó. Hace falta tener pocos escrúpulos para sostener que se le ha ofendido y calumniado por sacar a al luz los informes escritos que atestiguaban los desmanes políticos que se estaban cometiendo con la operación del edificio municipal. Es el mundo al revés, pero acabará enderezándose. IU cumplió un gran servicio a la ciudad y así lo entienden los zamoranos.

Una vez adjudicado el contrato en febrero de 2006, ¿alguien puede dudar que fue el Grupo de IU con el trabajo político realizado entre enero y mayo de 2007, sacando a luz informes claves, el que logró cambiar el rumbo y que ahora el contrato intente anularse en el Juzgado de lo Contencioso?

Extracto de un Informe

"Luego comparativamente, si se relacionan los dos calendarios de pagos referidos al momento, supondría una diferencia de la oferta presentada por la Empresa UFC, S.A. y la comparativa conforme a las condiciones del mercado de 24.524.870,09€, en perjuicio del Ayuntamiento. Esto equivaldría, después de utilizar las técnicas financieras homogeneizadoras del valor actualizado neto (VAN), de una diferencia de 8.684.574,66€, igualmente en detrimento de los intereses generales municipales."

El Grupo de IU manifiesta su plena confianza en el informe de los técnicos municipales que certificaban una sobrevaloración de 24 millones que suponía la mayor estafa de la historia del Ayuntamiento de Zamora. El perito de parte de UFC bastante ha hecho con mantener el tipo.

¿Puede el Sr. Vázquez seguir siendo Diputado Nacional después de protagonizar la operación más "nefasta para los intereses municipales" tal y como certifican ahora los funcionarios municipales??? Dimisión ¡ya!

20 de octubre de 2010
EDIFICIO MUNICIPAL
48 horas antes de la adjudicación a UFC del nuevo edificio municipal (el 2 de febrero de 2006), la técnico del Servicio de Patrimonio, y hoy portavoz de la Comisión Ejecutiva del Partido Popular, informó en contra

El día 30 de enero de 2006 la Técnico del Servicio de Patrimonio CLARA SAN DAMIÁN HERNÁNDEZ realizó un Informe en contra de la adjudicación. Sin embargo el Alcalde Antonio Vázquez y el Teniente de Alcalde Ángel Macías decidieron convocar ese mismo día la Mesa de Contratación para proponer adjudicar a UFC en las condiciones que establecía esta empresa contraviniendo el Pliego de Condiciones. Ese mismo día 30 de enero se convocaba el Pleno para el 2 de febrero y con los votos del PP se adjudicó el contrato para hacer un nuevo Edificio Municipal que venía a suponer, como se sabe, un pago de 52 millones de € por parte del Ayuntamiento durante 25 años.

Hasta ahora la cantinela que han tenido estos dos personajes era que todos los informes antes de la adjudicación eran favorables, y que sólo una vez que se realizó la adjudicación por el Pleno, es cuando comenzaron a realizarse informes contrarios que culminaron en el ya célebre informe que tasa una sobrevaloración de 24 millones de €, es decir, prácticamente el doble de lo que debía reflejar el contrato. Pero lo cierto es que no era así, y tanto Antonio Vázquez como Ángel Macías lo sabían.

Este Informe antes de la adjudicación, y los que se hicieron después de la adjudicación y de la firma del contrato, son claves para demostrar la lesividad ante el contencioso, y ya veremos lo que sucede en lo penal. Y demuestra que IU no sólo no ha calumniado ni injuriado a nadie, sino que fue absolutamente certero en sus crítica cuando afirmó que la adjudicación ponía en la balanza de UFC al menos tres millones de € extras.

El Informe de Clara San Damián es contrario a la adjudicación en los términos que proponía UFC y que incumplían el Pliego de Condiciones. El Informe de Clara San Damián es taxativo: “visto y analizado lo anteriormente expuesto, la técnico que suscribe concreta señalando, que, en relación con las cuestiones técnicas de la oferta no entra a hacer valoraciones entendiendo que compete a los Técnicos Municipales, y en relación al contrato propiamente dicho, en principio, la oferta presentada no acepta el Pliego en su totalidad, de manera que, si así lo entiende la Mesa de Contratación, se deberían negociar algunas de las cuestiones que no acepta y siempre que desde la Intervención Municipal, se entendieran viables desde el punto de vista económico en cuanto al negocio del arrendamiento con opción de compra” (el subrayado es nuestro) . Seguir negociando con la empresa ya que se trataba de un procedimiento negociado y si la empresa pretendía un beneficio económico adicional el Ayuntamiento debería contrarrestarlo con otras peticiones para establecer un equilibrio económico entre el Pliego y la Oferta.

¿Y qué era lo anteriormente expuesto por esta Técnico, en cuanto a las divergencias entre la oferta y el Pliego que tenía un calado económico y sobre el que tenía que pronunciarse el Interventor?. Lo siguiente:

1. La empresa deriva al Ayuntamiento los gastos e impuestos de elevar a público el contrato, así como el impuesto de plusvalía.

2. Excluye de la oferta los locales de C/ La Reina 6 y 8. Son unos 700 m2 y sabemos que UFC pagó otros locales para hacer el edificio a casi 6.000 € el m2.

3. Los gastos de seguridad de todo el edificio y durante los 25 años se derivan al Ayuntamiento. Estamos hablando de un edificio de 4.100 m2, con dos entradas, por C/ La Reina y C/ Ramón Álvarez. Calcúlense dos nóminas de guardias de seguridad de 20.000 €/año durante 25 años.

4. La empresa no incluye los gastos de calefacción de 4.100 m2 durante los 25 años.

5. Es verdad que a 30 de enero de 2006 este Informe no se dio cuenta de que tampoco incluía el IVA de la opción de compra, cosa que sí salió a relucir 4 meses después de la adjudicación, y que públicamente sacó a la luz IU, torciéndose a partir de entonces la operación. Suponía 1.600.000 €

Nuestro Grupo en el Pleno del 2 de febrero ya dijo que se estaban trasvasando ilegalmente más de 3 millones de € a UFC por las cláusulas del Pliego que no aceptaba y por los endosos que hacía al Ayuntamiento de calefacción, seguridad, no compra de locales, etc.

Pero lo que debe quedar muy claro es que antes de la adjudicación había un Informe en contra, y ese Informe era determinante. Y no se puede decir que la técnico no fuera afín a su partido ya que entonces era una destacada militante del Partido Popular. Lo cual le honra, ya que supo distinguir militancia y trabajo. Pero es incuestionable que una técnico afiliada al Partido Popular, y hoy nada menos que Portavoz de la Comisión Ejecutiva de este Partido, informó en contra.

¿Qué pretende el Sr. Macías con su querella? El sabrá. IU sólo ha sacado a la luz informes que han avalado la posición de nuestro Grupo desde el principio hasta el final. El contrato que firmó el Sr. Macías suponía un trasvase de dinero del Ayuntamiento a UFC en contra del Pliego de Condiciones. Quién firmó el contrato tuvo y tiene una responsabilidad tanto política, como administrativa y en su caso penal, que es lo IU ha pedido que investigue el Fiscal.

Ya no se trata sólo de los Informes de la Secretaría General (procedimiento irregular y falta de Informe Económico esencial en una operación de este tipo), del Jefe del Servicio de Hacienda (sobrevaloración económica de la operación al doble), del Interventor (“cambiazo” del Pliego), sino también del Informe de Patrimonio realizado por una militante del Partido Popular.

Los querellados irán a declarar ante el Juez por esta querella maliciosa y de claro tinte político con el convencimiento de que el Juzgado de lo contencioso anulará el contrato, y de que posteriormente la Fiscalía reabrirá de oficio la investigación con todos los pormenores de sus protagonistas que no son otros que Antonio Vázquez y Ángel Macías. Y que independientemente del resultado judicial de ambos procedimientos, IU tenía la obligación de denunciar públicamente una operación que consideraba negativa para la ciudad y el ayuntamiento, y que posteriormente ha sido reconocida como tal por todos los grupos políticos, hasta el punto de que la actual Alcaldesa, del PP, ha firmado el Contencioso para que se reconozca la lesividad del contrato. Por lo tanto IU ha hecho un trabajo responsable que ha tenido un beneficiario, el interés general.

Entendemos que tanto la querella de la Alcaldesa en su día, como la del exTeniente de Alcalde ahora, sólo buscan acallar la voz de IU que tantos trapos sucios les ha sacado. Actúan por venganza política contra IU. Pero IU sólo cumple y cumplirá en el futuro con sus obligaciones.

20 de octubre de 2010
EDIFICIO MUNICIPAL
La investigación de la Fiscalía más que archivarse se pospone hasta la resolución del contencioso interpuesto por el Ayuntamiento

Hay que recordar que el detonante para anular la adjudicación y el contrato fue LA ACTUACIÓN POLÍTICA DE IU: una moción en Pleno aceptada por todos.

Desde el punto de vista político y ciudadano, queremos resaltar desde IU de Zamora que LA DECLARACIÓN DE LESIVIDAD, en su caso, en el citado Contencioso, tras la declaración política de lesividad del actual Pleno Municipal, beneficiaría:

• En primer lugar y fundamentalmente a los ciudadanos de Zamora (en caso contrario deberían indemnizar a la empresa desde un Ayuntamiento con muchos problemas económicos).

• Y en segundo lugar, beneficiaría a la democracia y la legalidad de los procedimientos administrativos en las administraciones públicas.

Curiosamente, en este interés estamos todos los grupos municipales de acuerdo, la Alcaldesa, el PP, el PSOE, IU y adeiza, porque todos apoyamos la declaración de lesividad del contrato.

La lesividad en el contencioso es fundamental para saber si hubo además delito penal. Hay que recordar que los informes fundamentales para demandar la lesividad fueron encargados por la Alcaldesa después de triunfar la Moción de IU. El informe que habla de sobrevaloración, ilegalidad de la firma del contrato y falta de informe económico. La Alcaldesa, tal vez sólo por mandato del Pleno, e IU coinciden en la apreciación de ilegalidades en este asunto.

No podemos, pues entender la reacción de la Alcaldesa en el día de ayer. IU no “dice mentiras”. En este caso sólo dice lo que dicen los informes. Y esos informes los hemos llevado a la Fiscalía. Punto. La Fiscalía esperará al Contencioso. IU también. La Alcaldesa debería ser más moderada y no caer en contradicciones: los informes los encargó ella y son la base del contencioso firmado por ella.

El PP tiene una contradicción interna. IU está cumpliendo una obligación política y ciudadana

19 de octubre de 2010
EDIFICIO MUNICIPAL
El Fiscal Jefe de Zamora archiva por el momento la denuncia de IU y el Foro Ciudadano por el asunto del nuevo edificio municipal a la espera de ver los resultados y conclusiones del juzgado de lo contencioso

Siguiendo las determinaciones del Fiscal, IU solicitará la reapertura de la investigación en la fiscalía si se declara la lesividad del contrato inbterpuesto por la Alcaldesa

El Fiscal Jefe en un Decreto del 8 de octubre de 2010 y comunicado a todas las partes en el día de hoy, acuerda “el archivo de las diligencias, por no revestir en el momento actual los hechos denunciados caracteres de delito…”. Desde nuestro Grupo resaltamos el término “EN EL MOMENTO ACTUAL”.

Previamente el Fiscal dice que “de la lectura de los documentos presentados en las sucesivas denuncias, subyace la posible existencia de vulneración de normas del procedimiento administrativo entre las que destacan a efectos del tipo penal objeto de las presentes actuaciones las siguientes:

• Falta de trámite de informe económico (…)

• Firmar el contrato de fecha 6 de marzo de 2007 si respetarse formalmente la asistencia del Secretario en la formalización del contrato.”

Detectados los asuntos que podrían revestir relevancia penal, en su caso, la Fiscalía entiende que debe aplicarse “el principio de intervención mínima del ordenamiento penal”, aunque evidentemente no obvia que el asunto del Edificio Municipal está en estos momentos en cuanto a la petición del Ayuntamiento de anular la adjudicación y el contrato en manos del Juzgado de lo Contencioso Administrativo por lesividad declarada desde el punto de vista económico y jurídico.

En ese sentido dice y concluye “que no se trata de sustituir a la Jurisdicción Administrativa en su labor de control de la legalidad de la actuación de la Administración Pública, por la Jurisdicción Penal a través del delito de prevaricación, sino de sancionar supuestos límites, en los que la actuación administrativa no sólo es ilegal, sino además injusta y arbitraria” (el subrayado es original).

En efecto, una actuación administrativa puede ser ilegal, como claramente es gran parte de todo este proceso y sin duda admitido indirectamente por el Fiscal, sino que, además, se necesita que esa actuación ilegal tenga una vertiente de arbitrariedad. En ese sentido es muy significativo lo que a continuación dice el Fiscal: “y en el supuesto que nos ocupa, es uno de esos supuestos límites en los que el procedimiento de declaración de lesividad que se sigue ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Zamora, ayudará a determinar si se ha producido o no la lesividad invocada, ya que hasta el momento actual se puede deducir indiciariamente la ilegalidad de las resoluciones combatidas, pero en modo alguno el carácter de injusticia y arbitrariedad de las mismas, por lo que no concurren en el momento actual todos los elementos del tipo penal de prevaricación.”

Del Decreto del Fiscal pueden extraerse diversas conclusiones políticas por parte del Grupo Municipal de IU:

1. Indiciariamente se acredita -lo dice el propio Fiscal- la ilegalidad de las actuaciones denunciadas. No en vano dice que el Ayuntamiento ha declarado la lesividad económica y jurídica de la adjudicación y del contrato. Incluso llega a decir que “no podemos dudar de la gravedad que para la economía de un Ayuntamiento como el de Zamora, plantea un asunto como el que nos ocupa”.

2. La ilegalidad efectivamente existe y habrá de verse si los hechos acreditados de ilegalidades administrativas, a saber, que no haya informe económico y que se firmara ilegalmente el contrato, rebasan esos límites a los que alude la Fiscalía, cuestiones que podrían verse en el proceso Contencioso Administrativo. La cuestión a plantear es por qué no se ha esperado a que el Juzgado de lo Contencioso indague, investigue, llame a declarar, en su caso, instruya y resuelva, y así poder determinar si se han rebasado los límites que harían de las ilegalidades administrativas cuestiones de relevancia penal.

3. El Fiscal no ha querido esperar y por nuestra parte respetamos sus resoluciones, no sin antes resaltar que para una investigación completa hubiera sido más prudente esperar las conclusiones del Juzgado de lo Contencioso.

4. Desde el Grupo de IU a la vista de lo que resuelva el Juzgado de lo Contencioso nos reservamos en derecho de acudir en su caso de nuevo a la Fiscalía, aunque estamos seguros de que el mismo Fiscal tomará nota de lo que pueda resolver este Juzgado para reiniciar la investigación.

17 de julio de 2010
EDIFICIO MUNICIPAL
El Ayuntamiento sigue gastando dinero para intentar anular el contrato del edificio municipal

El Ayuntamiento ya ha realizado un contrato menor al abogado de Valladolid José Antonio Garrote Mestre por la cantidad de 17.400€ para acometer el asunto del Edificio Municipal en el Juzgado de lo Contencioso de Zamora.

En enero de 2010 se le encomendó la defensa, y es a mediados del mes junio cuando se le hace efectiva la cantidad de 17.400 € como gastos jurídicos.

Lo primero que tenemos que decir desde IU es que el Ayuntamiento tiene profesionales del derecho suficientes como para llevar este caso y no tener que gastar permanentemente dinero en abogados externos. ¿Acaso no se cubrió la plaza de Asesor Jurídico por libre designación hace aproximadamente un año? La mayoría de los casos se siguen contratando con abogados que pasan su minuta, y que, por cierto no, es nada desdeñable.

Lo segundo es poner otra vez de manifiesto la desvergüenza del ex Teniente de Alcalde que se querella contra los dirigentes de Izquierda Unida precisamente por sus errores e ilegalidades, como fue la firma del contrato. Esa firma, realizada en condiciones de ilegalidad es lo que da derechos a UFC (por eso pide al Ayuntamiento dos millones de indemnización) y por eso está en el Juzgado, donde se intenta declarar lesivo. Sin firma del Sr. Macías ahora el Ayuntamiento no se vería en esta tesitura gastando dinero y con la soga al cuello.

Llama la atención que el Diputado del PP y ex Alcalde de Zamora, que en definitiva era el autor intelectual de la operación firmada con una empresa implicada en la trama Gürtel, permanezca callado.


Texto del Informe del Secretario Municipal en el que alude a la ilegalidad de la firma
“Se firma el contrato privadamente sin asesoramiento jurídico alguno en este acto de firma y lo único que se lleva a cabo es la protocolización de ese contrato firmado ante un Notario de la plaza y en este acto de protocolización no se hace otra cosa que elevar a público un documento firmado sin ningún tipo de intervención legal sobre el contenido de lo firmado.”

9 de julio de 2010
EDIFICIO MUNICIPAL
La querella del Sr. Macias contra IU no es más que un alegato político y personal para hacer méritos ante los suyos

El Juzgado ha comunicado a IU la querella que el Sr. Macías ha interpuesto contra el Portavoz del Grupo Municipal de IU y el Coordinador de IU. Se nos ha citado para tomar declaración el 22 de octubre.

El Sr. Macías cae en una contradicción de entrada: pretende presentarse como una persona privada, que no ejerce responsabilidades públicas para, a renglón seguido, decir que presenta la querella ya que hemos menoscabado su reputación y eso le perjudica si un día quisiera volver a la política activa (¡).

Sobre este particular su querella, que desde IU la definimos como un alegato político y una utilización de la Justicia para su causa personal, dice lo siguiente:

1. En la actualidad (el Sr. Macías) no mantiene actividad política alguna, salvo ser afiliado del Partido Popular”. En consecuencia, dice que no tiene ninguna “condición política”

2. A renglón seguido dice que es Administrador de un despacho de abogados y administrador de dos sociedades de seguros y que las manifestaciones de IU le perjudican en ese despacho profesional.

3. Añade a continuación “las posibles trabas que todas esas ofensas (los comunicados de IU) pueden desencadenar para el supuesto de que mi patrocinado desee retomar su carrera política debido a las exigentes pautas de conducta reguladas en el Código de Buenas Prácticas del Partido Popular (…) y que para el caso de que el prestigio personal y público del Sr. Macías quedara en entredicho, conllevaría inexorablemente un impedimento para retomar, si así un día lo deseara, la carrera política.”

4. Se especifican algunos artículos de ese Código del Partido Popular, y en concreto dice, según se manifiesta en la querella, que “todos los cargos… en el Partido Popular,…absteniéndose de cualquier conducta que, aún siendo plenamente legal, pueda dañar la imagen u honorabilidad de la organización”, y además que “actuarán en el desempeño de sus cargos o funciones de acuerdo con los principios de transparencia, eficacia y austeridad”

El Sr. Macías no actúa de forma personal y en defensa de su honor como un ciudadano cualquiera. A pesar de que lo dice, también deja entrever que su acción judicial sirve para poder retomar (o pretenderlo algún día) su carrera política, ofreciendo al Presidente de su Partido el servicio político de haberse querellado contra el Grupo Político que más le ha sacado los colores a todo el Partido Popular, y al Sr. Macías en concreto en los años en los que estuvo en el Ayuntamiento.

En la querella se desgranan todos los cargos públicos que ejerció durante los doce años de liberado en el Ayuntamiento: responsable de “Economía y Hacienda, Régimen Interior y Organización Municipal, Obras, Fomento de la Actividad Económica, Turismo, Portavoz del Equipo de Gobierno, habiendo ejercido, además, dice, las Funciones de Secretario General de Nuevas Generaciones del Partido Popular, Vicesecretario General de Organización del PP en la provincia de Zamora y Miembro del Comité Ejecutivo Provincial y de la Junta Directiva Regional, abarcando su responsabilidad actuaciones en cada uno de los pueblos de la meritada provincia”

Presentadas por él mismo las cosas y teniendo en cuenta que la crítica de IU se circunscribe al proceso de contratación del Edificio Municipal que comienza en el año 2005, y que actualmente está vivo al intentar anular sus propios compañeros de partido el contrato firmado por el Sr. Macías, queda acreditado que IU no hizo crítica de una persona particular que en los últimos años ya no es concejal, sino del que fue un cargo público y que sus acciones siguen desplegando efectos jurídicos y políticos al día de hoy, sujeto a la discrepancia política y a la crítica pública, sustentada esta discrepancia en el propio concepto de la democracia en la Constitución Española.

Si actualmente el tema está vivo en el Juzgado de lo Contencioso, en el Juzgado de lo Civil y en la Fiscalía, el ex Teniente de Alcalde en cuanto que lo fue durante 12 años, debe estar sujeto a la crítica de los Grupos de Oposición aunque coincida que es administrador de un despacho de abogados y administrador de dos compañías de seguros.

Dicho lo anterior, el propio Sr. Macías presenta su querella como un verdadero alegato político contra toda la organización de Izquierda Unida. En el punto quinto de la querella habla nada menos que del “OPORTUNISMO POLÍTICO” de los querellados. ¿Pero no había dicho que las injurias y calumnias eran precisamente porque le perjudicábamos en su profesión de abogado y administrador de seguros? La reproducción del punto quinto de su querella es la siguiente

Quinto. Sobre el Oportunismo Político de los querellados.

Entiende esta parte necesario denunciar la “doble lectura” que se desprende de la indigna estrategia urdida por los querellados, por cuanto que de un lado, y de “cara a la galería”, los querellados se han mostrado ante su electorado (-¡y restante sociedad zamorana!-), como los únicos defensores de la legalidad y principales depositarios (-como políticos y/o agrupación política-) de la conciencia política de la provincia de Zamora, todo ello con la única pretensión de obtener, gracias a tanta publicidad y acusación, obtener, digo, más votos y adeptos a su causa política, en resumen, el recurrente OPORTUNISMO POLÍTICO de turno.

Y de otro lado, han pretendido a través de la difamación y mentira gratuita, desbancar de la esfera social y política a uno de los personajes que han tenido más representación social y peso político en la provincia, el Sr. Macías”.

Es decir, un alegato político contra IU, que nosotros entendemos desde las filas del PP, pero que invalidan su acción en los Juzgados y deja clara su utilización para intentar golpear a dirigentes de IU y hacer méritos ante su previsible vuelta a la arena política.

Lo que parece ignorar el Sr. Macías son los informes que le dejan fuera de juego. Informes encargados por sus compañeros de partido después de aprobarse en Pleno la Moción de IU para anular el contrato. Lo único que acompaña, además de los recortes de prensa donde se recogen los comunicados de IU, es el informe del Consejo Consultivo que no dice ni fu ni fa. Ha sacado también los comunicados de IU sobre el edificio municipal en la notaria precisamente del Sr. Notario que elevó a público el contrato firmado privadamente entre el Sr. Macías y UFC. No tiene más importancia, ya que nuestros comunicados son públicos, pero, hombre, podía haber ido a otro notario…

Tendrá ocasión de leer los informes de los técnicos que sobre su actuación particular, insistimos, sólo sobre lo que se refiere al Sr. Macías, y muy especialmente sobre la firma del contrato, dicen lo siguiente:

1. Informe del Secretario General del Ayuntamiento de Zamora de fecha 29 de enero de 2007. “Este Secretario General, por razones jurídicas ha venido desaconsejando su firma, tanto personalmente al Sr. Alcalde, como a los Concejales Delegados en la materia (Sr. Macías Salvador y Sr. Martín Carbajo)”

2. El 5 de marzo de 2007, y a pesar de las advertencias del Secretario General se dicta Decreto del Alcalde Antonio Vázquez para la firma del contrato sobre el Sr. Macías Salvador para que lo firme ante el notario de la Plaza D. Juan Francisco Jiménez”. El subrayado es nuestro ya que tendrá importancia capital en los hechos que se suceden.

3. Que el 6 de marzo de 2007 se firma el contrato de arrendamiento con opción de compra y el notario habla en la Escritura de un mero “documento privado que se eleva a público” y sobre el que los técnicos se pronuncian posteriormente.

4. Informe del Interventor General del Ayuntamiento de 22 de junio de 2008. “El contrato privado firmado por D. Ángel Macías Salvador con el representante de la empresa UFC incurriría en vicios de nulidad absoluta al haber sido firmado por órgano manifiestamente incompetente, al no ejecutar el acto administrativo acordado por el Exmo. Ayuntamiento de Zamora, sino un inexistente acto posterior de renegociación de términos (…) no subsanable por la protocolización ante fedatario público (…). Lisa y llanamente habla de nulidad de pleno derecho

5. Informe del Secretario General del Ayuntamiento de 11 de enero de 2010 en el apartado que analiza el contrato firmado por el Sr. Macías y UFC dice los siguiente:

* CONTRATO FIRMADO EL 6 DE MARZO DE 2007 SIN ESTAR PERFECCIONADO EL ACTO ADMINISTRATIVO DE 2 DE FEBRERO DE 2006.

El contrato se firma:

Por el Sr. Alcalde en la persona del Primer Teniente de Alcalde, pues el segundo actúa por delegación del primero.

Por la empresa UFC S.A. que conocía previamente, así se reconoce en el escrito de 23 de febrero de 2007, que el Secretario del Ayuntamiento lo desaconsejaba, porque el acto de adjudicación debía perfeccionarse, como se acredita en el hecho “PRIMERO” y “SEGUNDO”; porque la firma generaba consecuencias que sin ésta, no podían desplegarse (entre otras, cláusula 4ª del pliego): licencias, proyectos, acceso a la jurisdicción civil, exclusión de la jurisdicción contencioso-administrativa. En el supuesto de no haberse firmado el contrato, se podría haber obligado al Ayuntamiento por la jurisdicción contencioso-administrativa, pero en ningún caso en la vía civil. Y con la firma del contrato, la empresa lo que ha hecho es demandar al Ayuntamiento en vía civil, solicitar daños y perjuicios en vía civil, e impedir la defensa municipal alegando las razones en las que se fundamenta el contrato, que son de carácter administrativo, pero que, por la separación jurisdiccional, el juez civil sólo analiza a partir de esta firma. Y de hecho, el Ayuntamiento de Zamora, en los días inmediatamente anteriores, ha sido condenado al pago de gastos judiciales por introducir en vía civil una demanda reconvencional en los que, para analizar el contrato, se hacía imprescindible analizar las motivaciones en las que se basaba el mismo.

CONTRATO FIRMADO SIN FE PÚBLICA QUE IMPLICA SIN ASESORAMIENTO JURÍDICO.

(…) se firma el contrato privadamente sin asesoramiento jurídico alguno en este acto de firma y lo único que se lleva a cabo es la protocolización de ese contrato firmado ante un Notario de la plaza y en este acto de protocolización no se hace otra cosa que elevar a público un documento firmado sin ningún tipo de intervención legal sobre el contenido de lo firmado.”

6. Llegados a este punto los informes que sirven de base para instar al Juzgado de lo Contencioso a anulación del contrato concluyen que la operación resulta nefasta para los intereses municipales, representando una pésima opción para estos intereses y evaluando la sobrevaloración en “24 millones de €”

Los informes dicen que el acto de firma del Sr. Macías fue claramente ilegal y que esa firma posibilita la demanda de UFC en vía civil por la que solicita 2 millones de € de indemnización aparte de la ejecución del contrato valorado en 52 millones. La propia suspensión de efectos en estos momentos del contrato con UFC, en vigor mientras un Juzgado no lo anule, en la vía contenciosa, tal y como han solicitado los correligionarios del Sr. Macías en el Ayuntamiento de Zamora, demuestra el despliegue de efectos económicos de la mera firma ilegal de ese contrato.

Y ante ello, ¿qué ha hecho IU?: informar públicamente sobre el contenido de los informes técnicos que hablan de la nefasta operación del Sr. Macías, debido a su relevancia social, y solicitar al Fiscal una investigación que ha sido admitida a trámite.

En consecuencia IU considera que la querella del Sr. Macías es:

  • Un mero alegato político y personal que utiliza los Juzgados para intentar un lavado de imagen y poder volver un día a la carrera política tal y como él lo dice, y de paso intentar ayudar a su partido.

  • Un intento de anular la crítica política, que es la base de la democracia, y de los adversarios políticos que han dado luz y taquígrafos al asunto del edificio municipal. De hecho critica en la querella la “estrategia política urdida por los querellados” que, evidentemente, aunque no sea de su agrado, es una estrategia totalmente legítima en una sociedad democrática.

  • Todos y cada uno de los hechos puestos sobre la mesa por IU en este asunto están avalados por informes técnicos. En la crítica política IU siempre ha hablado de presunta prevaricación, como es lógico en un estado de derecho, y así se lo hemos transmitido a la Fiscalía que abrió de forma inmediata una investigación.

  • El Sr. Macías ha sido y es un personaje público en todo lo que tiene que ver con su actuación municipal, ya que sus acciones de entonces siguen desplegando efectos a día de hoy.

  • Pero es más, el Sr. Macías se querella por injurias y calumnias por haber dicho desde IU que había cometido una presunta prevaricación en el tema del edificio municipal, cuando en los plenos celebrados en el Ayuntamiento de Zamora, reiteradamente el Grupo del PSOE ha hablado también, y sin ambages, de delitos de prevaricación, lo que pone de manifiesto que el Sr. Macías y el Partido Popular son los que están claramente urdiendo una estrategia de aniquilación del Grupo de IU por la vía de las querellas y de utilización maliciosa de los Juzgados.

El fondo del asunto del Edificio Municipal estamos seguros que lo investigara el Fiscal teniendo en cuenta las conclusiones de la causa que ahora se ve en el Juzgado de lo Contencioso.

En esta querella no se dirime la investigación del fondo del asunto, sino si IU difamó y calumnió por sacar a la luz hechos, datos, y cuestiones relevantes que provocaron que todos los Grupos aceptaran una Moción Política presentada en septiembre de de 2007 por nuestro Grupo y a partir de ahí se configuraran los informes que concluyeron que se firmó por el Sr. Macías una operación sobrevalorada 24 millones de € y que la firma fue un acto ilegal. Y eso, precisamente eso, el contrato, es lo que ahora sus compañeros de partido pretenden anular.

Después de estos hechos y circunstancias narrados por IU no deja de ser alarmante que el Sr. Macías esgrimiendo el art. 205 del Código Penal solicite para el Coordinador de IU y para el Portavoz de IU en el Ayuntamiento de Zamora “delitos de calumnias” penados con prisión entre 6 meses y dos años, y solicite además una fianza provisional de 12.000 € a los dirigentes de IU.

El Sr. Macías tiene un “delirio político” que en nada ayuda, sino al contrario, al que pretende ayudar, es decir, al Presidente de su Partido. Es evidente que IU no ha actuado nunca contra el Sr. Macías sino contra una decisión del PP en el Ayuntamiento, de la que puede que ni siquiera sea él el máximo responsable aunque haya sido el brazo ejecutor.

5 de mayo de 2010
EDIFICIO MUNICIPAL
Cayo Lara apoya expresamente la actuación de Guarido y Vecilla

Desde Izquierda Unida Federal queremos mostrar nuestro más sincero y decidido apoyo a los compañeros Francisco Guarido y Santiago Vecilla, de IU en Zamora, ante el ataque del que vienen siendo objeto por parte de miembros del Partido Popular de esa ciudad. Estos ataques, materializados en forma de querella por injurias a raíz de la denuncia que presentaron Guarido y Vecilla ante la Fiscalía, por una presunta estafa con motivo de la construcción del Edificio Municipal que se iba a realizar en dicha ciudad.

La denuncia esta siendo investigada por la Fiscalía, al entender que la aprobación de la citada construcción, además de ser muy lesiva para los intereses de la ciudad, fue realizada mediante un contrato presuntamente ilegal, sin asesoramiento y con ocultación de información sobre el coste real del proyecto a los miembros de los grupos municipales. Tal es así que la alcaldesa actual, Rosa Valdeón, ha denunciado el contrato con el fin de anularlo.

Los tentáculos de la trama Gürtel, han llegado también a Zamora. La empresa UFC, constructora del empresario José Luis Ulibarri imputado en la presunta trama de corrupción, fue la que culminó finalmente el negocio, garantizándose un contrato de 52 millones de euros con un ayuntamiento gobernado por el PP y un sobrecoste de cerca del 50%.

Llueve sobre mojado, no es la primera querella que se interpone contra miembros de Izquierda Unida, sencillamente, por cumplir con su deber cívico de denunciar aquellas operaciones de cualquier tipo, y en especial las urbanísticas, que son lesivas para el conjunto de la sociedad. La transparencia y la ética se hacen imprescindibles en un estado de derecho que se precie. Las prácticas corruptas han de ser perseguidas y castigadas hasta su definitiva erradicación.

Que sepan los amedrentadores, que los compañeros Francisco Guarido y Santiago Vecilla, cuentan con la solidaridad y respaldo de toda Izquierda Unida. Mantener la coherencia, la honestidad y la ética en la política son valores irrenunciables que forman parte de la identidad de nuestra organización en estos tiempos en los que algunos degradan la vida pública.

Un abrazo fraternal

Cayo Lara Moya. Coordinador Federal de Izquierda Unida

4 de mayo de 2010
EDIFICIO MUNICIPAL
Izquierda Unida no se concilia con el PP

Lo que los zamoranos quieren es que se investigue hasta el final lo que hay detrás de la adjudicación y contrato firmado con UFC

AL JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 3 ZAMORA

Dª. MARIA TERESA MESONERO HERRERO en nombre u representación de D. FRANCISCO GUARIDO VIÑUELA y D. SANTIAGO FERNADEZ VECILLA, y bajo la dirección letrada de D. PATRICIO ALONSO RODRIGUEZ, letrado del Ilustre Colegio Provincial de Zamora, con nº 1034, en el procedimiento de conciliación 138/2010, promovido por D. ANGEL MACIAS SALVADOR, ante el juzgado comparezco y como mejor proceda en derecho DIGO;

Habiendo recibido providencia y con ella traslado del escrito de conciliación planteada de contrario venimos a manifestar nuestra desacuerdo con lo planteado en dicho escrito y por lo tanto en sus conclusiones en base en las siguientes;

PRIMERO. Conocido el escrito de D. Ángel Macías Salvador de 11 de febrero de 2010 pretendiendo un acto de conciliación al creer “menoscaba su imagen, fama y reputación” por las declaraciones de cargos públicos y orgánicos de la Coalición Izquierda Unida de Zamora, derivados del proceso de adjudicación y firma de contrato por parte del Ayuntamiento para hacer un Edificio de Oficinas Municipales, y asegurando que “es radicalmente falso todo lo especulado y publicado por el Sr. Guarido y el resto de responsables del partido político de Izquierda Unida de Zamora” ,planteamos claramente nuestro desacuerdo en el análisis de menoscabo de su imagen por cuanto todo esta establecido y desarrollado en un contexto político amparado por la libertad de expresión.

SEGUNDO. Por lo tanto nos ratificamos en todos y cada uno de los comunicados que ha emitido Izquierda Unida de Zamora sobre el hecho en cuestión y que figuran en su web www.iuzamora.es como información pública a los zamoranos.

TERCERO. Nada tenemos que decir sobre las consideraciones que realiza sobre diversos titulares de prensa escrita, referidos a los periódicos El Norte de Castilla, La Opinión de Zamora, el Mundo y El Plural.com. Para que se entienda bien, y como ejemplo: en su consideración nº 17 dice “que asimismo, ¿no es cierto que usted/es como el /los representantes del grupo Izquierda Unida han sido responsables de que el día 24 de enero de 2010 en la web elplural.com apareciera que “Las supuestas irregularidades las habrían cometido el anterior alcalde y su teniente de Alcalde, Antonio Vázquez y Ángel Macías”? La respuesta es sencilla, ni Santiago Fernández Vecilla como Coordinador Provincial de IU ni Francisco Guarido Viñuela como Concejal, hacen los titulares y desarrollos de las noticias de periódico, cosa que evidentemente la realizan los periodistas y el Director. En consecuencia remitimos a quien se considera con menoscabo de su fama, imagen y reputación a nuestros comunicados, propuestas y escritos registrados en el Ayuntamiento de Zamora sobre el proceso de adjudicación y firma del referido contrato, que asumimos en su total integridad. En todo caso sí decimos que las noticias de prensa y titulares de los periódicos citado sobre el hecho referido han sido ajustado a lo manifestado por Izquierda Unida de Zamora.

CUARTO. Nos parece una falta de respeto a la participación ciudadana en los debates políticos, económicos y sociales, su consideración nº 16, identificando al FORO CIUDADANO DE ZAMORA con “personas afiliadas o cercanas a Izquierda Unida”. El Foro Ciudadano, según se conoce por la prensa, interpuso ante el Fiscal denuncia por los hechos públicos y documentados con informes que constan en actas de plenos municipales referidos a la adjudicación y contrato mencionado del Edificio Municipal. Izquierda Unida nada tiene que ver con el Foro Ciudadano más allá de la inquietud que las dos organizaciones tienen por la transparencia de las instituciones y por la participación ciudadana en los asuntos públicos

QUINTO. Todos y cada uno de los hechos que menciona D. Ángel Macías en su escrito y por los que se siente menoscabado en su imagen, fama y reputación, están avalados por informes municipales que quizás desconozca al no ser ya concejal del Ayuntamiento. De hecho en su papeleta de conciliación acompaña fragmentos de los informes que Izquierda Unida ha colocado en su web en el ánimo de informar a los ciudadanos. Nuestro Grupo se compromete, si lo desea, a entregarle copia de todos los informes que se han hecho por técnicos después de su salida del Ayuntamiento, a saber, informes de la Intervención, del Jefe del Servicio de Hacienda, del Servicio de Contratación, del Servicio de Patrimonio y el informe final y definitivo del Secretario del Ayuntamiento de Zamora, todos ellos realizados a finales de 2009 y principios de 2010.

SEXTO. Sobre aspectos concretos que plantea en sus 16 puntos y por los que se siente menoscabado en su imagen, fama y reputación hemos de señalarle, transcribiendo parte de los informes técnicos, lo siguiente:

• Que la lesividad del proceso de adjudicación y de la firma del contrato fue acordada por todos los Grupos Municipales incluido el Equipo de Gobierno y el Partido Popular del que forma parte el Sr. Macías.

“La oferta presentada en enero de 2006 por la empresa UFC S.A. y el acuerdo plenario de 2 de febrero de 2006, al igual que el contrato de marzo de 2007, deben considerarse lesivos para el interés público en lesividad jurídica y lesividad económica”

• Que la “notable sobrevaloración del suelo” en los que se pretendía edificar las nuevas oficinas, es una conclusión del abogado contratado por la Alcaldía para defender al Ayuntamiento en el pleito civil que mantiene la Institución con la adjudicataria UFC. Tenemos derecho a sacar conclusiones políticas de por qué se sobrevaloró y solicitar una investigación.

“Es evidente que los inmuebles -todos- están sobrevalorados, habiéndose pagado por ellos un precio notablemente superior al del mercado” (informe del abogado del Ayuntamiento ante la demanda de UFC)

• Que hubo posible sustitución de varias hojas del Pliego de Condiciones, y en concreto las que afectaban a la cláusula de revisión de precios que se aumentó al doble de lo inicialmente previsto, lo dice la Intervención Municipal. Nos parece un hecho grave que debe ser investigado.

“Del propio Informe de Fiscalización emitido se desprende que las condiciones que se sometieron a fiscalización no coinciden con las que figuran en el expediente en lo relativo a la revisión anual de precios…las mencionadas páginas 2 a 18 fueron sustituidas en algún momento posterior a la fiscalización previo al acuerdo plenario…”

• Que la operación que inicialmente estaba prevista con la mercantil Remesal y Salas en un precio de 28 millones a pagar en 25 años y que acabó cifrándose en el transcurso de los meses en 52, y que, en consecuencia, estaba sobrevalorada en 24 millones con relación al precio del mercado, lo dicen los funcionarios, que lo llega a calificar, incluso, de “nefasto para los intereses municipales”.

“Luego comparativamente, si se relacionan los dos calendarios de pagos referidos al momento, supondría una diferencia de la oferta presentada por la Empresa UFC , S.A. y la comparativa conforme a las condiciones del mercado de 24.524.870,09€, en perjuicio del Ayuntamiento. Esto equivaldría, después de utilizar las técnicas financieras homogeneizadoras del valor actualizado neto (VAN), de una diferencia de 8.684.574,66€, igualmente en detrimento de los intereses generales municipales.”

• Que el expediente estaba “disperso” y que no era conocido en su totalidad por quien debía custodiarlo lo dice el Secretario del Ayuntamiento; quién además pone de manifiesto que faltaba, para que el expediente estuviera completo antes de la adjudicación, un Informe Económico y que el Arquitecto Municipal lo advirtió en su informe de valoración del suelo, ocultando el Alcalde al Pleno esa consideración que sólo puso en el expediente una vez adjudicado en pleno el contrato.

“Pero la realidad es que, producto de la negociación, el Sr. Alcalde y el Sr. Macías con la empresa, van cambiando estos escenarios producto de la esencia de toda negociación, sin que esta información global e integral le llegue a ninguno de los técnicos que están trabajando (cada uno en su parcela) el Arquitecto, el Interventor o la primera Jefe del Servicio de Patrimonio que en ese momento también lo era de Contratación. Y esto mismo se puede predicar de los señores Concejales del Pleno municipal.”

“Y este informe (el del Arquitecto, afirmando que no hay informe económico) no consta en el expediente, y no se conoce por el Pleno ni por los Técnicos que informan, y así se acredita fehacientemente por los Técnicos de Patrimonio y Contratación (folios 253 y 259).

• Sobre la firma del contrato se dice por la Intervención Municipal que se hace por órgano manifiestamente incompetente atendiendo al Decreto de delegación de firma sobre el Sr. Macías, y que se firmó “privadamente” y que después se limitó a protocolizarlo ante notario. El Informe del Secretario es contundente: el funcionario municipal desaconseja la firma en enero de 2007, y se niega a estar presente en el caso de que se pretenda seguir con la intención de firma, ofreciendo la posibilidad de firmar ante notario para velar por la legalidad del acto. En definitiva, dice, se puede prescindir del Secretario Municipal en la firma de un contrato, pero no de sus funciones que debía, en este caso, asumir el notario y no lo hizo al firmar empresa y representante municipal “privadamente”.

“Se firma el contrato privadamente sin asesoramiento jurídico alguno en este acto de firma y lo único que se lleva a cabo es la protocolización de ese contrato firmado ante un Notario de la plaza y en este acto de protocolización no se hace otra cosa que elevar a público un documento firmado sin ningún tipo de intervención legal sobre el contenido de lo firmado.”

• La firma del contrato en esas condiciones da derechos a la empresa UFC, según el Informe del Secretario, que demanda al Ayuntamiento ahora 2 millones de € por incumplimiento de contrato y además pretende la ejecución completa del mismo.

“En el supuesto de no haberse firmado el contrato, se podría haber obligado al Ayuntamiento por la jurisdicción contencioso-administrativa, pero en ningún caso en la vía civil. Y con la firma del contrato, la empresa lo que ha hecho es demandar al Ayuntamiento en vía civil, solicitar daños y perjuicios en vía civil, e impedir la defensa municipal alegando las razones en las que se fundamenta el contrato, que son de carácter administrativo, pero que, por la separación jurisdiccional, el juez civil sólo analiza a partir de esta firma.”

SEPTIMO. Por resumir, se adjudica un contrato con un expediente incompleto; siendo fundamental un informe del Arquitecto realizado con anterioridad a la adjudicación en febrero de 2006 en el que manifiesta que no existe informe económico, ocultando el Alcalde ese informe y afirmando ahora los técnicos municipales que de haberse conocido “probablemente el pleno no hubiera procedido a la adjudicación”; posteriormente el Secretario del Ayuntamiento desaconseja la firma del contrato, y aún así se hace sin su presencia y sin la garantía de quien debía velar por el cumplimiento de las funciones del funcionario (el notario); se añade el hecho de la sobrevaloración del suelo y del vuelo en cantidades que provocan verdadera alarma social; y, en consecuencia, nuestro Grupo entiende que su obligación es llevar todos estos hechos a la Fiscalía para su investigación.

OCTAVO. Después del anterior relato de hechos IU solicita, como hemos dicho, una investigación a la Fiscalía en un escrito moderado y equilibrado en sus términos que en absoluto menoscaba la imagen, fama y reputación del aludido. Es más, D. Ángel Macías en las ocasiones que cita la palabra prevaricación dichas por responsables de Izquierda Unida, antepone la palabra “presunta”, como no puede ser de otra manera, al pedir un proceso de investigación. Con relación a la petición de investigación de los patrimonios del ex Alcalde Antonio Vázquez y del Teniente de Alcalde Ángel Macías tiene su razón de ser al decir expresamente el Informe del Secretario que eran los que “directamente negociaron las condiciones con la empresa”, y al reconocer ahora el Equipo de Gobierno una “notable sobrevaloración de locales y suelo” y del propio vuelo, al estimar una sobrevaloración de la operación en 24 millones de €.

NOVENO. En definitiva, nuestro Grupo ha pretendido con los comunicado y propuestas realizadas en el Ayuntamiento una labor de información a los ciudadanos sobre unos hechos que tenían y tienen una relevancia pública y que además están creando una gran alarma social, entendiendo que Izquierda tiene una labor política que cumplir tanto en las Instituciones como ante la sociedad; y con los escritos de denuncia en la Fiscalía entendemos que hemos cumplido con nuestra obligación como concejales y responsables orgánicos de un partido político que lucha por democracia y transparencia en las instituciones. Nuestro objetivo como concejales y cargos de IU ha sido informar sobre los datos de los informes técnicos y realizar nuestro trabajo político, que por otra parte es una obligación. En ningún momento ha habido ánimo de injuriar y de calumniar, sino de informar y valorar desde nuestro Grupo datos e informaciones completamente contrastadas al día de hoy. Eso sí, entendemos que el Sr. Macías puede haber sentido su fama, imagen y reputación menoscabada, pero no por causa de los comunicados del IU que sólo comunicaron datos de gran relevancia pública, sino por sus acciones con relación al proceso de adjudicación del nuevo edificio y firma del contrato. Su fama, imagen y reputación pueden haberse resentido muy especialmente desde el momento en que se conoce que el Decreto de delegación de firma dice expresamente que el contrato se firmará “ante notario” que debería velar por el cumplimiento de la Ley , y no se hizo así según los técnicos municipales, se firmó “privadamente” y después simplemente se elevó a público. Y nítidamente esta es la causa de la reclamación en vía civil por UFC de 2 millones de € al Ayuntamiento de Zamora.

Es cuanto tenemos que decir al Juzgado entendiendo que con este acto de conciliación pudiera pretenderse acallar una voz política, que juzga y valora políticamente una situación, como es el proceso de adjudicación de un Edificio de Oficinas Municipales y el contrato firmado. Lo hemos hecho con prudencia moderación y aportando a la Fiscalía todos los informes contundentes sobre esta cuestión, que son los que nos hacen pensar en la posibilidad de una investigación penal como hubiera concluido cualquier persona razonable al ver los hechos.

Quien pudiera sentirse no ya menoscabada en su imagen, sino acosada en su legítimo derecho a opinar sobre hechos contrastados es la propia Izquierda Unida, quien también se reserva el derecho de actuar judicialmente sobre las personas que pretendan cercenar el derecho de los partidos políticos recogidos en la Constitución y normativa de desarrollo.

DECIMO. Nos queremos referir claramente a los principios en los que se ha basado el trabajo de los demandados que han estados amparados por la libertad de expresión y la libertad de acción política de la oposición, que en un contexto de disputa política se plantean situaciones puestas en el debate político y siempre amparados por la puesta ante las autoridades judiciales de cualquier duda que hubiera.

Queremos hacer referencia a doctrina y jurisprudencia referida a la libertad de expresión y el derecho al honor que nos aclara bastante.

Como dice Soraya Callejo Carrion en su Libro Derecho al Honor, nos dice “Ante de entrar de lleno en el conflicto entre estos derechos, recordar que en la configuración conceptual de las libertades reflejadas en el Art. 20.1.a) y d) de la CE (libertad de expresión y de información), hemos de partir necesariamente de un nexo común cual es el de su catalogación por el TC con una doble significación, de un lado, como derechos de libertad, manifestaciones genuinas de la libertad que con carácter general y como valor superior del ordenamiento jurídico señala el Art. 1 de la CE, y de otro, como garantía institucional esencial por cuanto contribuyen a la formación de la opinión pública libre. Así lo ha reconocido la STC 12/1982, de 31 de marzo.”

“…TRIBUNAL CONSTITUCIONAL sobre el conflicto latente entre todos estos derechos fundamentales. En el intento no podemos obviar el estudio de una sentencia, se trata de la STC 105/1990, de 6 de junio (Caso José Maria García), de la que puede decirse, para empezar, que marca un antes y un después en la jurisprudencia de este tribunal en lo atinente al tema que nos ocupa, pues determina el inicio de una etapa en la que prevalece el derecho a la información por encima del honor, a diferencia de épocas anteriores en las que se había demostrado una prelación a favor del honor en detrimento de la información y la expresión.”

“Las personas públicas, que ejercen funciones públicas han de soportar como inherente al cargo que ocupan, la posible afectación de sus derechos como consecuencia de informaciones de interés general, dentro de los debidos límites, es decir, sin alcanzar a su esfera eminentemente personal. Por otro lado los personajes de notoriedad pública, famosos, también ven debilitada su protección, excepto en lo espacios reservados para su intimidad.” Comentarios al código Penal, difusión jurídica y temas de actualidad

“Según reiterada doctrina constitucional, las libertades del art. 20 CE no sólo son derechos fundamentales de cada ciudadano, sino también condición de existencia de la opinión pública libre, indisolublemente unida al pluralismo político, que es un valor fundamental y requisito de funcionamiento del Estado democrático. Esta excepcional trascendencia otorga a las expresadas libertades un valor de derecho prevalente sobre los derechos de la personalidad garantizados por el art. 18.1 CE, en los que no concurre esa dimensión de garantía de la opinión pública libre y del principio de legitimidad democrática. Tal valor preferente, sin embargo, no puede configurarse como absoluto, puesto que, si viene reconocido como fundamento de la opinión pública, solamente puede legitimar las informaciones que impliquen una intromisión en otros derechos fundamentales cuando tales informaciones guarden congruencia con esa finalidad, es decir, cuando resulten relevantes para la formación de la opinión pública sobre asuntos de interés general y no lleven la intromisión en la intimidad o el honor de otros más allá de lo necesario para alcanzar esa finalidad. De ello se deriva que la legitimidad de las intromisiones en él honor e intimidad personal requiere, no sólo que la información cumpla la condición de la veracidad, sino también que su contenido se desenvuelva en el marco del interés general del asunto al que se refiere, puesto que, de otra forma, el derecho de, información se convertiría en una cobertura formal para, excediendo del discurso público en el que debe desenvolverse, atentar sin límite alguno y con abuso de derecho al honor y a la intimidad de las personas, con afirmaciones, expresiones o valoraciones que resulten injustificadas por carecer de valor alguno en relación con el interés general del asunto. El efecto legitimador del derecho de información, que se deriva de su valor preferente, requiere, por consiguiente, no sólo que la información sea veraz -requisito necesario directamente exigido por la propia Constitución, pero no suficiente—, sino que la información tenga relevancia pública, lo, cual conlleva que la información veraz que carece de ella no prevalece frente al derecho al honor o a la intimidad. El criterio a utilizar en la comprobación de esa relevancia pública o privada de la información varía, según sea la condición pública o privada del implicado en el hecho objeto de la información o el grado de proyección pública que éste haya dado, de manera regular, a su propia persona, puesto que los personajes públicos o dedicados a actividades que persiguen notoriedad pública aceptan voluntariamente el riesgo de que sus derechos subjetivos de personalidad resulten afectados por críticas, opiniones o revelaciones adversas y, por tanto, el derecho de información alcanza, en relación con ellos, su máximo nivel de eficacia legitimadora, en cuanto que su vida y conducta moral participan del interés general con una mayor intensidad que la de aquellas personas privadas que, sin vocación de proyección pública, se ven circunstancialmente involucradas en asuntos de trascendencia pública, a las cuales hay que, por consiguiente, reconocer un ámbito superior de privacidad, que impide conceder trascendencia general a hechos o conductas que la tendrían de ser referidos a personajes públicos...».

STC 2ª, de 12 de noviembre de 1990.

En su virtud,

SUPLICO AL JUZGADO, tenga por presentado este escrito con su contestación a la papeleta de conciliación planteada y reiterando lo establecido en el escrito no asumimos lo planteado de contrario pues estamos amparados por nuestro trabajo político, por la libertad de información y además por que para nada hemos usado expresiones ni calumniosas ni injuriosas que puedan afectar a la imagen del demandante.

Por ser de justicia, en Zamora a 3 de mayo de 2010

D. Patricio Alonso Rodríguez (Colegiado nº 1034) Prcrdª.Dª Maria Teresa Mesonero Herrero

1 de mayo de 2010
EDIFICIO MUNICIPAL
El ex Teniente de Alcalde, Macías, pretende querellarse contra toda la organización de Izquierda Unida

El 3 de mayo tendrán que comparecer en el juzgado el coordinador provincial y el portavoz de IU en el Ayuntamiento de Zamora en un acto de conciliación previo a la querella solicitado por el ex Teniente de Alcalde Angel Macías sobre el edificio municipal

Que responsables de IU tengan que comparecer en el Juzgado por el asunto del Edificio Municipal el día 3 de mayo parece el mundo político al revés. El acoso del PP y sus círculos no sólo es a IU de Zamora, sino a IU a nivel de todo el Estado. De hecho Cayo Lara el Coordinador de IU Federal comparece hoy en un Juzgado de Toledo por una querella del Pocero por declaraciones sobre la urbanización de Seseña.

No estamos ante un acto privado del Sr. Macías, sino ante un acto de naturaleza política protagonizado por un ex Teniente de Alcalde amparado e impulsado por el propio PP de Zamora, y parte activa en el proceso de adjudicación. De hecho la Alcaldesa dijo “entender” la actuación judicial que hace unas semanas anunció el Sr. Macías contra los responsables de IU.

IU de Zamora tiene que denunciar públicamente el acoso en los Tribunales que viene sufriendo por el PP. Primero fue en esta Corporación la Alcaldesa y su caprichosa querella a costa de todos los zamoranos; ahora el Sr. Macías que con esta acción intenta lavar su imagen y la del PP de un bochornoso proceso de adjudicación con un sobrecoste de 24 millones de €. Antes fue el Sr. Antorrena, el Sr. Román Mangas, continuas amenazas de anteriores responsables de Jóvenes Empresarios, etc.

IU entiende que estamos viviendo un continuo acoso del PP por nuestra actuación política. IU no judicializa la vida política, pero el PP sí lo hace. Desde IU tenemos la responsabilidad de denunciar en la Fiscalía si consideramos algún indicio de irregularidad. Y lo hacemos siempre en la Fiscalía como valedora de la Justicia desde lo público. Las querellas se quedan para quienes tienen dinero y usan la Justicia para fines políticos. Y eso es lo que está haciendo el PP: usar la Justicia y las querellas para lavar la imagen negra y sucia que ve el pueblo de Zamora en el asunto del Edificio Municipal.

En España IU está haciendo un censo de casos agrupaciones que sufren el acoso de la derecha simplemente por cumplir con su deber en las Instituciones. IU de Zamora forma parte ya de ese censo según nos ha transmitido el Coordinador Cayo Lara.

Lo único que podemos decir es que seguiremos en la misma línea de información a los ciudadanos de todos los desmanes que se produzcan en el Ayuntamiento. No nos va a parar ni la Alcaldesa ni el Sr. Macías. En esta ocasión sí podemos decir que aunque Vázquez se esconda tras el escudo de Macías es él el responsable último de toda la operación, en la que incluso escondiendo informes en cajón sin mostrarlos al Pleno, tal y como reflejan los informes, que ahora dicen que si el Pleno los hubiera conocido probablemente nunca hubiera votado la adjudicación a UFC.

A los dos se debía de caer la cara de vergüenza planteando una querella contra IU después de leer los informes de los técnicos. Todas las afirmaciones de IU están basadas en los informes de los técnicos: sobrevaloración, cambiazo en el Pliego, ocultación de informes al Pleno, firma ilegal del contrato, etc. Decir después de esto que la culpa es de IU es tan rocambolesco y disparatado que la afirmación les deja en evidencia. Y también deja en evidencia a la Alcaldesa.

¿Cómo es posible que la Alcaldesa entienda la querella de Macías cuando es ella, mandatada por el Pleno, la que ha ordenado hacer los informes demoledores contra la adjudicación y el contrato del Edificio? Mayor cinismo, imposible. Los que se querellan desde el punto de vista político son, además de Ángel Macías, el ex Alcalde Antonio Vázquez y la Alcaldesa Rosa Valdeón, es decir, el PP de Zamora en pleno. Se querellan los responsables, y en el mejor de los escenarios judiciales posibles, de que los zamoranos paguen la indemnización a UFC por incumplimiento de contrato que no bajará del millón de euros.

El Sr. Macías, que ahora es muy “sensible” se siente “menoscabado en su imagen, fama y reputación” y nos pide a IU que publiquemos en un periódico, a nuestra costa, una “rectificación”. Pero una rectificación, ¿de qué? ¿Que hubo un sobrecoste de 24 millones de €? ¿Que los solares y locales estaban sobrevalorados? ¿Que el ex Alcalde ocultó en un cajón de su mesa el Informe del Arquitecto que decía que no había Informe Económico, y que ese Informe se puso en el expediente después de la adjudicación? ¿Qué el Sr. Macías firmó indebidamente un contrato por el que ahora se piden indemnizaciones millonarias al Ayuntamiento? ¿Qué haya salido en Interviú?

Por último, recordar que quién se pretende querellar contra IU por un asunto de calado político, fue aquel que en el año 2003 dijo en Pleno y así consta en acta, que IU de Zamora “era cómplice de los cómplice de ETA”. Salidas de tono desde luego no le han faltado.

El mundo al revés. Los zamoranos pasarán factura.

26 de abril de 2010
EDIFICIO MUNICIPAL
El juzgado de lo civil aplaza el juicio de reclamación de 2 millones de euros de UFC sobre el edificio municipal hasta que resuelva la lesividad en el contencioso

Lo cual es un balón de oxigeno para el Ayuntamiento de Zamora después del embrollo en el que nos ha metido el Partido Popular. El juicio tenía que haberse celebrado hace una semana, pero el Juez de lo civil lo suspendió ya que entendía que la reclamación de UFC por incumplimiento de contrato está directamente relacionado con el hecho de si el contrato era válido, es decir, si el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Zamora se declaraba en contra (o no) de su lesividad tal y como acordó el Pleno del Ayuntamiento el 14 de enero de 2010.

Lo cual no quiere decir que si se declara lesivo el contrato no haya que indemnizar en alguna medida a UFC, simplemente se aplaza el juicio para que una vez que se sepa si el contrato se anula o no, poder determinar con más precisión las indemnizaciones. Si el contrato se declara válido, además de indemnización se solicitará la ejecución del contrato para hacer el edificio.

Lo que queda meridianamente claro son los efectos tremendamente negativos que tuvo el hecho de que el ex Teniente de Alcalde firmara el contrato de forma irregular el 6 de marzo de 2007. Tal y como dicen los técnicos municipales el juicio civil (ahora aplazado) en el que se piden indemnizaciones millonarias sólo es posible al firmar el contrato el Sr. Macías. Si no hubiera habido firma, el asunto se vería en el contencioso al margen de posibles indemnizaciones. Los hechos sobre la firma fueron los siguientes:

datos

1. El día 5 de enero se firma por parte del Alcalde Antonio Vázquez un Decreto de Delegación para que el Teniente de Alcalde firmara el contrato ante el Notario. Ello se producía ante la negativa del Secretario del Ayuntamiento a estar presente en la firma. Ahora los informes dicen que se puede, en efecto, suplir al Secretario pero no sus funciones, como es el velar por la legalidad.

2. Los técnicos afirman ahora Decreto de delegación de firma que el contrato se firmó “privadamente” y que posteriormente se limitaron a protocolizarlo elevándolo a público con la presencia y fe del Notario. Pero eso no era lo que decía el Decreto.

3. La firma del contrato despliega inmediatamente efectos civiles y de derechos hacia UFC. Por eso inmediatamente después de las elecciones de mayo de 2007, y una vez aprobada la moción que presentó IU para intentar declarar lesivo y nulo el contrato, la empresa interpone una demanda en el Juzgado de lo civil, solicitando una indemnización por mes transcurrido por los gastos financieros que le supone haber comprado los solares y locales destinados para el Edificio por valor de más de 6 millones y haber realizado el proyecto, y que según UFC estaba valorado en 300.000 €, y que efectivamente entregó en el Ayuntamiento.

4. La firma del contrato es un requisito esencial según la Ley. De hecho, en el Pliego de Condiciones del Edificio se concretaba que los plazos para el proyecto y las obras comenzaban con la firma del mismo.

5. El Sr. Macías era consciente de que el Secretario del Ayuntamiento desaconsejaba la firma en las condiciones que querían tanto él como el Alcalde, ya que fue advertido por varias “notas internas” y por un informe de enero de 2007.

En definitiva, IU cree que es muy positivo que se haya aplazado el juicio civil de UFC contra el Ayuntamiento. Pero ese juicio, que se celebrará de todas formas cuando se sustancie el resultado del contencioso en el que se solicita que se declare lesivo tanto el procedimiento de adjudicación como el contrato, viene a significar la responsabilidad tanto del Sr. Macías como del anterior Alcalde en el acto de firma del contrato, entendiendo que los dos responsables políticos eran conocedores de que se firmaba en circunstancias cuando menos irregulares, y que esa firma venía a “blindar” los derechos de UFC como se vio posteriormente.

Por desgracia las indemnizaciones serán inevitables por esa firma. Esperemos que sean las menores posibles. Pero lo que a estas alturas está claro es que esa firma del Sr. Macías saldrá muy cara a los zamoranos.

27 de marzo de 2010
EDIFICIO MUNICIPAL
El contrato del edificio municipal se firmó sin la presencia del Secretario ni del notario

Macías tiene un problema con los informes técnicos y no con IU

La argumentación del Sr. Macías en el asunto del Edificio Municipal merece una respuesta por parte de IU. Hablar dos horas y media puede impresionar, pero no por hablar más se tiene más razón. El sentido de este comunicado es aclarar con datos los argumentos del Sr. Macías. Nuestra pretensión siempre ha sido difundir los informes técnicos que se empezaron a hacer en enero de 2007 por parte del Secretario, y dónde ya cuestionaba la firma del contrato por ir contra el interés público. En consecuencia:

1. El Sr. Macías dice: “Guarido asistió al procedimiento desde el principio”

Es verdad, asistí por que era mi obligación como Concejal asistir a las Comisiones y Plenos en que se debatió este asunto. Asistí también a las Mesas de Contratación, pero en estas mesas la oposición NO tiene voto. IU siempre votó en contra de esta operación en Comisión y Pleno, y de hecho, como consta en hemeroteca, nuestro Grupo fue el primero en empezar a dar detalles de la Operación para que los zamoranos juzgaran, como el hecho de pagar 52 millones en 25 años, que fue la cifra calculada a mano por IU, y después ratificada por los informes, que comenzó a crear una verdadera alarma social por este acuerdo.

2. El Sr. Macías dice que “el contrato de firmó en el Ayuntamiento con la presencia del notario”

El documento del contrato protocolizado ante notario comienza diciendo: “En el Ayuntamiento de Zamora se reunen…”, lo cual no quiere decir que el notario estuviera presente.

El informe del Interventor de 22 de mayo de 2008 dice que se trata de un “documento privado protocolizado notarialmente…firmándose en la Casa Consistorial entre D. Ángel Macías Salvador y D. Gaspar Gutierrez Álvarez, sin intervención del mencionado fedatario, lo que sería causa de nulidad del contrato” (el subrayado es nuestro).

Por otra parte el informe del Secretario Municipal de fecha 10 de enero de 2010 dice que “se firma el contrato privadamente sin asesoramiento jurídico alguno en este acto de firma y lo único que se lleva a cabo es la protocolización de ese contrato firmado ante un Notario de la plaza, y en este acto de protocolización no se hace otra cosa que elevar a público un documento firmado sin ningún tipo de intervención legal sobre el contenido de lo firmado” (la negrita aparece en el original)

3. Macías dice: el Arquitecto municipal informó sobre la valoración del suelo estimado en 6,7 millones de €”.

En efecto, pero prestemos atención al informe del Secretario de 10 de enero de 2010 con relación a este informe del arquitecto: “lo que parece claro es que el documento que el Sr. Alcalde entrega al Arquitecto jefe, en el que figura el coste del suelo, el coste del vuelo, y el coste financiero lo elabora la empresa UFC S.A. Y el Arquitecto lo informa y se lo entrega al Sr. Alcalde (informe del 22 de diciembre de 2005) que no conoció el Pleno ni los Técnicos municipales el 2 de febrero de 2006, y así lo acredita la Jefa del Servicio de Patrimonio y la Jefa del Servicio de Contratación…” (el subrayado es nuestro), añadiendo a continuación que “lo único que aparece y que se puede concretar con el envío del informe y documentación del Arquitecto municipal, firmado el 22 de diciembre de 2005 y que dirige directamente al Alcalde, es que no va a informar desde el punto de vista económico financiero. Y ese informe no consta en el expediente, y no se conoce por el Pleno ni por los Técnicos que informan…” (la negrita es del original)

En definitiva, los informes dicen que la valoración del suelo la hizo la empresa y el Arquitecto se limitó a firmarla, le dio el papel al Alcalde, añadiendo que no podía informar desde el punto de vista económico la operación y que el Alcalde ocultó al Pleno dicho informe hasta después del Acuerdo Plenario (con los votos en contra de IU)

La “notable sobrevaloración del suelo” es uno de los argumentos principales del abogado que defiende a la Institución (Sr. Esbec) ante la demanda de UFC en la vía civil

4. El Sr. Macías dice “que la operación habría reportado 61 millones a la Institución por la revalorización del Edificio”

Se basa en un informe del Interventor realizado en 2005 antes de la confección del Pliego de Condiciones y, naturalmente antes de la presentación de la oferta por Remesal y Salas y la posterior de UFC. Se trata de un informe de carácter teórico sobre una posible operación a realizar.

La realidad es que el Interventor no vuelve a informar por escrito hasta el 2008, cuando analiza la firma del contrato. La realidad es que el Alcalde ocultó al Pleno que el informe del Arquitecto decía que no podía informar desde el punto de vista económico. Después de la adjudicación en Pleno se realiza un primer informe del Jefe del Servicio de Hacienda que hablaba ya de una sobrevaloración de la operación en un 30 %.

Sólo se hace un informe económico a posteriori, y para documentar la lesividad de la operación. Se informa por el Jefe del Servicio de Hacienda el 20 de noviembre de 2009 concluyendo “que la operación es nefasta para los intereses municipales”. El informe del Secretario de 10 de mayo de 2010 concluye a la vista del informe de Hacienda que “la diferencia de la oferta presentada por UFC SA y la comparativa conforme a las condiciones del mercado es de 24.524.870,09 € en perjuicio del Ayuntamiento” (la negrita es del original)

5. El Sr. Macías deriva el posible “cambiazo” de parte del Pliego a la responsabilidad de los funcionarios.

El Interventor informa el 27 de diciembre de 2009 que del “propio informe de fiscalización emitido se desprende que las condiciones que se sometieron a fiscalización no coinciden con las que figuran en el expediente en lo relativo a la revisión anual de precios…. Las mencionadas páginas fueron sustituidas en algún momento posterior a la fiscalización, previo a la aprobación plenaria” (el subrayado es nuestro)

IU denunció estos mismos hechos en solitario desde el primer momento tal y como costa en la hemeroteca. El Interventor avala esta tesis al haberse encontrado con dos Pliegos diferentes a la hora de informar. IU no entra a valorar de quién es la responsabilidad, se limita a denunciar un hecho.

6. El Sr. Macías dice que el Ayuntamiento y Rosa Valdeón perderán en la vía judicial

El tiempo lo dirá. IU no ha elegido el camino de la anulación sino que ha sido el propio Equipo de Gobierno. Pero quien ha dado alas a la empresa ha sido el propio Sr. Macías, y si el Ayuntamiento pierde dinero por la indemnización a UFC y quizás en la validez del contrato debería de leerse el informe del Secretario de 11 de enero de 2010 que afirma que “en el supuesto de no haberse firmado el contrato, se podría haber obligado al Ayuntamiento por la jurisdicción contencioso administrativa, pero en ningún caso por la vía civil. Y con la firma del contrato, la empresa lo que ha hecho es demandar al Ayuntamiento en vía civil, solicitar daños y perjuicios en vía civil, e impedir la defensa municipal alegando las razones en que se fundamenta el contrato, que son de carácter administrativo, pero que, por la separación jurisdiccional, el juez civil sólo analiza a partir de esta firma. Y de hecho el Ayuntamiento ha sido condenado al pago de los gastos judiciales por introducir en la vía civil una demanda reconvencional” Los gastos fueron de 20.000 € a costa del Ayuntamiento.

La firma del contrato desaconsejada por el Secretario e informando el Interventor que se realiza la firma entre dos personas y que sólo se protocoliza ante notario, es básica en la reclamación de UFC contra el Ayuntamiento. Si además se pierde en vía judicial el proceso el Sr. Macías debe leer lo que dicen los informes para que caiga sobre su persona y su conciencia la responsabilidad de perdida de dinero al Ayuntamiento.

7. El Sr. Macías dice que se siente perjudicado en su honor por las declariones del Portavoz de IU.

IU siempre se opuso a esta operación. Hemos sido respetuosos en las formas. IU no insulta a nadie y nunca se ha querellado contra nadie. Nos limitamos a llevar a la Fiscalía los datos relevantes para que sean investigados, cosa que naturalmente queda en manos de la propia Fiscalía.

Por el contrario, si consideramos que estamos sufriendo UN GRAVE ACOSO JUDICIAL POR PARTE DEL PARTIDO POPULAR. En esta Corporación hemos sufrido una querella de la Alcaldesa con dinero de los zamoranos, otro acto de conciliación previo a querella por parte del Sr. Macías, tal y como él ha afirmado, y otra amenaza de querella criminal por parte del Asesor de la Alcaldía y ex concejal de Urbanismo por la denuncia que realizamos en Fiscalía por las circunstancias en que se produjo la clasificación del Sector Fermoselle en los primeros planos del PGOU en revisión. A ello hay que añadir la querella que en su día interpuso la defensa del ex diputado Antorrena contra Francisco Guarido y el Coordinador de IU, y la demanda de conciliación, previo a querella, que interpuso el antiguo Concejal de Deportes por una información de la revista Tu Ciudad que resultó verídica en su integridad.

26 de marzo de 2010
EDIFICIO MUNICIPAL
Macías debe pedir la conciliación en el juzgado a Rosa Valdeón y no a Izquierda Unida

La querella contra el portavoz de Iu es síntoma de su aislamiento en el PP y una mera apariencia de defensa pública de su honor en un asunto que le enreda judicialmente cada vez más

Se transmite en los medios de comunicación que el Sr. Macías ha interpuesto en febrero una demanda de conciliación contra el Portavoz de IU y el Coordinador, previo a una querella criminal en defensa de su honor. Ante estos hechos transmitidos en el día de hoy por el Sr. Macías desde el Grupo Municipal de IU queremos precisar lo siguiente:

1. Nuestro Grupo, al día de hoy, NO ha recibido notificación alguna de los Juzgados por acciones emprendidas por el Sr. Macías.

2. Nuestro Grupo y su Portavoz no tienen que esperar citación alguna del Juzgado para decir una vez más que nos ratificamos en todas las manifestaciones políticas que se han realizado con relación al proceso de adjudicación y contrato del Nuevo Edificio Municipal, y muy especialmente en el escrito de denuncia que realizamos ante la Fiscalía General del Estado (Sala de Urbanismo y Medio Ambiente) así como el posterior escrito ampliando documentación ante la Fiscalía de Zamora.

3. Nuestro Grupo siempre ha sido mesurado y prudente en sus declaraciones en este asunto ante los principales afectados desde el ámbito político, a la sazón el Sr. Vázquez y el Sr. Macías. Pero es evidente que ante los informes que se han recabado de los técnicos municipales teníamos una obligación política y pública que cumplir al considerar que los hechos pudieran ser constitutivos de delitos.

4. El Sr. Macías no tiene un “problema” con IU y su Portavoz en el Ayuntamiento, sino que tiene un problema con los suyos, es decir, con los de su partido, por doloroso que pueda ser para él. Es verdad que el acuerdo inicial de anulación del procedimiento tiene lugar por una moción que presenta IU en el Pleno de septiembre de 2007, pero nosotros no somos Gobierno, es más es el propio Gobierno del PP quien asume la moción y a trancas y barrancas tira de ella. El problema lo tiene con Rosa Valdeón y no con Paco Guarido.

5. Cuando el Sr. Macías habla de que la empresa ganará en los Juzgados le animamos a que medite que fue él con su firma el 7 de marzo de 2007 quien dio derechos a la empresa UFC a que reclame 2 millones por daños y perjuicio y que reclame ejecución del contrato. Su firma y no la adjudicación en Pleno da derechos a la empresa. Si no hubiera firmado, tal y como le aconsejó el Secretario del Ayuntamiento, hoy no habría Caso del Edificio

6. La sobrevaloración de 24 millones de € es un dato dado por los funcionarios municipales hace dos meses. Lo demás son derivaciones suyas de ingeniería económica para confundir.

7. Nuestro Grupo y su Portavoz desean en lo personal lo mejor para el ex concejal Ängel Macías contra el que no tenemos nada personal. Sin embargo debemos de decirle que su defensa legal y legítima no debe pasar por ataques a IU que sólo ha cumplido con su deber político. Su aislamiento en el PP es evidente, al igual que el de Antonio Vázquez. Su defensa no puede ser escurrir el bulto y poner querellas a IU, cuando en realidad IU sólo ha puesto sobre la mesa los diversos informes que los funcionarios han venido haciendo.

8. Nuestro Grupo a lo largo de los últimos años viene sufriendo una estrategia de acoso judicial impulsado por el PP y sus círculos por el mero hecho de cumplir con nuestro deber. En esa línea seguiremos. Si Macías llega a interponer su querella sería la cuarta que se pone o se intenta contra el Portavoz de IU. O la quinta si tenemos en cuenta la amenaza de querella criminal que personalmente transmitió el ex concejal de Urbanismo y hoy Asesoe de la Alcaldesa al Portavoz de Iu por la denuncia que se hizo en Fiscalía por las reclasificaciones del Sector Fermoselle.

ANTE EL ACOSO JUDICIAL DEL PP EL GRUPO DE IU RESPONDERÁ CON MÁS TRABAJO

8 de marzo de 2010
EDIFICIO MUNICIPAL
Aún no se ha puesto la demanda en el juzgado para anular el Edificio Municipal cuando sólo queda una semana para anular el plazo

La Alcaldesa y sus asesores parece que se están tomando el asunto con tranquilidad. Primero en la declaración de lesividad a tan sólo dos días de agotar todos los plazos (fecha límite 16 de enero, con el Pleno el 14), y después interpretando (ya veremos a ver lo que dicen los jueces) que había dos meses para interponer la demanda en el contencioso administrativo. El plazo final expira, contando esos dos meses, el lunes15 de mazo.

Es de suponer que estarán maquinando con las fechas para lograr que la resolución de caso por el Juzgado de lo Contencioso brinque de la fecha electoral de mayo de 2011.

La alarma social creada con este asunto recomendaba interponer la demanda cuanto antes, pero parece que la Alcaldesa lo ve de otra manera, ya que tardó 15 días desde el pleno que acordó demandar el Ayuntamiento al propio Ayuntamiento, hasta la contratación por Decreto de un abogado específico para este caso.

Como muy bien recuerda el Decreto que reproducimos, existe en el Ayuntamiento un asesor jurídico, nombrado directamente por libre designación por la Alcaldía, que bien podría haber llevado el caso y ahorrar un dinero a la Institución. También recuerda el Decreto que se le nombró además de Asesor Jurídico, Jefe del Servicio de Urbanismo en sustitución de la anterior persona cesada por el Concejal de Urbanismo. Este último cargo por Decreto es de dudosa legalidad al estar en comisión de servicio exclusivamente para el puesto de asesor jurídico.

Desde IU queremos advertir al PP de lo siguiente:

1. Queda una semana para que acabe el plazo de dos meses, y todos vamos a estar vigilando para que se lleve a buen puerto la demanda por mucho que suponga una fractura en el PP de Zamora.

2. Consideramos un despilfarro económico hacer contrataciones de abogados externos para llevar el caso habiendo un Asesor Jurídico en el Ayuntamiento al que se nombró para llevar los pleitos municipales. (abajo mostramos el decreto en el que se nombra un abogado externo)

3. Se debe dar cuenta al Pleno de los términos reales en los que se efectúa la demanda.

decretazo

2 de marzo de 2010
ULTIMA HORA
INTERVIU publica un amplio reportaje sobre la estafa del edificio municipal

La revista se basa en la denuncia que IU realizó en la Fiscalía General y sobre la que se abrieron diligencias. La adjudicación tenía un sobrecoste estimado por los técnicos en 24 millones de euros. La Fiscalía debe investigar, pero también hay que exigir ya responsabilidades políticas al Partido Popular. La empresa adjudicataria UFC según se pone de manifiesto en el reportaje está implicada en el Caso Gurtel de adjudicaciones ilegales vinculadas a gobiernos del PP. La reproducimos a continuación

interviu

25 de enero de 2010
DENUNCIA
IU comunica a la Fiscalía de Zamora los nuevos hechos, documentados a través de los informes técnicos

Una vez abiertas diligencias por la Fiscalía General de Estado sobre el "sobrecoste de locales y solares" de la operación del Edificio Municipal, y pasado el expediente a la Fiscalía de Zamora para su investigación, procede comunicar los nuevos hechos, documentados a través de los informes técnicos que se realizaron para declarar la lesividad del procedimiento de adjudicación y firma del contrato.

Es lo que haremos mañana registrando en la Fiscalía el escrito que se acompaña a continuación.

AL FISCAL JEFE AUDIENCIA PROVINCIAL DE ZAMORA

FRANCISCO GUARIDO VIÑUELA en calidad de Concejal y Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Zamora, y con domicilio a efectos de notificaciones en el propio Ayuntamiento, a través de este escrito quiere denunciar determinados hechos y circunstancias para que sean investigadas por si fueran constitutivas, en su caso, de algún ilícito penal.

Con fecha 27 de noviembre envié denuncia a la Fiscalía General del Estado (Sala 4ª, de Urbanismo y Medio Ambiente) sobre la operación de compra de un edificio de oficinas por parte del Ayuntamiento de Zamora. La denuncia se basaba en el explicito reconocimiento por parte del Equipo de Gobierno de la “notable sobrevaloración” de los locales y solares sobre los que se iba a edificar, lo que evidentemente encarecía artificialmente un contrato público.

Con la denuncia, y según me comunican desde esa Fiscalía la pasada semana (cuya carta acompaño) se abren diligencias informativas nº 88/09 trasladando el expediente a la Fiscalía de Zamora. Telefónicamente me comunican que cualquier documentación complementaria la realice en la Fiscalía de Zamora.

Sobre este último aspecto, y en cuanto a información complementaria, el pasado día 14 de enero el Pleno del Ayuntamiento acordó declarar lesiva la adjudicación y el contrato firmado por D. Ángel Macías, en nombre del Ayuntamiento, y la empresa UFC, y acudir a la vía del contencioso administrativo. Los informes que se han elaborado para la declaración de lesividad apuntan una serie de circunstancias que se deberían investigar en profundidad ya que podrían aflorar distintos delitos.

Básicamente los hechos nuevos, además de lo comunicado en su día a la Fiscalía General del Estado (Sala 4ª), son los siguientes (todos los hechos relatados están documentados en los informes que se acompañan):

1. En el 2004 se decide que la operación de alquiler del edificio con opción de compra se hará con la mercantil Remesal y Salas.

El valor de la oferta según el Jefe del Servicio de Hacienda del Ayuntamiento se cifra en 28 millones de € a pagar en 25 años, incluida la opción de compra final. Se reconoce que era una oferta equilibrada con relación a los precios del mercado

2. Posteriormente en 2005 Remesal y Salas vende la operación a UFC comenzando a entablarse una negociación entre el anterior Alcalde y el Primer Teniente de Alcalde con la empresa que casi duplica el coste inicial.

La operación acabó cifrándose en 52 millones de €, es decir un 46 % más del valor inicial cuando la empresa sólo mejoró su oferta en un 12 % pasando de los 3.300 metros cuadrados construidos a 4.100 metros.

El procedimiento administrativo elegido era un “negociado sin publicidad”, pero “la negociación” tuvo las siguientes circunstancias acreditadas en los informes:

- Se cambia el Pliego de Condiciones que fiscalizó la Intervención Municipal y el que se nos entregó a todos los Portavoces, para introducir una revisión de precios, que es ilegal, y que suponía aumentar la operación en 24 millones, situación no prevista en un principio. Primero se introduce el 2,5 %, y posteriormente se cambió al 5 %, lo que supone transferir a la operación, como hemos dicho, 24 millones.

- La Intervención parece que fiscaliza el Pliego con revisión de precios del 2,5 % y denuncia en su informe el cambio posterior de varias hojas del Pliego. A los Grupos Políticos se nos facilitó el primero y estábamos convencidos de que era el que iría al Pleno. El segundo Pliego con el 5 % apareció en algún momento en el expediente sin conocimiento del Interventor ni de los Grupos de Oposición. El Informe del Secretario también avala esta tesis al reproducir las intervenciones de los Portavoces en Pleno respecto a las cantidades en las que cifrábamos la operación. En todo caso ahora el Jefe del Servicio de Hacienda dice que la Ley no permite la revisión de precios en este tipo de contratos.

- También en este cambio se introduce una modificación en la “rescisión del contrato” pasando de una posibilidad de rescisión pura y llana a los dos años si no se había realizado el edificio, a una serie de motivos más difusos y genéricos que provocan que el contrato se “blinde” a favor de la empresa y en perjuicio del Ayuntamiento.

La ilegal introducción de la revisión de precios según los informes provocó que los iniciales 28 millones de coste del contrato se transformaran en 52 millones. Esa sobrevaloración se produjo en el proceso de negociación en el 2005 del exalcalde Antonio Vázquez y de su Primer Teniente de Alcalde Ángel Macías con la empresa UFC. Esa negociación no parece nada inocente y no parece que su actuación respondiera a las exigencias del cargo público, sino que otorgar esa sobrevaloración a un negocio pudiera responder a actuaciones claramente ilegales que se deberían de investigar a fondo, ya que como consecuencia de ella se estaba presentando una estafa al Ayuntamiento de Zamora y a todos los zamoranos.

3. Con el nuevo Pliego de Condiciones la operación llega a los 52 millones en la adjudicación en febrero de 2006.

- Ello es posible porque falta un Informe Económico que evalúe globalmente la operación. Existe a día de hoy ese informe que dice que la operación estaba sobrevalorada en 24 millones de €.

- La negociación se hace personalmente por Antonío Vázquez y Ángel Macías, de espaldas a los servicios técnicos municipales, e, incluso ocultándoles información básica. Así lo acredita el Informe del Secretario que habla de un “expediente disperso” sólo controlado en última instancia por el Alcalde que, incluso, ocultó un Informe del Arquitecto Municipal en el que expresamente decía que él podía valorar el suelo pero que no podía hacer un Informe Económico y que ese informe era necesario. Ese Informe del Arquitecto fue introducido en el expediente después de la adjudicación en Pleno en febrero de 2006. En este sentido hay que añadir que la Secretaría considera que los números de valoraciones de solares y locales los hizo en realidad la empresa UFC y que se lo entregó al Arquitecto para que estampara la firma. No es de extrañar, pues, que el suelo estuviera claramente sobrevalorado.

- El Pleno de febrero de 2006 votó sin conocer todos los detalles de la operación, es decir, votó a ciegas una operación de 52 millones de € (en 25 años) que en realidad estaba sobrevalorada en 24 millones. No había Informe Económico de la operación, se cambió el Pliego de Condiciones, el expediente no estaba unificado y controlado globalmente por funcionarios, e, incluso, existían informes sólo en poder del Alcalde.

4. firma del contrato

El contrato se firma en marzo de 2007 (once meses después de la adjudicación). Llegamos a esta situación en un contexto en el que se ha sobrevalorado la operación casi al doble, cambiando el Pliego sin que lo sepa la Oposición; El entonces Alcalde Antonio Vázquez y el Primer Teniente de Alcalde Ángel Macías “dirigen” el expediente sin que los técnicos conozcan globalmente todos los apartados, tal y como ahora viene a significar el Secretario Municipal; a ello hay que añadir que el contrato no se firma hasta casi un año después al “desaconsejarlo” el propio Secretario.

La firma es un acto ilegal, firmado “sin la presencia del Secretario, o en su defecto sin la presencia de un Notario, y en consecuencia sin el asesoramiento legal”. Que la firma del contrato fue un acto ilegal lo corroboran los informes del Secretario y del Interventor.

La firma ilegal del contrato, que previamente se había “blindado” en el Pliego de Condiciones, sólo da ventajas a UFC y muchos perjuicios económicos a las arcas municipales. De hecho la firma ilegal del contrato provoca que en estos momentos UFC tenga planteada una demanda contra el Ayuntamiento en el Juzgado de los Civil solicitando 2 millones de € por incumplimiento del contrato.

5. Las circunstancias anteriores indudablemente nos llevan desde el Ayuntamiento a declarar la lesividad económica y jurídica del procedimiento de adjudicación y de la firma del contrato.

Pero independientemente de esas circunstancias administrativas, nos parece que pudieron existir circunstancias delictivas. Por decirlo de forma clara y sencilla: el Sr. Vázquez y el Sr. Macías en todo eso que se llamó “el proceso de negociación” pudieron no haber cumplido con sus deberes como cargos públicos ya que no puede sostenerse que obraran en aras del interés público; sino al contrario, cabe pensar que dirigían una operación de sobrecoste del edificio de 24 millones de €, o más. El propio Secretario del Ayuntamiento en su Informe dice que esa sería la sobrevaloración admitiendo otras circunstancias dudosas, como es el coste del suelo “notablemente sobrevalorado” y que llevaría en última instancia a un sobrecoste mayor de la operación.

El sobrecoste del suelo encarecía aún más la operación. Para documentarlo me remito a la denuncia formulada ante la Fiscalía General del Estado (Sala 4ª).

Por todo ello, y analizadas todas las circunstancias, entendemos que la Fiscalía debe investigar y esclarecer los hechos denunciados que pueden tener consecuencias económicas muy negativas para las arcas municipales, y especialmente se debería investigar las situaciones económicas particulares del Sr. Vázquez (actual diputado nacional) y del Sr. Macías tomando como referencia sus declaraciones de bienes en el inicio de la Corporación (junio de 2003) y el final (junio de 2007).

Complementariamente se debería analizar por la Fiscalía si las actuaciones del Sr. Vázquez y del Sr. Macías pudieran tener encaje en algunos de los ilícitos que se contemplan en el Código Penal.

Con este escrito de denuncia acompañamos:

· Carta de la Fiscalía General del Estado remitiendo la primera denuncia de IU a la Fiscalía de Zamora.
· Informe del Interventor Municipal acreditando que se cambió parte del Pliego de Condiciones después de fiscalizado.
· Informe del Jefe del Servicio de Hacienda en el que se acredita que hubo una sobrevaloración en 24 millones después de presentada la primera oferta.
· Informe del Secretario Municipal en el que se acredita, entre otras cosas, ocultación de informes al Pleno por parte del Alcalde.
· Informe del Asesor Jurídico Municipal en el que se acredita lesividad económica y jurídica de la operación.

21 de enero de 2010
DENUNCIA
La Fiscalía General del Estado abre diligencias informativas en el turbio asunto del Edificio Municipal(Sala de Urbanismo y Medio Ambiente

Los trámites los realiza la Sala de Urbanismo y Medio Ambiente

En el día de ayer hemos recibido escrito de la Fiscalía General del Estado (Sala de Urbanismo y Medio Ambiente) en el que se nos comunica que, habiendo estudiado el escrito de denuncia de IU y la documentación que lo acompaña, han decidido abrir diligencias informativas (nº 88/09) para investigar el asunto.

A la vez que el Fiscal “comparte” la preocupación transmitida por nuestro Grupo en el escrito de denuncia, nos anuncia que, una vez abiertas las Diligencias, se ha dado traslado a la Fiscalía Provincial de Zamora para que proceda a la investigación.

En consecuencia, y dado que queda por completar la denuncia con los nuevos informes y las nuevas perspectivas abiertas por los funcionarios municipales en el procedimiento de adjudicación y firma del contrato del Nuevo Edificio Municipal, nuestro Grupo le hará llegar en los próximos días a la Fiscalía de Zamora otro escrito denunciando los nuevos hechos y aportándole la nueva documentación, siguiendo las indicaciones que telefónicamente nos han dado desde la Fiscalía General del Estado.

Recordamos que IU denunció el 27 de noviembre la operación del Edificio Municipal desde la perspectiva exclusiva de la sobrevaloración de los locales y solares, admitida ya de plano por el propio Equipo de Gobierno en la defensa en el pleito que ha puesto UFC contra el Ayuntamiento por incumplimiento de contrato pidiendo 2 millones de indemnización. Ahora nos queda denunciar “el cambiazo”, la sobrevaloración del edificio y de las rentas, así como el hecho de que fuera el Alcalde quién “custodiaba” algunos informes.

En los nuevos informes también se viene a significar que, además de la sobrevaloración de 24 millones, podría haber existir sobrevaloración del suelo, ya que se operó en este aspecto con datos exclusivamente aportados por la empresa y nunca comprobados por el Ayuntamiento de Zamora (eso ponen los informes aunque sea dificil de digerir.

Reproducimos un párrafo del informe del Secretario Municipal (pag. 9) que corrobora lo anterior que no tiene desperdicio y dónde nos dice que los datos aportados por UFC nunca fueron comprobados por el Ayuntamiento (La negrita y el subrayado es original)

“La operación, según el informe económico-financiero del Jefe de Servicio de Hacienda, de 24 de noviembre de 2006 y 20 de noviembre de 2009, resulta nefasta para los intereses municipales, representando una pésima opción para estos intereses. Incluso operando con datos de la empresa UFC S.A. sobre el coste del vuelo y el suelo que no se comprueba por el Ayuntamiento, tampoco después del Pleno, aunque se solicita por la Secretaría al Técnico de Rentas. Lo que se colige de este informe económico del Jefe del Servicio de Hacienda, es que incluso todavía, analizando esos otros aspectos descritos, podría ser más onerosa para los intereses municipales, puesto que al rebajar los costes, obviamente se rebajará también la financiación de esos costes” (pag.9).

15 de enero de 2010
PRUEBAS
IU da a conocer los informes que afirman que la compra del edificio municipal era una "operación nefasta" para el Ayuntamiento

INFORME CON PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

INFORMANTE: Secretario General del Ayuntamiento de Zamora

OBJETO: Declaración de lesividad del acto de adjudicación de la contratación del arrendamiento de inmueble urbano, con opción de compra, del futuro edificio a construir sobre los solares y locales sitos en la calle Ramón Alvarez núms.. 3, 5 y 7 y calle La Reina núms. 6, 8, 12 y 14 de Zamora, para su utilización como “oficinas y servicios municipales centralizados” mediante procedimiento negociado sin publicidad.

DOCUMENTACIÓN ANALIZADA: Expediente completo que comprende las alegaciones formuladas por la Empresa UFC, S.A., con fecha 20 de noviembre y registradas en la Delegación del Gobierno en Valladolid con esa misma fecha y entrada en el Registro General de este Excmo. Ayuntamiento el día 25 de noviembre de 2009, con núm. 26486. Así como los informes técnicos de Contratación, Patrimonio, Hacienda, Intervención y Servicio Jurídico de este Excmo. Ayuntamiento. También la notificación notarial, habiendo terminado el plazo para formular alegaciones el día 4 de enero de 2010; y alegaciones presentadas en la Subdelegación del Gobierno de León, el 4 de enero de 2010, recibido en este Excmo. Ayuntamiento el día 7 de enero de 2010.

I.
HECHOS ACREDITADOS

PRIMERO.

NO ACEPTACIÓN POR EL PLENO DE 2 DE FEBRERO DE 2006 LA
OFERTA DE U.F.C. S.A. DE ENERO DE 2006, SALVO LA VARIANTE B (MÁS METROS CONSTRUIDOS POR MÁS PRECIO PERO MEJORANDO EL VALOR UNITARIO DE ALQUILER, MEJORA DE RENTA, DE 167,44 A 162,40 €/M2 Y EN CONSECUENCIA TAMBIÉN EL PRECIO UNITARIO DE COMPRA).

A) Como dice el Consejo Consultivo de Castilla y León, en dictamen de 30 de julio de 2009, en su página 29, “el acuerdo del Pleno adjudicó el contrato atendiendo a la variante B ofertada (identificada por la superficie y precio), pero no contempla ni aprueba la admisión de excepción alguna al pliego de cláusulas administrativas particulares. Por ello, puede considerarse dudoso que, desde un punto de vista formal, las modificaciones ofertadas por el adjudicatario hayan sido aceptadas al adjudicar el contrato” (es decir, se acepta el anexo II menos lo referido al IVA, que el Ayuntamiento considera incluida y la empresa lo excluye de la cantidad total a abonar por el Ayuntamiento para la adquisición del inmueble, ni tampoco se acepta por el Pleno el anexo I de la oferta).

El Ayuntamiento, el 2 de febrero de 2006, sólo acepta de la oferta de la empresa UFC S.A. más metros cuadrados construidos por más precio a los contemplados en el Pliego de Condiciones. Es decir, se acepta una superficie construida sobre rasante, no de 3.300 m2, sino 4.100 m2, siempre sobre rasante; y bajo rasante, en vez de 1.000 m2, acepta la variante de 1.400 m2. Y todo ello, porque así se informa por el Ingeniero de Caminos en informe de 30 de enero de 2006, como variante aceptable y, en consecuencia, que no descaracteriza el Pliego de Condiciones.

RESTANTES VARIACIONES DE LA OFERTA, DESCARACTERIZAN EL PLIEGO

Respecto de las restantes variaciones que presenta la empresa UFC S.A. nada se dice (gastos de calefacción, gastos de seguridad; pago del IVA por compra del nuevo edificio una vez finalizado el plazo de arrendamiento o la exclusión de los locales 6 y 8 de calle la Reina). Y ateniéndonos al informe de Contratación y Patrimonio y al informe jurídico, estas variaciones descaracterizarían el pliego. Esto se deduce del análisis de la cláusula 9ª del pliego de técnicas, en relación al 9,2,3 del TRLCAP, que fija el marco de negociación. Cierto que la oferta B, aceptada por el Ayuntamiento, en una primera lectura pudiera superar el marco de negociación, pero expresamente dice el Sr. Ingeniero de Caminos, en informe de 30 de enero de 2006, “sin embargo, que el coste unitario de alquiler baja de 167,44 (sobre y bajo rasante) a 162,40 (sobre y bajo rasante). Hay en consecuencia mejora en la renta. Por el contrario no se puede decir esto respecto de las exclusiones de gastos de calefacción, refrigeración, seguridad, etc., que claramente quedan fuera del referido marco.

Documentos de prueba: informe del Ingeniero de Caminos de 30 de enero de 2006 (folios 155, 156 y 157); informe de la segunda Jefe del servicio de Patrimonio que intervino en este expediente, de fecha 30 de enero de 2006 (folio 160); informe del Secretario del Ayuntamiento de 30 de enero de 2006, informe éste que refiere la posibilidad de poder variar el Pliego de Técnicas aprobado por el Pleno el 12 de septiembre de 2005, pero siempre que no lo descaracterice la negociación, y en el último párrafo, al carácter disperso del expediente, y que para esta motivación se encontrará en el Servicio de Gestión Urbanística, como conformadores del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares citado (folios 163 y 164); acuerdo plenario de 2 de febrero de 2006 (folio 168); informe del jefe del servicio de Hacienda de 20 de noviembre de 2009 e informe del Servicio de Contratación, Patrimonio y del Servicio Jurídico.

B) Se acredita que después del 2 de febrero de 2006 (fecha del acuerdo plenario), se sigue negociando hasta la firma del contrato el 6 de marzo de 2007. En realidad, las negociaciones comienzan al principio de la operación, en noviembre de 2004, y no terminan, como se dice, hasta la firma del contrato. Estas relaciones se mantienen, en principio, con la empresa Remesal y Salas, que es un intermediario. Y como refiere el Jefe de Servicio de Hacienda en informe de 20 de noviembre de 2009, en ese momento, diciembre de 2004, la propuesta que Remesal y Salas presenta al Ayuntamiento es aceptable y razonable. Es decir, después del correspondiente estudio, presenta una propuesta de arrendamiento con opción de compra con una renta anual permanente sin variación, aplicable a todos los años de arrendamiento. Sin embargo, después de un proceso, indudablemente de negociación, el 12 de septiembre de 2005 se aprueba un Pliego de Técnicas por el Ayuntamiento que desdibuja ese primer planteamiento y aparece otro diferente y con unos incrementos para el Ayuntamiento significativos y que el Jefe de Servicio de Hacienda, en el informe de 20 de noviembre de 2009, califica de nefasto para los intereses municipales y representa una pésima opción para los intereses municipales (informe del Servicio de Hacienda en relación con el folio 52 relacionado con el folio 28). Y esto, se reitera, sólo se pueden entender producto de los intentos de acuerdo entre la empresa y el Ayuntamiento, y que a partir de mayo de 2005, que el Ayuntamiento elige como nueva sede los solares de C/Ramón Alvarez c/v C/La Reina, se hace evidente y muy probablemente ya con la empresa UFC S.A. Lo que parece claro es que el documento que el Sr. Alcalde entrega al Arquitecto jefe, en el que figura el coste del suelo, el coste del vuelo, y el coste financiero lo elabora la empresa UFC S.A. Y el Arquitecto lo informa y se lo entrega al Sr. Alcalde (informe de 22 de diciembre de 2005) que no conoció el Pleno ni los Técnicos municipales el 2 de febrero de 2006, y así lo acredita la Jefe de Servicio de Patrimonio y la Jefe de Servicio de Contratación.

Y producto de la labor previa a la firma del contrato que lleva a cabo la nueva Jefe de Servicio de Contratación con la Secretaría General, y con las dificultades que este proceso tiene (folios 261, 277, 286, 337), se fija por la Secretaría la posición jurídica que debe adoptar el Ayuntamiento. Y se desaconseja la firma del contrato porque debe perfeccionarse el negocio jurídico.

Documentos de prueba:

-Informe de 20 de noviembre de 2009 del Jefe de Servicio de Hacienda en el concreto punto que desliza que la oferta de Remesal y Salas se ajusta al arrendamiento financiero y no así lo que resulta posteriormente con el Pliego y con la oferta posterior (página 4 informe cohonestado con folio 54 expediente y 28 y ss que se refiere a costes financieros). También el emitido el 24 de noviembre de 2006 (folios 320, 321, 322), concluyendo este informe “El coste financiero de la operación ofertada representa para el Ayuntamiento de Zamora en términos porcentuales anuales, el 8,37%, cifra que supera las condiciones que se podrían obtener actualmente en el mercado de capitales”.

-Informe del 17 de diciembre de 2009 del Interventor General del Ayuntamiento, en el que, insistentemente, se refiere a la variación sufrida en el Pliego que se somete a su fiscalización y el que se aprueba en Pleno de 12 de febrero de 2005. Aunque no puede probar, sí refiere, hasta cuatro veces, en el informe citado. [ ver informe del interventor ]

-Acuerdo de Pleno de 12 de septiembre de 2005, con especial referencia a las intervenciones por el grupo de Izquierda Unida, en la persona de D. Francisco Guarido Viñuela, y por el grupo socialista, en la persona de D. Luis Vicente Pastor, en el que refieren cantidades relacionadas con la renta permanente durante 25 años (folio 123 reverso, 2º párrafo, folio 124, párrafo 5º). Así tenemos que el Sr. Vicente Pastor refiere a un compromiso anual de 720.000 € y a un préstamo a 25 años y un importe de 28 millones de euros; el Sr. Guarido por su parte, también habla de pagar al año 720.000 € y que supone un montante total en el plazo de 25 años de 30 millones de euros.

-Además, en las intervenciones del grupo socialista, en este caso en la persona del Sr. Plaza Escudero, en el Pleno de 2 de febrero de 2006, se sigue con los datos del 12 de septiembre de 2005, probablemente porque los señores Concejales mantenían en la memoria estos datos del expediente. En este caso, el Sr. Plaza Escudero, refiere al carácter confuso de la operación, refiriendo un desembolso total de alrededor de 5.500 millones de las antiguas pesetas y en otra parte se refiere a unos 33 millones de euros en 25 años.

-En definitiva se trae a colación estas intervenciones de los Sres. Concejales para resaltar, independientemente del lenguaje utilizado, que pudiera en ocasiones considerarse confuso, pero lo cierto es que en los ejemplos referidos todos se mueven en unas cantidades más o menos próximas y en todo caso muy apartadas de lo que constituía la realidad a la luz de los informes de 24 de noviembre de 2006 y 20 de noviembre de 2009.

-Pero esto mismo es lo que se deduce del informe del Interventor referido, de fecha 17 de diciembre de 2009. Los primeros, con datos de 12 de septiembre de 2005, y el segundo en un escenario completamente diferente, que es el fijado en el informe de 7 de septiembre de 2005 (folios 168.3, párrafos 1 y 3 y 168.5, y para el Interventor, folio 117 anverso y reverso).

Pero la realidad es que, producto de la negociación, el Sr. Alcalde y el Sr. Macías con la empresa, van cambiando estos escenarios producto de la esencia de toda negociación, sin que esta información global e integral le llegue a ninguno de los técnicos que están trabajando (cada uno en su parcela) el Arquitecto, el Interventor o la primera Jefe del Servicio de Patrimonio que en ese momento también lo era de Contratación. Y esto mismo se puede predicar de los señores Concejales del Pleno municipal.

-Notas internas de abril y mayo de 2006 dirigidas al Sr. Alcalde y al Sr. Macías, en las que se constata que se debe seguir negociando (folios 184 y 185).

-Incluso el informe de parte presentado por la empresa UFC S.A. el 23 de febrero de 2007, para urgir la firma del contrato, del análisis del mismo se deduce esta negociación (folios 378, 380, 381, 383).

SEGUNDO.

INEXISTENCIA DE INFORME ECONÓMICO COMO ACTO TRÁMITE ESENCIAL, PREVIO AL ACUERDO PLENARIO DE 2 DE FEBRERO DE 2006:

Este negocio jurídico de arrendamiento con opción de compra del nuevo edificio municipal, supone, como señala también el Consejo Consultivo, adquirir unas nuevas instalaciones municipales. Y para este negocio, el informe de tasación con informe económico-financiero, que es esencial, no se produjo.

-Lo único que aparece y que se puede concretar con el envío del informe y documentación del Arquitecto municipal, firmado el 22 de diciembre de 2005 (folios 242, 243, 244 y 245) y que dirige directamente al Alcalde, es que no va a informar desde el punto de vista económico-financiero. Y este informe no consta en el expediente, y no se conoce por el Pleno ni por los Técnicos que informan, y así se acredita fehacientemente por los Técnicos de Patrimonio y Contratación (folios 253 y 259).

-Y por parte del máximo responsable funcionarial en materia económico-financiera, el Interventor General, exclusivamente refiere:

a) En acta de Mesa de Contratación del día 30 de enero de 2006: “Se informa favorablemente la viabilidad económica de la variante B, informe que hace “in voce”” (folio 165, párrafo 4º).

b) Y en un escenario distinto, informe de 7 de septiembre de 2005, antes de aprobarse el Pliego de Técnicas, pero que se aparta, se reitera, de lo que llegó a ser el negocio jurídico entre el Ayuntamiento y la Empresa UFC S.A. (folio 117 anverso y reverso).

-Y esto lleva a que el Pleno del Ayuntamiento no tenga formada la voluntad para valorar si acepta o no las variaciones del Pliego de Técnicas introducidas por la oferta presentada por la empresa UFC S.A., salvada la variante de la oferta B donde expresamente se acepta por el Pleno con informe del Sr. Ingeniero de Caminos de 30 de enero (folios 154, 155 y 156). De conocerse el informe económico, el Pleno del Ayuntamiento, con toda probabilidad, no hubiere aceptado la operación. Y efectivamente si se analiza el informe económico-financiero, del economista municipal y Jefe del Servicio de Hacienda, de 20 de noviembre de 2009, relacionándolo con el del 24 de noviembre de 2006 (este último ya se conocía antes de la firma del contrato en marzo del 2007 y también se había incorporado el informe del Arquitecto Jefe de 22 de diciembre de 2005, conocido el 22 de noviembre de 2006), se obtienen los siguientes resultados, operando, en todo caso sobre la variante B (más metros construidos por más precio, aceptada por el Ayuntamiento):

1.-Conforme la oferta presentada por la Empresa UFC, S.A., y teniendo en cuenta el calendario de pagos referido al momento, supondría para las arcas municipales una cantidad total de 52.650.930,28€. Esto equivaldría financieramente, suponiendo una tasa de descuento del 6% a 20.927.134,77€. Y esto equivaldría a un coste financiero, en términos porcentuales anuales, de 8,37% que supera las condiciones que se podrían obtener en el mercado de capitales.

2.-Si se acudiera a un arrendamiento financiero, con opción de compra a condiciones de mercado, tipo de interés; euribor + 0,40 puntos, se considera el 4% muy superior al entonces vigente 2,684% -al que habrá que añadirle 0,40-, o al actual, 1,264%-al que habrá que añadirle 0,40-, la oferta anterior supondría para las arcas municipales una cantidad total de 28.126.060,19€. Esto equivaldría financieramente, suponiendo una tasa de descuento del 6% a 12.242.560,11€.

3.-Luego comparativamente, si se relacionan los dos calendarios de pagos referidos al momento, supondría una diferencia de la oferta presentada por la Empresa UFC, S.A. y la comparativa conforme a las condiciones del mercado de 24.524.870,09€, en perjuicio del Ayuntamiento. Esto equivaldría, después de utilizar las técnicas financieras homogeneizadoras del valor actualizado neto (VAN), de una diferencia de 8.684.574,66€, igualmente en detrimento de los intereses generales municipales.

Esto es lo que lleva al Jefe del Servicio de Hacienda a calificar el contrato firmado como nefasto para los intereses municipales, representando una pésima opción, igualmente para estos intereses municipales, sin perjuicio de la referencia que también alude, al art. 103,2 del Real Decreto 2/2000.

Y estos datos del economista municipal no se han rebatido por la alegación Tercera (página 6 y 7, del escrito de alegaciones, de 4 de enero de 2010), que se limita a comparar elementos heterogéneos en unos casos y parciales en otros, pero sin un solo dato que refute, desde el punto de vista económico-financiero, lo formulado por el Ayuntamiento a través del informe del Sr. Jefe del Servicio de Hacienda.

En definitiva, de haber existido en el expediente el informe del Arquitecto municipal Jefe, de 22 de diciembre de 2005, y que se incorpora a este expediente el 22 de noviembre de 2006, por las razones expuestas y que expresamente eludía el informe económico-financiero; y de haber existido este informe económico financiero el Ayuntamiento, independientemente del pliego de condiciones técnicas modificado a lo largo del proceso, lo cierto es que el Ayuntamiento, con toda probabilidad, no hubiera adoptado el acuerdo, incluso en los términos efectuados.

Y todo ello, sin tener en cuenta y que, deben tenerse en cuenta, los gastos importantes como los gastos de vigilancia; los gastos de calefacción/refrigeración... que el Pliego atribuía a la empresa y que ésta, los excluye.

TERCERO.


CONTRATO FIRMADO EL 6 DE MARZO DE 2007 SIN ESTAR PERFECCIONADO EL ACTO ADMINISTRATIVO DE 2 DE FEBRERO DE 2006.

CONTRATO FIRMADO SIN FE PÚBLICA QUE IMPLICA SIN ASESORAMIENTO JURÍDICO.

El contrato se firma:

Por el Sr. Alcalde en la persona del Primer Teniente de Alcalde, pues el segundo actúa por delegación del primero.

Por la empresa UFC S.A. que conocía previamente, así se reconoce en el escrito de 23 de febrero de 2007, que el Secretario del Ayuntamiento lo desaconsejaba, porque el acto de adjudicación debía perfeccionarse, como se acredita en el hecho “PRIMERO” y “SEGUNDO”; porque la firma generaba consecuencias que sin ésta, no podían desplegarse (entre otras, cláusula 4ª del pliego): licencias, proyectos, acceso a la jurisdicción civil, exclusión de la jurisdicción contencioso-administrativa. En el supuesto de no haberse firmado el contrato, se podría haber obligado al Ayuntamiento por la jurisdicción contencioso-administrativa, pero en ningún caso en la vía civil. Y con la firma del contrato, la empresa lo que ha hecho es demandar al Ayuntamiento en vía civil, solicitar daños y perjuicios en vía civil, e impedir la defensa municipal alegando las razones en las que se fundamenta el contrato, que son de carácter administrativo, pero que, por la separación jurisdiccional, el juez civil sólo analiza a partir de esta firma. Y de hecho, el Ayuntamiento de Zamora, en los días inmediatamente anteriores, ha sido condenado al pago de gastos judiciales por introducir en vía civil una demanda reconvencional en los que, para analizar el contrato, se hacía imprescindible analizar las motivaciones en las que se basaba el mismo.

• La empresa lo que pretende es focalizar toda su defensa en la jurisdicción civil y ateniéndose exclusivamente a la validez del contrato firmado, como decimos, el 6 de marzo de 2007.

• El Ayuntamiento, por su parte, y teniendo en cuenta los informes de los que ya consta el expediente, alega los incumplimientos en los que ha incurrido la empresa UFC S.A. Efectivamente, la empresa UFC S.A. presenta una oferta contraviniendo el Pliego de Condiciones conociendo lo que se establece en cuanto a la obligación de su cumplimiento, y también firma un contrato siendo conocedora de las reservas legales y económicas (folios 348 a 360 e informe económico de 24 noviembre 2006) para la firma de este documento y, por si esta circunstancia no fuera suficiente, además, se firma el contrato privadamente sin asesoramiento jurídico alguno en este acto de firma y lo único que se lleva a cabo es la protocolización de ese contrato firmado ante un Notario de la plaza y en este acto de protocolización no se hace otra cosa que elevar a público un documento firmado sin ningún tipo de intervención legal sobre el contenido de lo firmado.

CUARTO.

ACTOS (de trámite, oferta de la empresa UFC, S.A. enero 2006); ACUERDO PLENARIO 2 FEBRERO 2006 Y CONTRATO MARZO 2007. GRAVEMENTE PERJUDICIAL PARA EL INTERÉS GENERAL.

La operación, según el informe económico-financiero del Jefe de Servicio de Hacienda, de 24 de noviembre de 2006 y 20 de noviembre de 2009, resulta nefasta para los intereses municipales, representando una pésima opción para estos intereses. Incluso operando con datos de la empresa UFC S.A. sobre el coste del vuelo y el suelo que no se comprueba por el Ayuntamiento, tampoco después del Pleno, aunque se solicita por la Secretaría al Técnico de Rentas. Lo que se colige de este informe económico del Jefe del Servicio de Hacienda, es que incluso todavía, analizando esos otros aspectos descritos, podría ser más onerosa para los intereses municipales, puesto que al rebajar los costes, obviamente se rebajará también la financiación de esos costes.

II.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.

VULNERACIÓN DE LA OFERTA PRESENTADA POR U.F.C. S.A. DEL ARTÍCULO 49.5 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (R.D.Leg. 2/2000 de 16 de junio):

Vulneración por la Empresa UFC SA. en su oferta de enero de 2006 del artículo 49.5 del TRLCAP, puesto que el contrato adjudicado se aparta de las condiciones fijadas en el Pliego de técnicas, dando lugar a una descaracterización del mismo, incluso considerando el margen de negociación que la directiva referida por el dictamen del Consejo Consultivo permitía a las partes, al no asumir los gastos de calefacción y refrigeración, al no asumir los gastos de vigilancia, al no asumir los gastos del IVA, al no asumir la inclusión de los locales 6 y 8 de C/La Reina.

Se descaracteriza el pliego. Así debe tenerse en cuenta los criterios objetos o condiciones a negociar que figura en la cláusula 9ª puesta en relación con el art. 92.3 del TRLCAP, como se aludía en los supuestos de hecho primero (pág. 2 de este informe).

De otro lado, la negociación no acabó el día 30 de enero de 2006 y sigue residenciada en el HECHO ACREDITADO PRIMERO. La Mesa de Contratación, que es optativa en los procedimientos negociados (art. 81,1 del TRLCAP 2/2000), no podría haberlo hecho porque el pliego debería haberlo previsto y no se hace (cláusula 13ª).

SEGUNDO.

VULNERACIÓN DEL ART. 116.3 DE LA LEY 33/2003 DE NOVIEMBRE, DE PATRIMONIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, ART. 11 DEL REGLAMENTO DE BIENES DE LAS ENTIDADES LOCALES, Y REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2000. ART. 172 EN RELACIÓN CON EL 103 DE LA C.E. COHONESTADO CON EL 3 DE LA LRJYPAC (EFICACIA ANUDADA CON EL PRINCIPIO DE EFICIENCIA), POR INEXISTENCIA DEL ACTO TRÁMITE ESENCIAL DEL INFORME ECONÓMICO.

Vulneración de los principios generales del Derecho de plasmación directa en el artículo 103 de la Constitución, como es el principio de eficacia administrativa, en la eficiencia, como bien refiere el Asesor Jurídico en informe de 17 de diciembre de 2009.

Los principios son fuente del Derecho, la principal fuente del Derecho; son el oxígeno del resto de las fuentes, son causa y también consecuencia, y anudados a estos principios generales del Derecho, puede citarse la infracción de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas o el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, entre otros, en sus arts. 116 u 11 para el segundo, entre otros preceptos concretos vulnerados.

El hecho es que el Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 2 de febrero de 2006, no pudo formar adecuadamente su voluntad adjudicando este contrato con todas las modificaciones introducidas al Pliego por la empresa UFC S.A., por carecer del acto trámite esencial, fundamental y básico, del informe económico-financiero que hiciera viable la operación. Al faltar este elemento conformador, los actos posteriores, incluido, como se dirá, el contrato, no pueden desplegar efectos.

TERCERO.

VULNERACIÓN DEL ART. 54 DEL TRLCAP Y CLAUSULA 16ª DEL PLIEGO DE TÉCNICAS Y 71 DEL REAL DECRETO 1174/87, POR FIRMARSE EL CONTRATO SIN RESPETARSE MATERIALMENTE EL DEBER DE ASISTENCIA JURÍDICA EN EL ACTO DE FIRMA:

En la firma del contrato, según el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y el Real Decreto 1174/87 de 18 de septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, puede obviarse la firma del Secretario, por la del Notario como fedatario público, pero siempre, como dice el dictamen del Consejo Consultivo de 30 de julio de 2009, si materialmente se cumple con la función que tiene el Secretario en esta firma. Es decir, garantizar la legalidad del documento. Y en el contrato de 6 de marzo de 2007, conociéndose las reservas legales también por la empresa, sin embargo, se firma privadamente sin control jurídico y posteriormente se protocoliza. Se puede prescindir del Secretario pero no de su función. El contrato no se firma ante la fe pública notarial y no se firma con el asesoramiento jurídico necesario, debiendo haber correspondido ésta, como se dice al Notario, hecho que no se produjo al acudirse exclusivamente a la protocolización del contrato ya firmado. Y se firma en marzo de 2007 cuando ya se había incorporado al expediente el informe del Arquitecto de 22 de diciembre de 2005 (se incorpora en noviembre de 2006) y se conocía el informe económico de 24 de noviembre de 2006. Y sin embargo la empresa firma el contrato con el Ayuntamiento.

En definitiva, se firma un contrato sin haberse perfeccionado, vulnerándose el art. 53 del TRLCAP, y la empresa UFC S.A. conocía este hecho. Y esto, aunque se mantenga la condición de contrato privado. Y, en todo caso, esta actuación de la actora, le impide hacer valer su pretensión al Ayuntamiento de cumplimiento de la obligación. Y este argumento encuentra su acomodo en los arts. 1124 y 1100 del Código Civil, en virtud de los cuales, conforme a una interpretación sistemática, quien solicita el cumplimiento de la obligación que genera el contrato debe acreditar haber cumplido con lo que le incumbe, circunstancia que en el presente negocio jurídico, esencialmente de carácter administrativo, la empresa, conociendo el incumplimiento de estas normas, por beneficiarla, firma el contrato y en el momento presente pretende exigir obligaciones a la otra parte que no debe asumir.

CUARTO.

LESIVIDAD ECONÓMICA Y LESIVIDAD JURÍDICA DE OFERTA DE ENERO DE 2006 PRESENTADA POR LA EMPRESA U.F.C. S.A. (ACTO TRÁMITE); ACUERDO DEL PLENO, COMO CONSECUENCIA, DE 2 DE FEBRERO DE 2006, Y TAMBIÉN COMO CONSECUENCIA, CONTRATO DE 6 DE MARZO DE 2006 Y CUYA INTERPRETACIÓN Y DUDAS QUE OFREZCA SU CUMPLIMIENTO CORRESPONDE AL AYUNTAMIENTO, CLAUSULA 6ª DEL PLIEGO:

La oferta presentada en enero de 2006 por la empresa UFC S.A. y el acuerdo plenario de 2 de febrero de 2006, al igual que el contrato de marzo de 2007, deben considerarse lesivos para el interés público en lesividad jurídica y lesividad económica y, en consecuencia, conforme la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, el Ayuntamiento debe declarar lesivos estos actos, teniendo la consideración el acuerdo que en su caso se adopte, de acto trámite. Significa lo dicho que el acuerdo plenario debe servir de base para formular demanda ante la jurisdicción contencioso-administrativa a tenor de lo referido en la Ley 29/98 de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, básicamente sus artículos 43 y 46.

Por las fechas transcurridas, debe tenerse en cuenta que los plazos de prescripción de acciones y, en consecuencia, la caducidad de estos plazos, es de cuatro años desde que se adoptó el acuerdo, y que ahora se informa se declare lesivo. Como pueden plantearse problemas procedimentales, pese a la interpretación literal del artículo 103.2 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, la Secretaría recomienda que se adopte el acuerdo municipal antes de la recepción en enero de la oferta presentada por la empresa UFC S.A. y, en todo caso, nunca después del 2 de febrero. Por lo que respecta a la presentación de la demanda, pese a que también parece claro en su interpretación literal de los preceptos aludidos, art. 43 y 46.5 de la Ley 29/98, lo cierto es que la Secretaría recomienda que, al tratarse el acuerdo plenario que se produzca de declaración de lesividad de un acto trámite, correspondería al Juzgado la resolución propiamente dicha. De ahí que para evitar conflictos que pudieran presentarse de carácter procedimental que pudieran desviar del objeto principal, se recomienda, si es que se aprueba por el Ayuntamiento la declaración de lesividad, que inmediatamente se notifique a la empresa UFC S.A. el resultado, se anuncie su presentación de demanda y se presente ésta para que, con todas las garantías jurídicas y procesales, se resuelva lo procedente.

CONCLUSIÓN se propone:

-Desestimar las alegaciones presentadas por la Empresa UFC, S.A., en noviembre de 2009 y enero de 2010, por quedar desnaturalizadas por los HECHOS ACREDITADOS PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO, con sus infracciones jurídicas reflejadas en los FUNDAMENTOS DE DERECHO correlativos PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO.

-Declarar la lesividad jurídica y económica para el interés público del acto de la empresa UFC, S.A. oferta presentada en enero de 2006; acto del pleno del Ayuntamiento de 2 de febrero de 2006 y, como consecuencia, el contrato firmado en marzo de 2007 para que se interponga Recurso Contencioso-Administrativo, notificando al interesado.

-Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la ejecución del presente acto.

V.I. con superior criterio resolverá.
Zamora, 11 de enero de 2010. EL SECRETARIO GENERAL

13 de enero de 2010
EDIFICIO MUNICIPAL
IU llevará los nuevos informes sobre el contrato a la Fiscalía

La conclusión de los informes es rotunda: La operación del edificio municipal casi dobló su valor económico sin ninguna justificación llegando a costarle al Ayuntamiento 52 millones de Euros

DE ESA CANTIDAD LOS TÉCNICOS CERTIFICAN UNA SOBREVALORACIÓN DE 24 MILLONES DE €, ES DECIR UNA SOBREVALORACIÓN DEL 46 %. LA OPERACIÓN, EN CONSECUENCIA “ES NEFASTA PARA LOS INTERESES MUNICIPALES” SEGÚN EL INFORME ECONÓMICO

LA PREGUNTA ES ¿FUERON MEROS ERRORES ADMINISTRATIVOS, O FUE UNA ESTRATEGIA DEL PARTIDO POPULAR Y SUS DIRIGENTES EN EL AYUNTAMIENTO PARA INFLAR LA OPERACIÓN Y TRANSFERIR DINERO A UNA EMPRESA “DE LA CUERDA” (RECORDAMOS IMPLICACIÓN DE UFC EN EL CASO GURTEL) DOBLANDO EL VALOR DEL CONTRATO SIN RESPALDO TÉCNICO?

LA TESIS DE IU ES QUE HUBO UNA PRESUNTA PREVARICACIÓN DEL ANTERIOR ALCALDE (HOY DIPUTADO), DE SU PRIMER TENIENTE DE ALCALDE, DE SU CONCEJAL DE ECONOMÍA (HOY DELEGADO TERRITORIAL DE LA JUNTA), SIN OLVIDAR AL CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL PP DE ZAMORA, YA QUE TODO ESTE MONTAJE NO PUDIERON SER MEROS ERRORES “ADMINISTRATIVOS”, SINO UNA ESTRATEGIA PREVARICADORA EN PERJUICIO DE LOS ZAMORANOS QUE EN ÚLTIMA INSTANCIA SON LOS QUE PAGARÍAN LOS DESMANES..

El esquema que presentan los informes es el siguiente:

1. EN EL 2004 SE DECIDE QUE LA OPERACIÓN SE HARÁ CON LA MERCANTIL REMESAL Y SALAS.

El valor de la oferta se cifra en 28 millones de € a pagar en 25 años, incluida la opción de compra final. Documentos:

2. VENTA DE LA OPERACIÓN A UFC EN 2005

Comienzan a urdirse los elementos del fraude eligiendo un contexto de procedimiento negociado sin publicidad, es decir, sólo se negociaría con la empresa elegida:

a. Se cambia el Pliego de Condiciones para introducir la ilegal revisión de precios que suponía aumentar la operación en 24 millones, situación no prevista en un principio. Primero se introduce el 2,5, pero no contentos con la cantidad acabó cifrándose en el 5 %, lo que supone transferir a la operación otros 24 millones.

b. Se blinda el negocio, suprimiendo lo que inicialmente decía el Pliego sobre “rescisión del contrato” pasando de rescisión pura y llana a los dos años si no se había realizado el edificio, a una serie de motivos más difusos y genéricos

c. Queda acreditado EL CAMBIAZO en el Pliego por la Intervención.

3. CON EL NUEVO PLIEGO DE CONDICIONES LA OPERACIÓN LLEGA A LOS 52 MILLONES EN LA ADJUDICACIÓN EN FEBRERO DE 2006

d. Ello es posible porque falta un Informe Económico que evalúe globalmente la operación. Existe a día de hoy ese informe que dice que la operación estaba sobrevalorada en 24 millones de €

e. La negociación se hace personalmente por Antonío Váquez y Ángel Macías de espaldas a los servicios técnicos municipales, e, incluso ocultándoles información básica. (Secretario pag. 5- 6- 7)

f. El Pleno d febrero de 2006 votó sin conocer todos los detalles de la operación, es decir, votó a ciegas. A favor el PP, en contra IU y abstención de PSOE y Adeiza.

4. FIRMA DEL CONTRATO

Contexto: se sobrevalora la operación caso al doble cambiando el Pliego sin que lo sepa la Oposición; Vázquez y Macías dirigen en expediente sin que los técnicos conozcan globalmente todos los apartados; el contrato no se firma hasta un año después al “desaconsejarlo” el Secretario.

La firma es un acto ilegal, firmado “sin la presencia del Secretario, o en su defecto sin la presencia de un Notario, y en consecuencia sin el asesoramiento legal”. La firma sólo da ventajas a UFC y muchos perjuicios económicos a las arcas municipales.

La firma ilegal del contrato blinda civilmente la operación, existiendo incluso una condena en costas para el Ayuntamiento al intentar demanda de reconvención para trasladar la causa al Juzgado de lo Contencioso


5. Conclusión: lesividad tanto económica como jurídica de la adjudicación del contrato del Edificio

LA OPERACIÓN NO PUEDE CALIFICARSE SINO COMO UN MONTAJE DEL PARTIDO POPULAR EN EL AYUNTAMIENTO, PARA TRANSFERIR DE FORMA ILEGAL CANTIDADES MILLONARIAS A UNA EMPRESA QUE YA ENTONCES, Y POR LO QUE AHORA DICEN LOS JUZGADOS (CASO GURTEL) TRABAJABA EN AYUNTAMIENTOS CON TRATO DE FAVOR DEL PARTIDO POPULAR; Y ASÍ FUE A NUESTRO JUICIO EN EL AYUNTAMIENTO DE ZAMORA, DÓNDE CLARAMENTE SE PREVARICÓ Y SE COMETIERON ILEGALIDADES EN EL CLARO DESEO DE FAVORECER A UFC.

¿FUE ESTO GRATUITO, ES DECIR, SIN CONTRAPRESTACIÓN? ES DIFICIL DE IMAGINAR. LOCALES Y SOLARES SOBREVALORADOS Y OPERACIÓN SOBREDIMENSIONADA EN UN CONTECTO DE ILEGALIDADES, SIGNIFICA QUE EL TEMA DEBE SER INVESTIGADO POR LA FISCALÍA.

LA PRESENTACIÓN DE ESTOS INFORMES EXIGEN LA DIMISIÓN INMEDIATA DEL DIPUTADO SR. VÁZQUEZ, DEL DELEGADO TERRITORIAL SR. DE CASTRO Y DEL CONCEJAL Y PRESIDENTE DEL PP SR. MAÍLLO.

LOS INFORMES PRESENTAN UNA SITUACIÓN DE ESTAFA ECONÓMICA (EN GRADO DE TENTATIVA) Y, EN CONSECUENCIA DE ESTAFA POLÍTICA, DE CARGOS DEL PARTIDO POPULAR SOBRE TODA LOS ZAMORANOS QUE, EN DEFINITIVA, ERAN LOS PAGANOS QUE IBAN A PAGAR LA NEFASTA Y DESATROSA OPERACIÓN PARA EL AYUNTAMIENTO EN BENEFICIO DE UNA EMPRESA VINCULADA EN MULTITUD DE IRREGULARIDADES EN ESPAÑA SIEMPRE VINCULADAS A ADJUDICACIONES DEL PARTIDO POPULAR.

AUNQUE TARDE, MUY TARDE, CUANDO LES HAN DEJADO, LOS FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO HAN HECHO SU TRABAJO Y LO HAN HECHO BIEN

8 de enero de 2010
EDIFICIO MUNICIPAL
¿En manos de quién estamos?

El Concejal de Seguridad Ciudadana dijo ayer en La Opinión que el asunto del Edificio Municipal prescribiría “como muy pronto en febrero y que el plazo de 10 días del que advierte IU es sólo para alarmar".

Lo que alarman son sus palabras. ¿No estarán jugando a las interpretaciones para dejar prescribir el Caso? A continuación reproducimos el Informe con propuesta de resolución del 24 de septiembre de 2009 que dio lugar a la votación en Pleno del inicio del expediente de anulabilidad del contrato una vez que el Consejo Consultivo dijo que ese era el camino.

Queda en él meridianamente claro que lo que hay que anular es el acuerdo de adjudicación del 2 de febrero de 2006 y la presentación de la plica por parte de UFC el 16 de enero. El informe pone en negrita y subrayado que hay que actuar con urgencia debido al poco tiempo que queda para que se cumplan cuatro años. La mera presentación de la plica, que había sido solicitada por el propio Ayuntamiento, por parte de UFC genera derechos ya era un procedimiento negociado sin publicidad con esa empresa

Esperemos que el Concejal de Seguridad haya hablado por boca de ganso ya que no es un tema que lleve él, aunque no deja de ser el Portavoz del Grupo. Quizás no se ha parado a pensar que como la acción prescriba la responsabilidad política del caso ya no será de “los anteriores”, sino de él y de La Alcaldesa,

7 de enero de 2010
EDIFICIO MUNICIPAL
El contrato del edificio municipal se elevó de 30 a 52 millones de forma ilegal ¿a qué espera la fiscalía para actuar?

Faltan sólo diez dias para que prescriba el intento de anular el contrato del edificio municipal. La Comisión y el Pleno deben convocarse ¡Ya!

IU COMUNICARÁ A LA FISCALÍA LOS NUEVOS E IMPORTANTES DATOS DE LOS NUEVOS INFORMES

LA IDEA POLÍTICA CENTRAL DE IU, ANALIZADOS LOS ÚLTIMOS INFORMES TÉCNICOS, ES LA SIGUIENTE: AL MARGEN DE LA SOBREVALORACIÓN DEL SUELO QUE EL GRUPO DE IU YA HA TRASLADADO A LA FISCALÍA, EXISTIÓ UNA MAQUINACIÓN ENTRE LOS POLÍTICOS DEL PP EN EL AYUNTAMIENTO Y UFC (empresa que en esos momentos tenía trato de favor del PP en toda España que ahora está investigando la Fiscalía –Caso Gurtel-) PARA ELEVAR LA OPERACIÓN DE LOS 30 MILLONES INICIALES (según la primera oferta presentada por Remesal y Salas) A LOS 52 MILLONES EN EL TRANSCURSO DE LOS 25 AÑOS, CAMBIANDO EL PLIEGO DE CONDICIONES E INTRODUCIENDO CLAUSULAS ILEGALES. LOS NUEVOS DATOS EXIGEN LA INMEDIATA INTERVENCIÓN DE LA FISCALÍA DE FORMA COMPLEMENTARIA AL INTENTO DE ANULACIÓN DEL CONTRATO

Nuevos datos acreditados:
- “Cambiazo” en el Pliego de Condiciones
- Se contraviene la Ley de Contratos en la revisión de precios
- Se califica la operación “nefasta” para las arcas municipales.
- La firma del contrato fue un acto ilegal y contrario al interés municipal

IU ha denunciado en la Fiscalía el sobreprecio de los locales y solares de la C/ La Reina y Ramón Álvarez para hacer el Nuevo Edificio Municipal. Ha pedido seguir la pista del dinero por si se hubieran pagado con esos sobreprecios comisiones a políticos. IU llevará también al Fiscal los nuevos datos derivados de los informes que se han confeccionado para intentar anular el contrato en los Juzgados. Los nuevos datos son los siguientes.

1. Queda acreditado que hubo “un cambiazo” del Pliego de Condiciones.

Algunos de los nuevos Informes manifiestan y certifican que el Pliego que se llevó a Comisión Informativa en septiembre de 2005 no era el mismo Pliego que se informó días antes de ser dictaminado en esa Comisión.

De hecho y como se recordará, IU denunció poco después de adjudicarse el contrato en febrero de 2006 que se había producido el cambiazo y que a los Grupos de Oposición se nos había entregado un Pliego de Condiciones que, posteriormente, fue cambiado en algunos de sus apartados momentos antes de la Comisión Informativa que lo dictaminó sin que se nos informara de ello.

El “cambiazo” se refiere a los siguientes asuntos:

- Se cambia la revisión de precios del contrato, pasando del 2 % durante los 10 primeros años y del 2,5 % durante los 15 siguientes, al 4,5 % durante los primeros diez años y el 5 % durante los 15 siguientes. Existe un claro deseo por parte de alguien de dar dinero de forma ilegal a UFC.

- Se cambia la cláusula de la resolución del contrato. Se ponía en el primer Pliego de forma meridianamente clara que una causa de resolución sería si transcurrían 2 años desde la firma del contrato sin entregar el nuevo edificio; en el segundo Pliego se suprime esta causa de resolución aludiendo sólo a causas más genéricas que tendrían que evaluar los Juzgados. Se trataba en definitiva de “blindar” la operación económica.

Si un Informe acredita que hubo un “cambiazo” del Pliego momentos antes de ser votado en Comisión la Fiscalía deberá de investigar quien fue el autor material y quién permitió que se llevara a efecto.

Hay que tener en cuenta que:

a. estamos hablando de muchos millones de € en el tema de la revisión de precios de la renta anual.

b. Pero también de que el blindaje del contrato es lo que ahora permite a UFC pleitear en el Juzgado de lo Civil solicitando al Ayuntamiento de Zamora 2 millones de € de indemnización por incumplimiento de contrato, y que es muy posible que gane la empresa al margen de que el Ayuntamiento persiga y consiga la anulación del procedimiento en el Juzgado de lo Contencioso.

2. Incumplimiento de la Ley de Contratos en la revisión de pecios.

Además del “cambiazo” del Pliego, a nuestro juicio de forma maliciosa y en un acto claro de prevaricación, queda acreditado en los informes que se introdujo la revisión de precios, incluso la inicial del 2 % durante los primeros 10 años y del 2,5 % durante los siguientes 15, contraviniendo la Ley de Contratos del Estado vigente en el momento de la adjudicación que prohibía expresamente la revisión de precios en los contratos de arrendamiento financiero con opción de compra.

Lo más grave del asunto es que la primera oferta de este edificio en C/ Ramón Álvarez y C/ La Reina que provenía de la inmobiliaria Remesal y Salas y tal y como consta en el expediente no contemplaba la revisión de precios y, en consecuencia, mantenía una renta fija del inmueble durante los 25 años. Las intervenciones en Comisión y en Pleno de Alberto de Castro y de Ángel Macías así lo acreditan.

Es al vender la oferta Remesal y Salas a UFC cuando se introduce esta revisión de precios no contemplada en un principio. El asunto es central en la declaración de lesividad por parte del Pleno ya que supone pasar de una operación de 30 millones en 25 años (renta anual fija e invariable más opción de compra) a una operación de 52 millones en el mismo periodo. Es decir, la operación de forma fraudulenta se encareció un 30 %.

La Fiscalía debe investigar quién ordenó introducir esta cláusula una vez vendida la operación a la mercantil implicada en el Caso Gurtel.

3. Los informes hablan de una operación “nefasta” para las arcas municipales

Es consecuencia de lo dicho anteriormente. Hay que tener en cuenta que el mismo Partido Popular en su defensa ahora en los Juzgados por la demanda de UFC habla de “locales y solares sobrevalorados”, cuestión que IU ha trasladado ya a la Fiscalía.

UFC, una vez que Remesal y Salas le vende los derechos, presenta una oferta con un presupuesto que establecía un gasto de casi 9 millones en la compra de locales y solares y de 4,5 millones como gasto en la ejecución del edificio. En total 13 millones y medio de inversión que se convertirían en ¡52 millones! de negocio en el transcurso de los 25 años.

El negocio no sólo era redondo, sino incluso abusivo y extraordinariamente lesivo. No es de extrañar que ahora los informes hablen de operación “nefasta” para el Ayuntamiento.

La Fiscalía debe aclarar como de una operación que se presentaba en un principio como bondadosa, y mantenida públicamente en esos términos por el aparato político del Ayuntamiento en 2005 y 2006, hemos pasado a una operación nefasta a juicio de los funcionarios municipales.

Además de estos hechos nuevos que da a conocer IU, y que son la base del proceso de lesividad, queremos remarcar que sí puede existir una derivación penal achacable exclusivamente al ámbito político de la anterior Corporación centrada en todos y cada uno de los concejales del Partido Popular, pero muy especialmente en Antonio Vázquez, Ángel Macías, Alberto de Castro y Fernando Martínez en su calidad de presidente del Partido.

No puede pasarse por alto el acto de firma del contrato el 6 de marzo de 2007, poco antes de las elecciones municipales. La firma del contrato supone un acto añadido de prevariación ya que el Alcalde y el Teniente de Alcalde Ángel Macías habían sido advertidos por los funcionarios de que no podía firmarse en las condiciones que quería UFC.

Contraviniendo todos los Informes, se firma el contrato y es precisamente esa firma la que hace posible que en estos momentos UFC mantenga una demanda contra el Ayuntamiento de Zamora por incumplimiento de contrato pidiéndonos 2 millones de indemnización.

En el mejor de los casos, es decir que el Juzgado aceptara previa declaración de lesividad del Pleno, la anulación del proceso de adjudicación del edificio y anulación del contrato, quedaría claro que el Ayuntamiento de Zamora tendría que indemnizar a UFC por los gastos ocasionados por un acto administrativo (el contrato) que le otorga unos derechos, además de haber confeccionado el Proyecto.

El Juzgado de lo Civil mantiene, eso sí ahora con la oposición del Ayuntamiento, la demanda por daños y perjuicios ya que UFC, empresa implicada en la trama Gurtel, mantiene unos derechos que le otorgó el Teniente de Alcalde Ángel Macías, previa delegación del Alcalde, con una firma en contra de los informes municipales.

Queda claro que aun ganando la anulación del procedimiento y del contrato, al Ayuntamiento de Zamora le quedaría la inevitable indemnización por daños y perjuicios. Esa es la razón por la que IU hace tiempo que vio como inevitable que este caso fuera conocido por la Fiscalía en aras de establecer responsabilidades personales de políticos, pero también para que se viera el Caso del Edificio Municipal” como un caso de trama de corrupción política y empresarial para que en ningún caso fueran pagadas indemnizaciones a una empresa que parece haber maquinado desde el principio para esquilmar las arcas municipales con la connivencia de los políticos del PP en el Ayuntamiento de Zamora

14 de diciembre de 2009
EDIFICIO MUNICIPAL
Los informes técnicos ratifican que el PP duplicó el precio del alquiler de manera integral

Queda tan sólo un mes para anular el contrato

Unido a la sobrevaloración de terrenos que ya ha sido admitida, demuestran la “estafa” de la operación, y deben tener consecuencias para sus responsables políticos. Por ello el equipo actual está dejando pasar el tiempo.

Queda tan sólo un mes para que prescriba el intento de anular la adjudicación y el contrato del Edificio Municipal. Algunos informes imprescindibles y necesarios para ello todavía no se han realizado, con lo que empieza a peligrar la posibilidad de anular por prescripción. La Alcaldesa nos consta que está asustada y sin saber por dónde salir a la vista de lo que se va conociendo y que implica directamente a los dirigentes de su partido.

Los mismos informes necesarios para declarar la lesividad de la adjudicación y del contrato pueden ser la base de acusaciones penales contra concejales y exconcejales del Partido Popular, además del camino emprendido por nuestro Grupo para que se investiguen los flujos de dinero en la compra de los locales y solares sobrevalorados.

La Alcaldesa comienza a tener miedo de las conclusiones internas de los informes, y por ello, todo al día de hoy está parado. Queda un mes, pero hay que terminar de hacer los informes, convocar la Comisión de Economía, dar audiencia a UFC y convocar el Pleno que vote la lesividad. Podemos llegar tarde.

Los informes pueden poner de manifiesto ilegalidades que sólo pueden interpretarse como un intento de estafa a gran escala al Ayuntamiento del propio Partido Popular.

La Ley prohíbe, y prohibía, la revisión de precios en los arrendamientos financieros con opción de compra; sin embargo se estableció una leonina revisión de precios que llevaba a que los 893.000 € de la renta anual del primer año se convirtiera en 2.265.987 € en el año nº 25. La Ley dice que la renta debía ser la misma en los 25 años, pero acababa multiplicándose casi por 3. Esta ilegalidad que ahora se pone de manifiesto hacía que el negocio para la concesionaria casi se duplicara llegando a los 52 millones de €.

A la Alcaldesa le ha entrado miedo de que ella misma acabe destruyendo a su partido si se llegan a hacer todos los informes del Edificio Municipal. El “Caso del Edificio Municipal” puede ser un tsunami para el PP. No es un problema de la Ciudad, sino un problema del PP. El Ayuntamiento y la Ciudad necesitan anular la adjudicación y el contrato. Si por el desagüe se van también concejales, Alcaldes, Presidentes y Secretarios del PP simplemente se lo han buscado.

Si la Alcaldesa deja prescribir la acción será ella la que acabe denunciada por nuestro Grupo por prevaricación ante la Fiscalía.

El escrito que registramos hoy a primera hora en el Ayuntamiento es el siguiente:

FRANCISCO GUARIDO VIÑUELA Portavoz del Grupo Municipal de IU a la Sra. Alcaldesa realiza las siguientes consideraciones y propuestas.

CON RELACIÓN A LA ADJUDICACIÓN Y FIRMA DEL CONTRATO DEL EDIFICIO DE OFICINAS MUNICIPALES QUE EL AYUNTAMIENTO PRETENDE ANULAR

Sra. Alcaldesa: estamos intentando anular el proceso de adjudicación y el contrato ilegal con UFC para hacer el Edificio de Oficinas Municipales desde el mes de septiembre de 2007. Han pasado casi dos años y medio en el que Vds., el PP, no dan pie con bola (no sabemos si por ineficacia o porque no tienen mucha voluntad) a la hora de enfocar los trámites. Estamos a 14 de diciembre, y queda exactamente un mes para que prescriba toda acción del Ayuntamiento para intentar anular.

Desde nuestro Grupo estamos profundamente preocupados, ya que vemos pasar las semanas y no se avanza. El Secretario del Ayuntamiento en su último informe manifestó la “urgencia necesaria” de los trámites para anular la adjudicación del 6 febrero de 2006, pero también aludía a la oferta de UFC de 16 de enero de 2006; es decir, se marca la fecha del 16 de enero de 2006 como primera fecha clave a partir de la que hay que contar 4 años como marca la Ley.

Desconocemos si se han solicitado y realizado todos los informes que ordenó el Pleno del 6 de noviembre de 2009 en el que se iniciaba el “expediente de lesividad” (Jefe del Servicio de Hacienda e Interventor), que unidos a los informes existentes armarían de forma consistente la decisión de los Concejales de presentar la lesividad en el Juzgado de lo Contencioso. Pero a día de hoy vemos negros nubarrones ya que el tiempo se nos echa encima. Hay que hacer los informes, convocar la Comisión de Economía y Hacienda, votar un dictamen y convocar el Pleno. A ello hay que añadir que la Ley de Procedimiento Administrativo, una vez declarada la lesividad, prescribe y hace imprescindible un trámite de audiencia al interesado (UFC) para el que se dan plazos de 15 días.

Sra: Alcaldesa: NO LLEGAMOS…Y LA ACCIÓN PRESCRIBE.

Por ello nuestro Grupo le requiere máxima celeridad advirtiéndole que si llegara a prescribir la acción pondríamos los hechos ante la Fiscalía General del Estado donde hemos denunciado todo el proceso, acusándoles, a todos los concejales del Partido Popular, y a Vd. en particular, de presunta prevaricación.

Si prescribiera la acción no sólo deberíamos de acometer el contrato valorado en 52 millones a lo largo de 25 años, sino que también tendríamos que indemnizar a UFC en la cantidad que nos pide en el Juzgado de lo Civil de Zamora. No solamente su crédito está en entredicho, sino el de todo el Partido Popular con su Presidente y Concejal del Ayuntamiento a la cabeza, y su Secretario General y antiguo Concejal, por no hablar del anterior Alcalde y ahora diputado. Se lo decimos porque después de todas las ilegalidades que hemos conocido sobre este contrato, ahora resulta que en el Pliego de Condiciones se metió una cláusula por la que se le regala a UFC cantidades de millones de € de forma absolutamente ilegal y que por supuesto nosotros comunicaremos a la Fiscalía.

Nos referimos al tema de la “revisión de precios del contrato” que se estipulaba en el contrato un porcentaje de 4,5 % durante los primeros 10 años y el 5 % durante el resto. La revisión de precios en los contratos de arrendamiento financiero con opción de compra está expresamente prohibido por la Ley. Le transcribimos el Art. 77 de la Ley de Contratos del Sector Público y que aparecía con la misma redacción en la Ley del año 2000:

LEY 30/2007, de 30 de octubre, de CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO.
Revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas

Artículo 77. Procedencia y límites.

1. La revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas tendrá lugar, en los términos establecidos en este Capítulo y salvo que la improcedencia de la revisión se hubiese previsto expresamente en los pliegos o pactado en el contrato, cuando éste se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por 100 de su importe y hubiese transcurrido un año desde su adjudicación. En consecuencia, el primer 20 por 100 ejecutado y el primer año de ejecución quedarán excluidos de la revisión.

No obstante, en los contratos de gestión de servicios públicos, la revisión de precios podrá tener lugar una vez transcurrido el primer año de ejecución del contrato, sin que sea necesario haber ejecutado el 20 por 100 de la prestación.

2. La revisión de precios no tendrá lugar en los contratos cuyo pago se concierte mediante el sistema de arrendamiento financiero o de arrendamiento con opción a compra, ni en los contratos menores. En los restantes contratos, el órgano de contratación, en resolución motivada, podrá excluir la procedencia de la revisión de precios.

3. El pliego de cláusulas administrativas particulares o el contrato deberán detallar, en su caso, la fórmula o sistema de revisión aplicable.

Es decir, se proyectaba una estafa tan monumental como burda, ya que se basaba en un Pliego totalmente ilegal en lo económico. Tome Vd. nota de estos datos:

1. La Ley dice que no es aplicable la revisión de precios, es decir, si la renta anual empezaba en 893.000 €, así debía terminar hasta el año 25. Incluso algún miembro del PP en aquella época dijo, con buen criterio, que la renta iría desfasándose por este motivo.

2. Aplicando las condiciones que Vds. impusieron finalmente, con una revisión de precios del 4,5 % durante los primeros 10 años y del 5 % durante los restantes 15, resulta que la renta de 893.000 € del primer año se convertiría en una renta de 1.294.850 € en el año nº 10 y en una renta de 2.265.987 € en el año 25; es decir, y en definitiva, estábamos casi doblando la operación con la ilegal revisión de precios. Las rentas anuales y la opción de compra no debían ser los famosos 52 millones, sino poco más de la mitad.

Le damos todos estos datos para que comprenda la gravedad del asunto y con carácter inmediato se convoque la Comisión de Economía y, posteriormente, el Pleno. De lo contrario recaerá sobre Vd todo el peso de la responsabilidad, que a estas alturas no dudamos que tiene una parte administrativa a la que el Ayuntamiento tiene que hacer frente, pero también puede existir una parte penal para los que fueron coautores de este intento, cuando menos, de presunta estafa al Ayuntamiento, sin perjuicio de que las sobrevaloraciones de los terrenos, ahora admitidas por el PP, puedan haber servido supuestamente para comprar voluntades.

8 de noviembre de 2009
PLENO
IU muestra los datos concretos sobre la sobrevaloración del suelo en la operación del nuevo edificio municipal

En algún caso el precio aumentó y se pagó el doble en un solo año; y en otro se multiplico en valor por 9 en un plazo de diez años

El PP reconoció por primera vez la “notable sobrevaloración del suelo” en la operación del Nuevo Edificio Municipal. Lo hizo en la defensa jurídica del pleito en el Juzgado de lo Civil ante la demanda interpuesta por la mercantil UFC. El PP y la Alcaldesa se dan cuenta ahora de ello, y eso está bien, aunque cabe preguntarse por qué no se dieron cuenta (sus compañeros de partido) en el momento.

Previamente hay que decir que la opción elegida por Vázquez y Macías era la presentada por la inmobiliaria Remesal y Salas sobre solares y locales en C/ Ramón Álvarez y C/ La Reina, sobre los que tenían una opción de compra a su favor. Posteriormente Remesal y Salas venden esa opción a UFC. En la operación de compraventa de locales y solares aparecen mezclados las dos mercantiles.

Algunos datos concretos son los siguientes:

1. DOS VIVIENDAS EN LA PLAZA SAGASTA. EL DOBLE EN UN AÑO.

La casa situada en la C/ Ramón Álvarez, nº 7 se compra por UFC en 1.923.211 €. Se paga una parte en metálico y la otra con dos viviendas en la Plaza de Sagasta, nº 5 valoradas en 570.961 € globalmente.

Pues bien, esas dos viviendas que se valoran en el año 2006 (a principios de ese año se hace la operación) en 570.961 €, habían sido adquiridas un año antes por Remesal y Salas por el precio de 252.425 € según consta en el Registro de la Propiedad. En un año doblan el valor. Es verdad que fueron arregladas y tuvieron reformas que todos pudimos ver ya que los contenedores de obra se situaron en la misma plaza. Los técnicos municipales recibieron orden de agilizar al máximo las licencias de obra ya que tenían que ser entregadas en abril de 2006

2. ANTIGUOS LOCALES DE LOS RESTAURANTES ESPAÑA Y POZO DE LA C/ RAMÓN ÁLVAREZ

Fueron adquiridos por UFC en 2.300.000 €, IVA incluido. Según las escrituras el IVA tenía que ser repercutido por los vendedores a la Agencia Tributaria, por lo que la venta neta se sitúa en la cifra de 1.983.339 €. Los locales tienen 284 y 236 m2

Ambos locales según las notas del Registro de la Propiedad tienen la siguiente evolución:

Restaurante Superficie Valoraciones Venta a UFC
España 284 m2 En 1994: se vende por 120.000 € Ambos locales de forma conjunta se venden por 2.300.000 € IVA incluido a cargo de los vendedores. multiplicaron por 9 su valor en aproximadamente 10 años
Pozo 236 m2 En 1998 se vende por 132.000 €

Para nuestro Grupo son dos casos claros de sobrevaloración que ahora reconoce el PP. La sobrevaloración del suelo naturalmente repercutía en el precio final de toda la operación. ¿Por qué se empeñaron en seguir con el contrato Vázquez y Macías?. Todo este asunto tiene muy mala pinta.

El objetivo ahora es anular el contrato, pero también habría que investigar todas las operaciones de compraventa que se hicieron, incluidos los patrimonios de todos los concejales que acabaron mandato en mayo de 2007.

7 de noviembre de 2009
PLENO
El chanchullo del edificio municipal

Intervención del Portavoz de IU en el Pleno del día 6 de noviembre sobre la anulación del contrato con UFC

Todos los Grupos estamos de acuerdo de anular el contrato. También vds. Pero vds. metieron al Ayuntamiento en esto y vds. tendrán que sacarlo.

En el Pleno de septiembre de 2007 se aprueba una Moción de IU para “revisar el contrato del Edificio Municipal”.

Como las cosas de palacio van despacio no fue hasta julio de 2008 cuando el Pleno acuerda el procedimiento a seguir para ello, iniciándose el expediente de nulidad radical del procedimiento y del contrato firmado con UFC, dando trámite de audiencia a la empresa y remitiendo el expediente para informe al Consejo Consultivo.

Fue tan desastroso todo el proceso emprendido, con devoluciones del Consejo Consultivo y nuevas remisiones del Ayuntamiento, que tuvo que pasar otro año para saber que el procedimiento de nulidad radical no era el correcto, es decir, que el Equipo de Gobierno se equivocó una vez más, comunicación que hace el Consultivo el 5 de agosto de este año, y, diciéndoles que había que emprender el expediente de anulabilidad del procedimiento y del contrato. Se equivocaron de camino. El camino correcto era el que ahora se emprende, el de declarar lesivo y contrario a los intereses de los zamoranos el contrato, y que IU defendió en el Pleno de julio de 2008.

Han pasado dos años y estamos en el mismo lugar que al inicio del mandato, mientras que la empresa UFC sí ha hecho algo: plantear una demanda por incumplimiento de contrato con una indemnización que avanza a razón de 33.000 € al mes y que supera ya los dos millones de € (aparte de su intención de ejecutar el contrato).

Pero algo sí tenemos claro:

El hecho de que el contrato firmado no reflejara exactamente lo acordado por el Pleno no es motivo suficiente para anular el contrato al ser un procedimiento negociado, es lo que dice el Consejo Consultivo, aunque es evidente que los cambios introducidos tuvieron que ser de nuevo validados, o no, por el Pleno, cosa que no se hizo.

El contrato privado firmado por el Sr. Macías en nombre del Ayuntamiento se firmó con nocturnidad y alevosía sin la presencia del Secretario y sin la presencia del notario, es decir sin la presencia de nadie que velara por la legalidad. El Notario se limitó a su protocolización cobrando una minuta de 6.000 €. Los informes indican que es un contrato privado firmado privadamente, sin control de legalidad y nulo de pleno derecho.

No hay ni un solo informe de los muchos que contiene el expediente que dé luz verde al contrato firmado, o que no critique abiertamente la operación, eso sí, a posteriori; alguno después del Acuerdo de adjudicación de febrero de 2006 y bastantes informes en contra después de la firma del contrato en marzo de 2007.

Sólo queda a juicio del Consultivo un camino: el de la anulabilidad del contrato declarándolo lesivo para el interés general del Ayuntamiento y de los zamoranos, procedimiento que caduca dentro de dos meses al haber transcurrido desde el Acuerdo de la Mesa de Contratación 3 años y 10 meses.

Nuestro Grupo no puede entender por qué se firmó un contrato en marzo de 2007 que debería reflejar lo acordado por el Pleno en febrero de 2006, y que sin embargo no fue así, extralimitándose el Teniente de Alcalde del PP Sr. Macías tanto desde el punto de vista formal o jurídico como desde el punto de vista político.

Después de dos meses del acuerdo plenario y casi un año antes de la firma del contrato, el Secretario del Ayuntamiento enviaba una misiva al Alcalde que se titulaba “Observaciones al contrato firmado”, en la que se decía que ya estaba elaborado el borrador del contrato, pero que quedaban algunos “escollos” por resolver como era que no se podía incluir el IVA de la opción de compra a costa del Ayuntamiento, ni tampoco el pago de la plusvalía, los gastos de seguridad del edificio y los de calefacción. Se firmaba la comunicación el 26 de abril de 2006 a las 13:00 h. y decía “espero respuesta”. Estamos hablando de casi tres millones de € más.

La respuesta fue firmar el contrato privado “en privado”, como dice la propuesta que se trae a Pleno, sin control de legalidad, y después elevarlo a público, única manera de poner en el documento lo que querían el Alcalde y el Sr. Macías, en una operación que ahora se dice por el PP que está “notablemente muy sobrevalorada” incluso en el precio del suelo.

Cabe preguntarles si en 2006 el Partido Popular también estimaba que era una operación sobrevalorada, o no. Si los concejales aquí presentes del PP que compartieron bancada con Antonio Vázquez y con el Ángel Macías pensaban entonces lo que piensan ahora. Cabe preguntarle, por ejemplo, al Concejal y Presidente del Partido Popular aquí presente, si era razonable meterse en una operación en la que se iba a comprar locales comerciales a 6.000 € el m2, cuando los locales adquiridos para la sede de su Partido se pagaban en la misma fecha a 400 € el m2. Que la sobrevaloración repercutía en la renta a pagar por el Ayuntamiento era un hecho.

El acuerdo del Pleno de febrero de 2006 se produjo a ciegas, sin disponer de todos los informes que se emitieron después, y, en consecuencia, un acuerdo, sólo con los votos del PP, erróneo en la forma y en el fondo. Después del acuerdo y antes de la firma del contrato se emite el 26 de noviembre de 2006 un Informe del Jefe del Servicio de Hacienda en el que se afirma que la operación está sobrevalorada un 30 % en sus costes. Un Informe de 20 de enero de 2007 del Secretario Municipal desaconseja la firma del contrato. Pero después son varios los informes que iluminan esta operación (la lástima es que no se emitieran antes de febrero de 2006):

Un informe del Interventor de 22 de mayo de 2008 habla de un contrato privado firmado por órgano manifiestamente incompetente al no ejecutar el acto administrativo acordado por el Pleno, sino un inexistente acto posterior de renegociación de términos, y no subsanable por la protocolización ante fedatario público ya que manifiestamente la empresa no aceptaba las condiciones de los pliegos aprobados por la Corporación.

Un Informe de la Jefa del Servicio de Contratación y del Jefe del Servicio de Patrimonio dice que la oferta de UFC no aceptaba el Pliego al endosar el IVA al Ayuntamiento, cosa sobre la que se había incidido desde el primer día, y que procede declarar lesivo el contrato.

Un Informe del Secretario de 29 de septiembre de 2009 incide en que el contrato se firmó “privadamente”, sin los controles de legalidad, y en consecuencia, dice, procede la declaración de lesividad para su anulación así como la anulación también de los actos previos como eran la oferta de la empresa y el acuerdo de Pleno de febrero de 2006.

solares

CONCLUSIONES POLÍTICAS DEL GRUPO MUNICIPAL DE IU

El Acuerdo de Pleno de febrero de 2006 adjudicando el Edificio de Oficinas Municipales con los votos en contra de IU, afirmativos del PP y la abstención del resto de los Grupos, fue tomado sin todas las garantías, informes e información necesaria. Un expediente elaborado por el PP incompleto, votando vds. en solitario y sin saber lo que votaban, ya que como luego se ha demostrado faltaban informes, y especialmente un informe económico global sobre la operación, metiendo el PP al Ayuntamiento de hoz y coz en una operación antieconómica que sólo debían conocer Antonio Vázquez y Ángel Macías.

Cuando se reconoce el error por los funcionarios, con denuncias públicas, un día sí y otro también, de nuestro Grupo, y se intenta reconducir la situación, bien llevando de nuevo el asunto al Pleno, o bien declarando lesivo el acuerdo, el Sr. Macías como Teniente de Alcalde firma el contrato con UFC y se va derecho a un Notario a protocolizarlo, siendo consciente de que en contrato se endosaban al menos 3 millones de € más a favor de UFC que el Pleno no aprobó, siendo la parte principal el impuesto del IVA que pasaba a ser asumido por el Ayuntamiento. A ello hay que añadir el cambiazo de la hoja 5 del Pliego de Condiciones a última hora y por la puerta de atrás para que nadie se enterara, y que permitía pasar la revalorización anual de la renta de 2,5 anual al 5 %. Ello suponía varios millones más de € a favor de la empresa.

Vds. votaron a ciegas, pero el Sr. Macías y el Sr. Alcalde anterior NO. Se empeñaron en cerrar el contrato leonino antes de las elecciones para dejarlo todo atado y bien atado, y lo consiguieron. Ahora nuestra misión es deshacer lo andado, anular una operación catastrófica para el Ayuntamiento. Y a renglón seguido llevar el caso al Fiscal para que lo investigue por que esto huele que apesta. ¿Por qué ese empeño del Sr. Macías en firmar? Vds. reconocen ahora que los solares y los locales estaban sobrevalorados. Algunos se pagaron a millón de pts. el m2. Cuando hay sobrevaloraciones en solares o construcciones en los casos que están saliendo el los medios, por detrás suele haber alguien poniendo el cazo.

En febrero de 2006 esta Corporación votó (votaron los del PP) a ciegas. Eso no les exime de responsabilidad política. Ahora tenemos más luz para intentar anular el procedimiento y el contrato. Pero también para pedir responsabilidades a sus antiguos compañeros que se empeñaron (decían que por el bien de Zamora, tiene gracia) en firmar.

IU se va abstener en la votación. Vds. nos han metido en esto y vds. tienen la obligación política de sacarnos. Creemos que es el de ahora el camino que se debió emprender desde el principio: “la declaración de lesividad” y llevar el asunto al Juzgado para que el Juez estime si realmente el contrato era una operación contraria al interés general. Eso es lo que defendimos en solitario en el Pleno del 8 de julio de 2008 en el que se acordó iniciar el camino de la nulidad manteniendo que el procedimiento administrativo no había sido el correcto, y lo decíamos porque el problema no es de procedimiento, la culpa no es que haya sido de los funcionarios (aunque alguna responsabilidad tienen), sino que el problema es de fondo: es una mala operación que tenemos la obligación de intentar anular.

3 de noviembre de 2009
EDIFICIO MUNICIPAL
La alcaldesa desautoriza al Equipo anterior del Ayuntamiento admitiendo que los solares del edificio municipal estaban "muy sobrevalorados" con relación al precio del mercado

UFC solicita, ademas de la demanda principal de 1.382.000€, la cantidad de 33.000€ mensuales por daños y perjuicios

recurso

NO deja de sorprender la defensa que realiza en los Tribunales el Equipo de Gobierno (a la izquierda) y la Alcaldesa sobre la demanda que ha interpuesto UFC por daños y perjuicios ante el incumplimiento del contrato. En el escrito de defensa en el Juzgado de lo Civil de Zamora (procedimiento731/2008) el Ayuntamiento plantea lo siguiente teniendo en cuenta que la demanda de UFC se fundamente, entre otros aspectos, en el hecho de que ya había adquirido el suelo para realizar el Edificio de Oficinas

“Señalar que UFC no participó desde el inicio en esas ofertas previas, ni fue destinataria directa de la oferta que el Ayuntamiento hizo llegar a distintas inmobiliarias, ni se presentó de manera directa al proceso de selección, ya que compró los derechos que tenía la mercantil REMESAL Y SALAS S.A. que sí había presentado su propia oferta…”

El Exmo. Ayuntamiento de Zamora no le encomendó (a UFC) las compraventas citadas (los solares y locales en la C/ Ramón Álvarez y C/ La Reina para realizar un edificio de 4.100 m2 de edificabilidad), ni había suscrito documento alguno que amparara la citadas adquisiciones con la finalidad de ser destinadas al Edificio Municipal que se estaba “tratando de crear”. “En segundo lugar y vistos los precios de las compras en las respectivas escrituras, es evidente que los inmuebles, todos ellos, están sobrevalorados, habiéndose pagado por ellos un precio notablemente muy superior al del mercado, quizás en la creencia de que asegurándose una operación con el Ayuntamiento de Zamora, aunque pagara un precio elevado, obtendría una rentabilidad superior.”

La inversión que realizó la empresa UFC en solares y locales fue según la oferta presentada en el Ayuntamiento de 6.800.000 de € para hacer un edificio de 4.100 m2, lo que suponía un precio de repercusión del suelo por m2 de edificio de unos 1.700 €, cantidad totalmente desorbitada tal y como denunció en su día IU. Ahora la propia Alcaldesa lo viene a reconocer en la defensa del Ayuntamiento ante UFC: “precio notablemente muy superior”

Lo importante es lograr la anulación del contrato y quitar el baldón que tiene el Ayuntamiento, pero a continuación habrá que llevar a la Fiscalía todo el expediente. ¿Cómo es posible que ahora el PP admita que el suelo estaba muy sobrevalorado, mientras que anteriormente sostenía que la operación era muy rentable? Hay que tener en cuenta que el cuadro financiero que presenta la empresa para el cálculo de las rentas y de la opción de compra final el precio del suelo es un factor fundamental. El edificio nuevo a precio de 2005 se valoraba en 13,5 millones de € de los poco menos de la mitad lo conformaba el precio del suelo.

Remesal y Salas tenían una opción de compra sobre esos solares y locales que después de resultar la opción elegida por el anterior Alcalde vende a UFC que es la que finalmente paga las cantidades a los propietarios. Solares y locales que ahora se estiman por el PP muy sobrevalorados. Lo que estamos conociendo estos días de casos de corrupción urbanística, nos viene a enseñar que cuando hay sobrevaloraciones de suelo o de inmuebles suele haber pago de comisiones. Por eso debería de investigar esta operación tanto la Fiscalía como la Agencia Tributaria.

Es de destacar también la cantidad que pide UFC al mes, y desde noviembre de 2008, por daños y perjuicios: 33.000 €. Los pleitos no se saben como acaban, pero si acaba mal para el Ayuntamiento, y ante el retraso que llevamos en todo este asunto, llevamos acumulados ya 760.000 €, que sumados a la cuantía principal que nos reclama UFC en su demanda de noviembre de 2008 por 1382.000, nos lleva a la cifra acumulada que nos solicitan de más de 2 millones de €.

25 de octubre de 2009
ECONOMÍA
La propuesta del concejal de economía debe servir para anular el contrato del edificio municipal y para llevar el asunto a la fiscalía

La propuesta del Concejal de Economía de 20 de octubre de 2009 debe servir de base para anular el contrato “PRIVADO” de UFC y el Sr. Macías para Alquiler de Oficinas Municipales con opción de compra, y para llevar el caso a la FISCALÍA.

1. Se dice en la propuesta que la empresa UFC “conocía las irregularidades invalidantes del acuerdo plenario de 2 de febrero de 2006, y pese a todo firma el contrato apartándose de los canales adecuados para su firma, es decir, ante la fe pública, siendo irrelevante que fuera ante la fe pública del Secretario del Ayuntamiento, que ya había advertido de a ilegalidad de esta firma, y que la empresa conocía, como mediante la fe pública notarial. Se insiste, se firma, privadamente y se protocoliza posteriormente con apariencia indiciaria de eludir los controles jurídicos que todos los negocios jurídicos deben seguir y también éste, que sólo por su cuantía implicaba estas cautelas”.

Comentario: es verdad que UFC conocía que estaba firmando un contrato ilegal como dice el Concejal de Economía, pero ¿y el Sr. Macías? ¿Si se afirma que la empresa conocía las irregularidades, no las conocería más y mejor el Sr. Macías? Sólo tiene un nombre PREVARICACIÓN. Firmó un contrato “privado” según pone de manifiesto la propuesta del Concejal de Economía, un informe del Secretario del Ayuntamiento de 24 de septiembre de 2009 y un Informe del Interventor Municipal de agosto de 2008, sin supervisión legal del Secretario (que había advertido de su ilegalidad) ni de un notario que pudiera comprobar su base legal, es decir, que lo que se firmaba por el Sr. Macías estaba respaldado por el Pleno del Ayuntamiento y no una cosa distinta, como así fue.

2. Que el contrato sea privado y no público tiene consecuencias procesales al día de hoy en el intento de su anulación por el Pleno. Mientras UFC hace valer sus derechos en el Juzgado de lo Civil el Ayuntamiento lleva 3 años y diez meses mareando la perdiz y de brazos cruzados.

Comentario: UFC llevó el incumplimiento del contrato “privado” firmado con el Sr. Macías en su calidad de Teniente de Alcalde, y con el respaldo del Alcalde Antonio Vázquez, a los Tribunales, en concreto al Juzgado de lo Civil de Zamora. Solicitó 2 millones de indemnización por incumplimiento del contrato además de que se ejecutara el contenido de ese contrato de forma inmediata.
El Ayuntamiento realizó, según dice el Concejal de Economía, una demanda de reconvención, es decir, solicitaba que el asunto se dilucidara no en lo Civil, sino en el Contencioso. El Ayuntamiento al día de hoy ha perdido esa demanda y el caso sigue en lo civil. El caso pesa como una losa sobre los intereses municipales. El Juzgado de lo Civil puede resolver antes de que el Pleno con la “declaración de lesividad” intente reconducir a lo contencioso el asunto. De momento UFC gana por goleada ya que hace valer la firma de un contrato privado

3. El 16 de enero de 2010 prescribe toda acción que pueda emprender el Ayuntamiento de Zamora para anular el contrato y el proceso de adjudicación. Es decir, sólo nos quedan dos meses y medio después de haber perdido 3 años y 10 meses sin que el Ayuntamiento de pasos en la línea de anular la pesada losa económica de una operación económica descabellada y sospechosa.

Comentario: La inutilidad del actual Equipo de Gobierno es patente. La propuesta de dictamen es que el Pleno incoe expediente de anulabilidad del procedimiento y que “se soliciten los informes referidos por el Secretario del Ayuntamiento en su informe de 29 de enero de 2007”. Es decir, nos retrotraemos políticamente a esa fecha. La pérdida de tiempo puede traer consecuencias nefastas para los intereses del Ayuntamiento

4. El contrato “privado”, sin cobertura legal alguna, firmado por UFC y el Sr. Macías el 6 de marzo de 2007, dice la propuesta que no concordaba con lo acordado por el Pleno el 2 de febrero de 2006. En concreto se dice en la propuesta que no concordaba en el pago del IVA (1.600.000 €) que el Pleno y el Pliego de Condiciones decía que era a cargo de UFC y el Sr. Macías firmó que lo pagaría el Ayuntamiento, así como lo referente a los gastos de calefacción, seguridad y exclusión no motivada de los solares de C/ La Reina 6 y 8.

Comentario: Podían estar en juego unos 3 millones de € que el Sr. Macías inclinó a favor de UFC. A ello hay que añadir lo que IU denunció en su día sobre el “cambiazo” de una hoja del Pliego de Condiciones y que no ha sido investigado, pero que los técnicos conocen. Se cambió la hoja que establecía la subida anual de la renta a pagar; en el primer Pliego (que IU conserva) se establecía el 2,5 % y en que se llevó a Pleno figura el 5 %. Llevado a una renta de casi 900.000 € al año y durante 25 años, estamos hablando de varios millones de € de diferencia. Hay que tener en cuenta que estamos en IPC negativo en estos momentos y que el Sr. Macías firmó el 5 %

5. El caso afecta al propio Partido Popular. No sólo porque uno de los que apoyó la firma es el Presidente del PP y concejal del Ayuntamiento de Zamora, y que además el Sr. Vázquez, actual diputado fue el impulsor de la operación y quien delegó la firma del contrato en el Sr. Macías, sino porque propietario de la firma UFC -Sr. Ulibarri- está imputado en la trama Gürtel y eso hace sospechar aún más que esta operación fue un montaje de corrupción del Partido Popular.

Comentario: una operación tan escandalosa como la del Edificio Municipal, sobrevalorada desde un principio, en la que se intentó de forma fraudulenta un trasvase de dinero ilegal desde el Ayuntamiento a UFC, con un contrato firmado de forma ilegal a juicio de los técnicos y según la propia propuesta del Concejal de Economía, debe ser investigada hasta sus últimas consecuencias. El Ayuntamiento debe intentar anular el contrato firmado por el PP y UFC, pero también debe a nuestro juicio trasladar los hechos a la FISCALÍA para que se investigue toda la operación

25 de septiembre de 2009
CONTRATOS
La incompetencia de la alcaldesa pone en peligro la anulación definitiva del contrato del edificio municipal

Dentro de 4 meses la acción prescribe. Izquierda Unida está dispuesta a llevar el caso al fiscal

Han pasado dos meses y medio desde que el Consejo Consultivo dijo que el camino emprendido por el Ayuntamiento para anular el contrato del Nuevo Edificio Municipal (nulidad del contrato) no era el correcto. Mañana, viernes, se ha convocado Comisión de Economía y no aparece en el orden del día el dictamen para emprender el camino de la anulabilidad del contrato. Parece que se pasará otro mes sin hacer nada.

Hay que recordarle a la Alcaldesa que estamos a 4 meses de que definitivamente la intención del Ayuntamiento de anular el contrato leonino con UFC caduque y nos lo tengamos que tragar con patatas. Lo dice la Ley: cualquier acción para intentar anular un acto administrativo que tenga derechos sobre terceros caduca a los 4 años; en otras palabras el 2 de febrero de 2010 todo se habrá perdido definitivamente ya que se cumplirán 4 años desde que el Pleno del Ayuntamiento acordó adjudicar a UFC la construcción del Nuevo Edificio de Oficinas Municipales.

Han pasado 3 años y ocho meses y estamos como al principio. El Pleno decide anular y la Alcaldía no sabe gestionar adecuadamente esa decisión. Cabe preguntarse si realmente la Alcaldesa quiere anular el contrato o sólo quiere dar largas al asunto. A juicio de IU es imprescindible y urgente que se inicie el camino de la anulabilidad, declarando el Pleno la lesividad del contrato, es decir, el Pleno tiene que votar que realmente lo que
pretendía Antonio Vázquez y Macías era perjudicial para los intereses económicos del Ayuntamiento. Eso es lo que dice la Ley, aunque naturalmente el PP ha tratado a toda costa de evitar esa declaración de lesividad.

No sólo es lesivo económicamente para el Ayuntamiento, sino que debería de estudiarse desde el punto de vista penal el acto de la firma del contrato ya que:

- Un informe técnico decía en abril de 2008 que el IVA del precio del contrato era a cargo de la empresa, aunque finalmente el Sr. Macías contraviniendo todos los informes endosó en el contrato firmado ese IVA al Ayuntamiento (1.600.000 €).

- Otro informe de mayo de 2008, al cual no se le ha dado la importancia que merecía, decía: “el contrato privado firmado entre D. Ángel Macías Salvador y la empresa UFC incurría en vicios de nulidad absoluta por haber sido firmado por órgano manifiestamente incompetente al no ejecutar el acto acordado por el Pleno sino un
acto posterior de renegociación de términos que llega a excluir inmuebles ofertados de los finalmente contratados, sin alteración del precio, no documentado en acuerdo plenario, y no subsanable por la protocolización ante fedatario público…”

Del último informe hay que entresacar dos ideas: se trata de un contrato privado firmado el 6 de marzo de 2007 por un Teniente de Alcalde y una empresa fuera de la Notaría, tal y como se pone de manifiesto en el acta que redacta el Notario, que sólo se limita a elevarlo a público dando fe de lo que dos personas firman.

Sin embargo el Decreto de 5 de marzo de 2007 que autoriza a D. Ángel Macías a la firma del contrato sustituyendo al Alcalde (que logra escurrirse de la firma) dice que “se delega la firma del contrato para que sea efectuada ante el notario de la plaza D. Juan Francisco J…”. Es decir el Decreto obliga a firmar ante el Notario ya que el Secretario del Ayuntamiento se negó en redondo. Firmar ante Notario un contrato público parece que es legal ya que está obligado a velar por la LEGALIDAD de lo que se firma. En este caso no se firmó ante Notario, sino que se llevó el contrato ya firmado al Notario, por lo que no tuvo que ver si lo que se firmaba era legal, o por decirlo de otra manera si era conforme al acuerdo del pleno de adjudicación, sino que simplemente se limitó a acreditar que uno representaba al Ayuntamiento y otro representaba a la empresa. Una triquiñuela que puede tener consecuencias penales

El Sr. Macías se EXTRALIMITÓ en la función que tenía expresamente delegada con la connivencia del Alcalde Vázquez. ¿Por qué? La pregunta clave es por qué no firmó delante del Notario. ¿No sería porque sabía que el contrato era totalmente ilegal y los técnicos lo advertían, y de esa forma pretendía que en la notaría no se revisara su contenido?

Si el Notario hubiera velado por la legalidad del contrato debería de haber leído los informes que le acompañaban: el IVA endosado al Ayuntamiento (1.600.000 €) era una estafa, se modificó la oferta con posterioridad al acuerdo de adjudicación por el Pleno, la oferta estaba sobrevalorada en un 30 %... etc. es decir, no se habría firmado.

El Sr. Macías y el diputado Vázquez pueden tener una responsabilidad penal al firmar un contrato fuera de la notaría no estando autorizado para ello. El informe al que aludimos dice que es un CONTRATO PRIVADO entre partes que se eleva a público, En realidad debería haber sido un contrato público que se hace en presencia de notario.

Llegados a este punto en el que faltan 4 meses para la caducidad de la posibilidad de anulación del contrato, IU anuncia que si la Alcaldesa no obra con rapidez y demuestra que quiere ejecutar el acuerdo de anulación que en su día hizo el Pleno llevará el asunto al FISCAL para que investigue la responsabilidad penal del Sr. Macías y del Sr. Vázquez, y subsidiariamente de todos los puedan estar colaborando para impedir la anulación del contrato.

En todo caso hay que recordar que la empresa UFC nos demanda en los Juzgados unos 300 millones de ptas. de indemnización por daños perjuicios. Lo está haciendo bien para sus intereses. Tal vez, incluso anulando el contrato, haya que pagarle una cantidad que se puede acercar a esa cifra. Y todo por firmar un contrato antes de las elecciones de mayo de 2007. Cualquier indemnización sólo tendrá un responsable político: el PARTIDO POPULAR que es quien debería pagar, o subsidiariamente el Sr. Macías y el Sr. Vázquez.

5 de agosto de 2009
INOPERANCIA MUNICIPAL
El Consultivo vuelve a dar un tercer varapalo al ayuntamiento con el contrato del nuevo edificio municipal

No hubo irregularidades administrativas, hubo una pretensión de pelotazo económico

El Consejo Consultivo ha dado un tercer varapalo al Ayuntamiento no aceptando la NULIDAD RADICAL del contrato del Nuevo Edificio Municipal. La conclusión del Consultivo es la siguiente:

"NO PROCEDE DECLARAR LA NULIDAD DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN NI DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN DE COMPRA DE UN EDIFICIO A COSNTRUIR SOBRE LOS SOLARES Y LOCALES SITOS EN LA CALLE RAMÓN ÁLVAREZ Nº 3,5 Y 7, Y CALLE LA REINA Nº 6,8,12 Y 14, PARA SU UTILIZACIÓN COMO OFICINAS Y SERVICIOS MUNICIPALES CENTRALIZADOS; ELLO SIN PERJUICIO DE QUE, COMO SE EXPONE EN EL CUERPO DEL DICTAMEN, EL AYUNTAMIENTO PUEDA INSTAR, EN SU CASO, LA ANULACIÓN DE AQUEL ACTO O DEL CONTRATO ANTE LOS TRIBUNALES COMPETENTES"

Como se recordará el Consultivo todavía no había entrado al fondo del asunto al considerar que había caducado el expediente que había hecho el Ayuntamiento. Así lo hizo en dos ocasiones, y ahora, cuando el Ayuntamiento había rehecho otra vez el expediente y lo había mandado armado, desde el punto de vista administrativo, al Consultivo, nos lo devuelve en forma de mazazo al Ayuntamiento afirmando que el camino emprendido, el de pretender la nulidad radical del contrato, no es el correcto.

Llevamos dos años pretendiendo anular un contrato con UFC completamente ruinoso para el Ayuntamiento y lo único que ha logrado la Alcaldesa es una demanda de la empresa contra el Ayuntamiento pidiéndonos daños y perjuicios; es decir un fracaso político total que puede salirnos muy caro si no reaccionamos por el camino correcto.

   Recordamos que había dos caminos para pretender anular el contrato: una era la nulidad radical (la que pretendía el Equipo de Gobierno y parte de la Oposición) basada en defectos de forma graves y que venían a justificarse en que el contrato firmado con UFC no coincidía con el Pliego de Condiciones en algunos aspectos y, en consecuencia, el contrato era nulo de pleno derecho por cuestiones meramente formales. La otra era la que votó IU (propuesta por otros funcionarios municipales) y no prosperó: conseguir la anulación del contrato conforme al art. 63 de la Ley de Procedimiento Administrativo que regula la anulabilidad de los actos administrativos.

La anulabilidad del contrato no se basa en meras irregularidades (graves) administrativas, sino que se pretende directamente en los Tribunales previa declaración de lesividad del acto que se pretende anular. La diferencia es sustancial ya que la nulidad de pleno derecho se basa en irregularidades administrativas graves, que en este caso se las endosaban a los funcionarios, y la anulabilidad se basa (en el caso de la compra del edificio) en criterios puramente económicos con la "declaración de lesividad"

La declaración de lesividad que necesariamente ahora hay que llevar a Pleno para su votación, viene a decir que la operación económica que se pretendía, la compra de un edificio municipal, era una operación dañina y ruinosa para las arcas municipales, y en consecuencia, declarada la lesividad del contrato por el pleno, se pretende su anulación directamente en los Tribunales de Justicia por esos motivos. La cuestión, pues, no es lo administrativo, como quería el PP, sino lo económico y político, como quería IU. Eso es lo que viene a decir el Consultivo

Hemos perdido dos años por la estupidez política de la Alcaldesa y de su Equipo de Gobierno. Tenemos que volver a empezar con todo el proceso por el camino correcto: no era una cuestión que hubieran hecho mal los funcionarios, sino que era una operación económica y política no oportuna y contraria al interés general. Ahora no le quedará mas remedio a la Alcaldesa y a su Equipo que enmendar la plana a Vázquez y decir públicamente que las cosas se hicieron mal pretendiendo la compra megalómana de un edificio por 52 millones.

Es imprescindible que la Alcaldesa empiece los trámites, que prepare bien el expediente en los días de agosto, que se convoque un pleno el 1 de septiembre para votar la declaración de lesividad y que el día 2 acudamos a los Tribunales. Ya está bien de jugar con este asunto. La situación del Ayuntamiento es de ruina económica total. La compra del edificio nunca hubiera llevado a buen puerto. De momento la que gana es la empresa con su demanda

Y todo el Equipo de Gobierno de vacaciones. Ni siquiera podemos pedir ahora la dimisión de la Alcaldesa ya que el asunto es muy urgente y hay que resolverlo en agosto. Pero con el comienzo del curso político la Alcaldesa debería reflexionar sobre su continuidad. Casi es mejor que se vaya a Valladolid

10 de junio de 2009
ECUADOR DEL MANDATO
Izquierda Unida solicitará en Pleno plazos concretos para resolver 19 temas pendientes

Llegados al ecuador de la Corporación, tras dos años de actividad del nuevo Equipo de Gobierno, nos encontramos con una ciudad sumida en la perplejidad y el caos.

Urbanismo y economía

La última sentencia condenatoria para el Ayuntamiento sobre el PGOU colma el vaso de la incompetencia, y se une a una situación económica en la que no queda más remedio que reconocer un déficit en las cuentas que se había solapado en los años anteriores, y la necesidad de un Plan de Saneamiento Económico, a menos de un mes de aprobación del Presupuesto para este año 2009, cuya inversión se basa en gran medida en la venta de suelo público y en una situación de crisis de la construcción

Nuevo Edificio Municipal

El Consejo Consultivo ha rechazado emitir informe sobre la nulidad de la compra de terrenos y locales para el nuevo edificio municipal, algo que también ha sido recurrido por la empresa que se considera perjudicada.

Falta de compromiso con las obras públicas

La sensación de paralización no sólo es debida a las sentencias judiciales. Sigue sin iniciarse la obra el nuevo puente sobre el Duero; no se pone en funcionamiento la Escuela Infantil Municipal de la margen izquierda; la obra de Baltasar Lobo y el legado de León Felipe siguen almacenados; no hay dinero para mantener abiertos todo el año el Centro de Interpretación Medieval ni las Aceñas de Olivares (las de Cabañales siguen cerradas desde hace años)…

El funcionamiento por la inercia del aparato administrativo es lo único que parece mantenerse en el Ayuntamiento, si bien la inseguridad de las sentencias y las acusaciones de responsabilidad más o menos veladas a los funcionarios va haciendo mella en él.

Utilización propagandista del Fondo Estatal

El Fondo Estatal de Inversiones, acordado por consenso dentro del escaso margen que permitía por la exigencia de los plazos, ha servido para dar una imagen de actividad municipal que ha sido manipulada por la Alcaldesa con su puesta de casco, para aparentar que hace algo cuando el dinero no proviene del esfuerzo municipal.

El intento de echar balones fuera contra la oposición, a la que nos ha acusado de obstruccionista, ya no se sostiene racionalmente, y sobre todo no es creíble.

Debate público con la Oposición y compromisos de plazos que debemos reclamar ante la parálisis municipal.

La paralización, falta de control, desorientación e improvisación ha llegado a tal extremo, que desde el Grupo Municipal de IU consideramos que se puede perjudicar seriamente a la ciudadanía. De ahí que estemos dispuestos a promover un debate a corazón abierto sobre el “Estado de la Ciudad”, entendiendo por tal no tanto una exigencia de responsabilidades POLÍTICAS (que EN ESTE MOMENTO estaría en segundo plano), sino una INFORMACIÓN SERIA DE LA SITUACIÓN Y VIABILIDAD DE LOS PROYECTOS MÁS IMPORTANTES PARA LA CIUDAD DE ZAMORA.

Es además una exigencia CIUDADANA: los zamoranos y zamoranas se merecen una información veraz, documentada y contrastada de la situación de la ciudad. Y eso es lo que exigimos desde el Grupo Municipal de IU, haciéndonos eco de las personas que nos exigen seriedad en el tratamiento de los asuntos políticos, en lugar de cruces de acusaciones infundadas entre Grupos.

Por ello, El Grupo Municipal de IU solicitará que se convoque un PLENO EXTRAORDINARIO PARA QUE SE INFORME Y DEBATA Y SE CONCRETEN PLAZOS Y TRAMITACIÓN SOBRE EL ESTADO DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS:

1. Situación del estado actual del PGOU en exposición pública. Hoja de ruta clara y precisa del camino a seguir, con los avales de los servicios técnicos del Ayuntamiento y de la Junta que evite en el futuro cualquier resquicio de recursos y anulaciones de lo que pueda acordarse.

2. Perspectivas de los futuros Museos de Zamora: Baltasar Lobo y León Felipe, hoy inexistentes. Iniciativas, acciones y propuestas del Equipo de Gobierno para que sean una realidad antes de acabar la Corporación.

3. Nuevo Edificio Municipal. Estado actual de la tramitación de la anulación del contrato desde el inicio del presente mandato, y dos veces revolcado por el Consejo Consultivo mientras existe una demanda por la empresa UFC contra el Ayuntamiento y reclamación millonaria.

4. Centro de Congresos, obra paralizada por situación financiera de la empresa, pero también puesta en entredicho por el Interventor Municipal en la última Junta de Gobierno al afirmar que el último Convenio firmado con la Junta es nulo de pleno derecho al haber sido alterado el cuadro financiero por la JGL y no por el Pleno, y al estar la financiación municipal de 2009 como “no disponible” al estar vinculada a la venta de suelo que todavía no se ha hecho efectiva.

5. Nuevo Puente de Zamora sobre el que se dice que está pendiente de licitación, pero sobre el que no se ve ninguna materialización práctica. Deben detallarse plazos concretos de la obra.

6. Plan de Saneamiento a un mes de aprobación del Presupuesto y con un déficit de 3,2 millones que seguirá manteniéndose en los próximos años según los informes. Nada se sabe de él salvo la prevista subida de impuestos después de que asistamos a derroches presupuestarios. Ejemplo: Concejalía de Turismo. Lo que sí sabemos es que se dan de baja 12 millones en la contabilidad por prescripción, mientras sigue sin cobrarse el IVA y el Impuesto de Construcciones de los pisos de La Vaguada.

7. A fecha de hoy, y después de 2 meses de su adjudicación, tenemos gastada la Operación de Tesorería de 13 millones. ¿Cómo vamos a seguir pagando a los proveedores? Esencialmente por el adelanto de fondos de obras europeas algunas de las cuales están en entredicho.

8 .El 30 de junio acaban los plazos para justificar todas las obras de fondos europeos. Debe darse una exposición clara de los fondos que faltan por justificar, estado de las obras, y posible pérdida de partidas concretas. Valorio lo hemos perdido; Entorno del Mercado va con mucho retraso; ¡San Torcuato no lo hemos recibido!; Baltasar Lobo no es un Museo, sino un “espacio museístico”.

9. Funcionamiento de Las Aceñas. Las de Cabañales cerradas y las de Olivares de nuevo abiertas hace un mes después de una larga etapa cerradas al público. Se necesita un proyecto claro de apertura y mantenimiento de estos Centros. Se advierte en los informes que el mantenimiento de estos centros más el Centro Medieval más el Palacio de Congresos no está garantizado.

10. Escuelas Infantiles. Terminada la del Alejandro Casona hace seis meses continua sin aprobarse un pliego para contratación (IU es partidaria de la gestión directa). Es bochornoso que haya Centros de Educación terminados y no abiertos al público. Queremos plazos concretos para su apertura.

11 .Ordenanza de Convivencia. El primero en aplicársela debe ser el Concejal de la Policía para sancionarse a sí mismo. El PP debe aclarar su posición concreta en cuanto a la aceptación de enmiendas de la Oposición.

12. Contratos de Servicios Sociales. Está prorrogado de forma totalmente ilegal, pero por imperativo legal al ser un servicio social esencial, la Teleasistencia. La Ayuda a Domicilio también está prorrogada de forma absolutamente artificial al ser un servicio que cuesta 1.200.000 € cuando en el contrato sólo figuran 600.000 €.

13 .Servicio de Autobuses. El contrato finaliza este mes después de 50 años. Y no tenemos ni Pliego de Condiciones para la nueva adjudicación después de que el Interventor Municipal dijera que el servicio “era un cáncer para la economía municipal”.

14. Regularización del contrato de basuras. Se han realizado ampliaciones que sobrepasan lo estipulado en la Ley y mantiene congelada la nueva ampliación (aunque se paga como servicios extraordinarios) una ampliación de 500.000 €.

15. 2ª Fase del Proyecto del Matadero. Debe detallarse las iniciativas municipales para exigir a la Junta su materialización tal y como acordó el Pleno. Queremos fechas concretas para la Ampliación del Centro de Adultos.

16. Centro Cívico. El Pleno aprobó la idea de construcción y el Equipo de Gobierno está obligado a realizar un planteamiento de plazos.

17. Se aprobó en Pleno hacer una Ordenanza de Instalación de Antenas (actualmente en vía muerta) y de ITV de edificios Antiguos que afecta a muchos zamoranos y que no se ha constituido. Queremos plazos concretos. Mientras tanto hacemos ordenanzas ajenas a la ciudadanía, como la de Protocolo.

18. Política de dejación de funciones en cuanto al control de obra en suelo municipal. Queremos un calendario para los 250 pisos protegidos en Cardenal Cisneros que no han empezado cuando tenían que estar acabados, la Residencia de Ancianos en Benedictinas y el Centro de Ocio que también deberían de estar terminados. Todo es un erial de abandono.

Mientras se arrastran los problemas anteriores, en lo único que destaca el Equipo de Gobierno es en el ataque al Grupo de IU con Querella Criminal, no admitida a trámite con auto de varapalo judicial para la Alcaldesa, y agresiones verbales injustificadas y salidas de tono del Concejal que debe mantener la seguridad en las calles

19. El Área de Rehabilitación Integral de los Bloques, el ARI, proyecto de más de 6 millones de € y sobre el que no se gastó lo previsto en el 2008; en el 2009, y por el camino que lleva el Equipo de Gobierno tampoco se hará nada. Necesitamos saber todos los ciudadanios y los Grupo de Oposición cómo está su tramitación al día de hoy y los compromisos para gastar todo el dinero en el final del plazo previsto (2011)

30 de abril de 2009
EDIFICIO MUNICIPAL
El Ayuntamiento debe cortar por lo sano en el tema del contrato para el nuevo edificio municipal

Es la segunda vez que el Consejo Consultivo considera caducada la petición de informe sobre el contrato del Nuevo Edificio Municipal por parte del Ayuntamiento de Zamora

Es la segunda vez que el Consejo Consultivo considera caducada la petición de informe sobre el contrato del Nuevo Edificio Municipal por parte del Ayuntamiento de Zamora. El escrito que ha enviado el Consultivo al Ayuntamiento es tan contundente que debe hacer reflexionar al Equipo de Gobierno. Concluye en su última página que “la caducidad del expediente viene relacionada con que se haya producido una indefensión en el administrado (UFC…”

Y es que previamente en el escrito, de fecha 28 de abril, dice el Consultivo que faltan “LAS CAUSAS MOTIVADORAS DE LA DECLARACIÓN  DE NULIDAD. NO HACERLO ASÍ SUPONE DAR LUGAR A INDEFENSIÓN DEL INTERESADO (UFC), PRIVÁNDOLE DEL DERECHO A CONOCER LA CONCRETA CAUSA DE NULIDAD INCOADA POR EL AYUNTAMIENTO PARA FORMULAR LA ALEGACIONES QUE ESTIME OPORTUNAS”. Considera El Consultivo que el Ayuntamiento debería de haber hecho ”un mayor esfuerzo motivador, ya que se observa que la motivación que contiene carece de solidez”.

Muy grave nos parece lo que está sucediendo en este asunto en el que el Consultivo considera que el Ayuntamiento tiene una actitud “CONTUMAZ” y que “no se están cumpliendo algunos requisitos del procedimiento para formular la consulta”. El Ayuntamiento queda a la altura del betún, y esta resolución, que viene a declarar la indefensión de UFC, da alas a la empresa para su reclamación económica ante el Juzgado. ¿Realmente la Alcaldesa y su Equipo de Gobierno quieren dar al traste con este contrato?

Comenzamos a dudarlo, puesto que llevamos dos años queriendo (los Grupos de la Oposición) anular el contrato y sólo hemos conseguido reforzar la posición de reclamación de UFC. No podemos ante esta dejación del PP, sino preguntarnos si no estará de esta manera favoreciendo indirectamente a una empresa del Sr. Ulibarri vinculado a los presuntos casos de corrupción del PP en Madrid.

El Grupo de IU entiende que hay que cortar por lo sano y llevar el caso directamente al Juzgado. Como se recordará había dos vías iniciales para hacerlo.

Una (la que salió adelante con los votos de PP y PSOE) era la de la “nulidad de pleno derecho”, que se basó sólo en el dato de que el contrato firmado en marzo de 2008 no coincidía plenamente con el pliego de condiciones, con informe preceptivo del Consejo Consultivo y con derivación posterior al Juzgado.

La otra (la que en solitario propuso el Grupo de IU) era la “anulabilidad” del contrato, que debería basarse tal y como decían los informes del Servicio de Hacienda que la operación era ruinosa para el Ayuntamiento, declarando el Pleno, en consecuencia, “la lesividad” del contrato llevándolo directamente el Ayuntamiento al Juzgado.

Con la última opción quizás hasta tuviéramos ya Sentencia. El problema que tiene la Alcaldesa es que si el Pleno declara “lesivo” el contrato se aceptará simplemente que la operación era negativa para los intereses de la ciudad, que es enmendarle la plana a la operación de Vázquez y Macías. Ir por la vía de las “meras irregularidades en el contrato” es un error, ya que el Consultivo puede informar (si continuamos por esa vía) que las irregularidades son subsanables y, en consecuencia, nos metería de hoz y coz otra vez en el contrato para hacer el Nuevo Edificio Municipal. Da la impresión que es lo que quiere la Alcaldesa y confirma  el Consultivo al decirle “que falta motivación” y no se especifican “las causas” por las que se quiere llegar a la “nulidad del contrato”

En suma IU apuesta por llevarlo ya al Juzgado previa declaración de lesividad por el Pleno de ese contrato; en suma declarar que la operación no era equilibrada para el Ayuntamiento y que se sobrevaloró con claro beneficio para una empresa –UFC-. Es el camino más corto, y el que políticamente deja las cosas más claras

25 de febrero de 2009
COMPRA DEL EDIFICIO MUNICIPAL
Izquierda Unida propondra que el acuerdo de compra se declare lesivo para los intereses económicos de la ciudad y su anulación se lleve a los juzgados

Ocho meses después de que el Pleno acordara iniciar los trámites de anulación del acuerdo de la compra del edificio municipal a UFC, el asusnto sigue sin avanzar nada.

La anulación volverá a llevarse otra vez al Pleno del día 27 de febrero. Da la impresión que el Equipo de Gobierno está enrrollado en su propia madeja.

El 6 de julio de 2008 el Pleno acordó proceder a la anulación del Acuerdo de Vázquez de la compra del Nuevo Edificio Municipal al Sr. José Luís Ulibarri, ahora imputado por el Juez Garzón. Han pasado 8 meses y no se ha avanzado nada. El Informe preceptivo del Consejo Consultivo no se ha confeccionado ya que por dos veces le ha dicho al Equipo de Gobierno que se ha pedido fuera del plazo establecido. El Consejo Consultivo dice (19 de noviembre de 2008) por escrito que el Acuerdo del Pleno de Anulación de la Compra está caducado en cuanto a los efectos de pedir el Informe del Consejo Consultivo. El Ayuntamiento recurrió (2 de diciembre de 2009) y también le han vuelto a dar calabazas.

El Grupo de IU reclama al Equipo de Gobierno que las cosas se hagan bien, y no chapuceramente, y que se proceda al inicio de acciones de anulación de una operación multimillonaria. Ocho meses perdidos, y mientras tanto el Grupo del imputado por el Juez Garzón, el Sr. Ulibarri, va teniendo la sartén por el mago al haber iniciado acciones judiciales contra el Ayuntamiento de Zamora por incumplimiento de contrato y reclamarle daños y perjuicios, o lo que es lo mismo que el Ayuntamiento le recompre las parcelas que iban destinadas a la construcción del edificio (6 millones de €). Parece mentira que el Ayuntamiento no haya dado ni un paso por el buen camino y UFC imponga de momento sus demandas.

El Secretario del Ayuntamiento en Informe realizado para el Pleno del 27 de febrero da tres soluciones para que este asunto se desbloquee:

1. Recurrir en el contencioso el acuerdo del Consejo Consultivo que no hace el Informe preceptivo por estar (dice) los plazos caducados.

2. Que se reinicien los pasos dictaminando el pleno otra vez que el acuerdo era nulo de pleno derecho y vuelta a empezar, con lo que, y a juicio de concejales del Equipo de Gobierno (así se dice en el Informe) la mercantil UFC ganaría posiciones en la demanda contra el Ayuntamiento, ya que tendría una demanda por incumplimiento de contrato antes de que el Pleno acordara la nulidad del acto.

3. Cambiar a la posición que recomendó la Secretaría General desde un primer momento y declarar el acto “anulable” llevándolo directamente al Juzgado de lo Contencioso- Administrativo. En este último caso el Pleno sólo debería acordar que el Acuerdo de Compra del Ayuntamiento es “lesivo” para los intereses de la ciudad.

IU se inclina por esta posición ahora y antes (de hecho nos abstuvimos en la votación de julio de 2008). Para nuestro Grupo la DECLARACIÓN DE LESIVIDAD, es decir, que el acuerdo era económicamente negativo para los intereses generales de los zamoranos, tiene dos efectos positivos:

  • El primero que se reconoce que la operación estuvo sobrevalorada al menos en un 30 %. Ello era importante antes, pero más ahora, en que parece que le sale la corrupción al PP por la puerta del Sr. Ulibarri. IU reclama públicamente a la Alcaldesa que solicite a la Agencia Tributaria el resultado de la investigación que se ha llevado sobre esta operación.
  • El segundo que zanjamos de una vez por todas el caso llevándolo desde el Ayuntamiento a la vía de los Juzgados. Hay que tener en cuenta que la otra vía (nulidad de pleno derecho, e Informe del Consultivo) acabará también en los Juzgados por parte de UFC. Pues cuanto antes mejor.

¿Acaso no es vergonzoso para la Alcaldesa volver a llevar este asunto, la compra del Nuevo Edificio, el de contenido económico más alto en la historia de la ciudad, a Pleno nuevamente? ¿No es el Ayuntamiento el hazmerreír de todos? ¿Quiere realmente la Alcaldesa anular este acuerdo o sólo dar largas? ¿Cómo es posible que no se haya avanzado nada en la anulación del acto por haber hecho mal los papeles?

La Alcaldesa siempre ha huido de la vía de la ANULABILIDAD del acuerdo. Algunos pensaban al principio que era la línea más floja. Pero era todo lo contrario. IU apostó por esa línea ya que era la que venía a decir con la “declaración de lesividad” acordada por el Pleno, que la compra era ruinosa para la los zamoranos y que la operación estaba sobrevalorada. Era la opción que rechazaba políticamente la operación, es decir, que la nueva Corporación le decía a la anterior que se había equivocado.

La otra opción, ahora completamente fracasada, la que declaraba el acto nulo de pleno derecho, con el Informe preceptivo del Consejo Consultivo, venía a decir que el expediente se confeccionó mal y por eso era nulo; es decir, le echaba las culpas a los funcionarios y salvaba la papeleta política de Vázquez. Algunos Grupos cayeron en la trampa. Ahora los Grupos de la Oposición podemos reconducir de una vez por todas en el Pleno del día 27 la situación y mandar el caso directamente a los Juzgados declarando previamente que es lesivo para la ciudad.